VIVA LA IMPUNIDAD
VOXPRESS.CL.- Es digna de asombro la indiferencia de la ciudadanía frente a la hábil escalada del extremismo, el cual, sagazmente y a través de leyes, pretende otorgarle una vía totalmente libre a las acciones subversivas, y ello con la finalidad que todos conocen: un Estado socialista totalitario.
Mientras la población se distrae en cualquier tipo de acontecimiento mundano, en cómo aprovechar sus retiros del 10% desde las AFP’s y en cómo sortear los obstáculos sanitarios para llegar a playas y lagos, la extrema izquierda continúa con su encadenamiento de iniciativas tendientes a que la desobediencia civil le tuerza la mano a todas las autoridades, y a la legislación misma, para que sea la impunidad de los vándalos ideologizados la que termine por imponerse.
Hace poco, el extremismo parlamentario, con la firma de la presidenta del Senado, un ente republicano, presentó un proyecto de indulto para los “luchadores sociales” en prisión preventiva por atentados, saqueos, incendios, daños y destrucciones causados luego del levantamiento del 18/O. Llegó a tal la frivolidad del grupo de legisladores autores de la idea, que en su iniciativa exigen que se deje en libertad, sin cargos, a 800 individuos enjuiciados por “supuestos delitos”, entre ellos, el aniquilamiento del Metro de Santiago.
Jorge Abbott, Fiscal Nacional, un tipo no precisamente afín al oficialismo, calificó de “inmoral” y “agraviante” para el Poder Judicial dicha propuesta y, de paso, desmoronó la mentira de la presidenta del Senado, Adriana Muñoz (PPD), en cuanto al número de “víctimas de la represión”. Ella afirmó que los encarcelados son 800, en cambio el titular del Ministerio Público los fijó en 137.
La diferencia salió a aclararla la vocera de la Corte Suprema, Gloria Chevesich, quien detalló que sólo son 37 los delincuentes políticos que cumplen prisión preventiva. El resto, se trata de carabineros acusados de “abuso de poder” en sus acciones de mantención del orden público.
Como al extremismo se le puso cuesta arriba esta campaña por indultar a estos vándalos revolucionarios, cambió de rumbo su estrategia y, recientemente, presentó un proyecto de ley para derogar tres leyes que –hasta por ahí, no más- tienden a garantizar el orden público y la seguridad de la ciudadanía.
Con las firmas de diputados de Revolución Democrática, Convergencia Social, Comunes, del Partido Comunista, del PPD y del PS, se presentó al Congreso este proyecto para derogar tres leyes actualmente vigentes: la de Seguridad del Estado, la que permite el control preventivo de identidad y la denominada “ley antibarricadas”. Ésta fue aprobada por el Congreso hace sólo un año, en enero de 2020 para frenar el súbito incremento de actos de violencia.
La iniciativa pro impunidad para la delincuencia izquierdista, fue denominada por sus autores como “agenda anti-represiva”. Para que la ciudadanía sepa de quiénes se trata, el proyecto lo firmaron los diputados de RD, Giorgio Jackson, Maite Orsini, Miguel Crispi, Jorge Brito y Catalina Pérez, Claudia Mix (Comunes), Amaro Labra (PC), Daniela Cicardini y Emilia Nuyado (PS), Gonzalo Winter (Convergencia Social), Boris Barrera (PC) y Cristina Girardi (PPD). Sus argumentos para respaldar la iniciativa son de una hipocresía no dimensionable: evitar que estas leyes vigentes sigan siendo utilizadas por el Gobierno “en forma arbitraria y con fines políticos”.
Saben los parlamentarios opositores que ‘la sartén por el mango’ la tienen ellos desde que el Presidente claudicara y les cediera parte de su exclusivo poder, tras el 18/O, y si algo no ha hecho -entiéndase bien, no ha hecho- el Gobierno, es combatir como se debe al terrorismo urbano y rural. Más grave aún, ha coartado el mandato constitucional que tiene Carabineros para asegurar la paz en la convivencia social.
Con un descaro que no se explica en representantes de un Poder del Estado, los firmantes califican de “malestar social” la cadena de fechorías y daños a la propiedad de inocentes cometidos por estos violentistas adiestrados y adoctrinados por ellos mismos. Dicen: “la manera en que el Gobierno de Piñera ha enfrentado el malestar social expresado en las calles, ha dejado de manifiesto la existencia de herramientas penales que sólo han sido utilizadas para neutralizar adversarios políticos”. El fanatismo extremista enceguece, y a tal punto, que hace creer que las medidas precautorias decretadas por los tribunales constituyen un invento político sólo para sus camaradas.
El mismo Parlamento que ellos, como buenos burócratas, integran, fue el que aprobó, y por amplia mayoría, leyes que si bien se promulgaron para reponer una dosis de normalidad perdida, nunca, en la práctica, se han aplicado con la rigurosidad y efectividad requeridas, ello por el temor presidencial, precisamente, a quienes hoy las quieren derogar.
No deja de ser relevante la visión que de la realidad delictual política tiene la izquierda dominante con su Parlamento de facto. Luego de la presentación de este proyecto pro impunidad, el diputado socialista y jefe de la bancada de su partido, Luis Rocafull, afirmó que “yo preferiría que se prioricen los temas que tienen que ver con la seguridad pública, como el narcotráfico; eso sí me quita más el sueño”. Para rematar tan distorsionada visión, la presidenta del Senado se sumó con un comentario muy propio de su cosecha: “es hora de abordar el tema, porque no se pueden seguir asociando desórdenes (?)… vinculados a protestas sociales con la delincuencia”.
En momentos en que toman vuelo centenares de candidaturas destinadas a preservar o enterrar la democracia y sus libertades, es hora -porque no queda mucho tiempo- de que la gente abra los ojos y agudice su audición para darse cuenta, ojalá de una vez por todas, de quiénes son los que promueven una convivencia social contaminada, violenta t ruinosa. Al margen de los precoces lavados de sus cerebros, cuesta creer que continúen por la vida, como si nada, compatriotas a los que les da lo mismo que les destruyan sus barrios, sus casas, sus negocios y no los dejen transitar por las calles por donde quieren.