ZONA DE SOSPECHAS


VOXPRESS.CL.- Los iquiqueños la llaman Zona de Sacrificio, ya que es el mejor resumen para describir el calvario que vive la Segunda Región con una genuina invasión de inmigrantes ilegales, que utilizan esa tierra y sus espacios públicos de plataforma de despegue para continuar su clandestino camino hacia otros lugares del país.

De un irrefrenable desplazamiento mundial de personas y de un necesario espíritu humanitario para amortiguarlo, se ha hablado en los últimos cincuenta años y, con mayor énfasis, se debate acerca de una migración ilegal que ha llegado, en el caso de Chile, a puntos tan críticos como insolutos.

Hoy es la larga franja desértica que abarca desde el Mar de Prat hasta el poblado limítrofe de Colchane, el espacio por el cual, como Pedro por su casa, se desplazan los ilegales que, a un promedio de 150 por día, ingresan sin documento al país para, de inmediato, auto denunciarse y poder ser llevados a albergues sanitarios.

Después de ello, se instalan en plazas, calles y playa a la espera de la nada, porque por su indocumentación y pobreza, no tienen más destino que la nada. Los habitantes de la ciudad puerto y de otras de la Región tratan, estérilmente, de convivir con desechos, fecas, ruidos molestos y malos olores.

Independiente de la sostenida campaña de la oposición, de entidades de “la organización civil” que perciben ayuda fiscal para enriquecerse con su “solidaridad”, y todo ello más la resonancia que casi diariamente le dan los comprometidos medios de comunicación, la situación en Iquique ha llegado a tal gravedad, que son muchas las interrogantes y sospechas que afloran en torno al problema. Por alguna razón de complicidad, las responsabilidades se ocultan, se callan o se omiten. Son de varios tipos.

En lo diplomático, el Gobierno insiste erróneamente en utilizar una vía que no apunta al tipo de inmigrante: la visa humanitaria exigida en los Consulados. Dicho documento es válido, y, por ende, poco utilizado, por extranjeros con antecedentes formales que solicitan permisos de diferente índole para justificar su ingreso al país.

Los ilegales, en cambio, no pueden ni quieren recurrir a esa herramienta, porque ninguno de ellos cumple con los requisitos mínimos para su otorgamiento. Así, lo que hace Cancillería es una pérdida de tiempo: predicar en el desierto.

Los inmigrantes ilegales, en su mayoría, provienen de Venezuela, y sin salvoconducto ni documento que lo avale, para llegar al norte de Chile atraviesan por Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia sin control o fiscalización alguna. No deja de llamar la atención que la diplomacia de esos países les dejen ‘chipe libre’ para tan ilegal travesía por sus territorios.

Los desplazamientos humanos son un problema transversal que ha llevado a la ONU a hacer un llamado al humanitarismo, pero sólo a países débiles, cuyos Mandatarios acusan el golpe de inmediato, como es el caso de Chile. Italia mantiene durante meses fuera de sus límites marítimos a buques repletos de ilegales y la mismísima Canciller alemana comunicó a una chica refugiada durante años que debe abandonar el territorio.

La diplomacia extranjera con sede en Chile se desentiende de la realidad de sus compatriotas que viven hacinados y malolientes en carpas en las veredas enfrente a sus embajadas y consulados. Afirman que el problema no es de ellos, sino de Chile.

En su enfermizo afán protagónico y de sumar simpatías, el Presidente, en varias oportunidades, ofreció recibir a los maltratados por la dictadura chavista, y ahora no se anima a sacárselos de encima, por su evidente miedo a la ONU, a las organizaciones de derechos humanos y a la oposición política interna. Este mismo temor presidencial quedó en dramática evidencia, tras algunos fallos de la Justicia, la que acogió a trámite Recursos de Protección por parte de notificados de órdenes de expulsión.

La PDI había logrado la realización de seis vueltos con un promedio de 80 ilegales por cada uno de ellos, deportados por delincuencia y tráfico de droga. Ante la favorable acogida de los tribunales a la solicitud de organismos “humanitarios”, dichos viajes de retorno se suspendieron.

Se modernizó una única y antigua ley nacional sobre inmigración, pero la oposición de izquierda rechazó el artículo que permitía la expulsión de menores ilegales, por lo que a partir de ello, cualquiera familia que ingrese ilícitamente con un niño no puede ser devuelta a su país. Ello originó que el 70% de quienes violaron la frontera norte lo hacen acompañados incluso de guaguas.

En el caso específico de estas turbas de venezolanos sumidos en la pobreza en su país, no deja de sorprender que hagan una larga y desgastadora travesía desde su país a Chile, siendo que tienen a la mano Colombia y Brasil, a los cuales acceden por pasos en abundancia, lícitos e ilícitos. Se desplazan por toda Sudamérica en buses debidamente financiados ¿por quién? ¿Quién está ideológicamente interesado en reventar socialmente a Chile con esta invasión de cesantes?

Huyen de Venezuela por no tener nada de nada, pero, increíblemente, tienen la capacidad monetaria de financiar un largo traslado internacional que los deja en el límite con Bolivia, para, también pagados, otros los movilicen por el desierto chileno y los dejen en una residencia sanitaria especialmente habilitada.

Igual como ahora, a brazos cruzados los chilenos observaron cómo miles de haitianos llegaban en aviones contratados especialmente. Centenares de ellos, no habiendo hallado el país de las oportunidades, se marcharon a la frontera de México con Estados Unidos, tratando de ingresar a este país. Para esconder su pasajera estada en Chile, botaron la documentación que el Registro Civil les había concedido. Una multitud de venezolanos ilegales que por meses habían hecho de una plaza iquiqueña su residencia, fueron erradicados por la fuerza policial: en respuesta, entonaron el himno nacional de su país. Extraño modo de agradecer el que no los hayan expulsado.

Hace más de un año, en Arica, durante una larga y muy técnica exposición, se le informó al Presidente de la República el único método práctico de impedir el acceso ilegal de inmigrantes por los 180 kilómetros que tiene la frontera de la Segunda Región con Bolivia. Él respondió que la propuesta natural exhibida iba en contra de los convenios de fronteras comunes firmados por Chile.

Ni Chile ni Iquique viven una crisis humanitaria: la única crisis humanitaria la experimentan quienes, conscientemente, ingresan a la mala al país para contribuir con cero. Por su inacción y cobardía, el Gobierno se ha echado sobre sus hombros otro problema político más: los vecinos del puerto que se auto convocaron para protestar, no lo hicieron -a propia confesión- contra los apostados en las calles, sino…contra el Ejecutivo. Quienes incendiaron algunas de sus carpas fueron los mismos vándalos revoltosos del 18/O y que, con la protección de Hugo Gutiérrez, (PC) fueron procesados por los tribunales de la ciudad.

En la práctica, lo que está viviendo el país en su frontera norte no es un fenómeno migratorio, como teóricamente se le define, sino es una auténtica invasión extranjera, y hasta en los más elementales manuales se encuentra la solución a las violaciones de la soberanía. Pero, para aplicarla, hay que atreverse a hacerlo, sin miedo al qué dirán ni mirar el semblante del adversario político.

Mientras el Gobierno no se anime a aplicar lo único aplicable, lo que dicen las leyes y la ultrajada Constitución aún vigente, el Presidente y sus ministros del Interior y de Relaciones, tendrán que limitarse, como siempre, a un sinfín de inexplicables explicaciones dilatantes y que no acercan solución alguna.