VIOLENCIA GARANTIZADA


VOXPRESS.CL.- Pasó prácticamente inadvertido, tal como suele ocurrir en el Congreso Nacional con los acuerdos mañosamente aprobados para favorecer planes de la izquierda: una mayoría opositora rechazo dar vida a una modificación legal que obligase a los partidos a condenar y a no patrocinar la violencia.


Dos hechos irrefutables y fácilmente comprobables hacían indispensable que, como lo hace la ciudadanía racional, también los políticos se sumaran al combate a la permanencia del violentismo, el que altera cotidianamente el orden público y la normal convivencia de la población.


No obstante ello, alineados con disciplina, las colectividades opositoras se unieron para impedir que tal propuesta se transformase en ley por considerarla “innecesaria”. Argumentaron que “ello ya está regulado por la Constitución”, de tal modo que “era más de lo mismo” concebir una regla con carácter de cumplimiento obligatorio.


No existe, así de simple, ningún artículo que consigne específicamente que los partidos deban condenar la violencia e incluir formalmente dicha repulsa en sus declaraciones de principio. El pretexto de la izquierda llega a ser de una hipocresía descomunal: es la primera en no respetar lo que manda la Carta Magna, la manipula e ‘interviene’ permanentemente, y respalda con energía y protege con prepotencia a los principales protagonistas de la violencia, que son sus propios seguidores.


Se creía difícil superar la marca violentista del 2011, pero a partir de octubre del 2019 y hasta la fecha, la ciudadanía ha debido convivir con la peor de las violencias, que ha llegado a ser determinante en el deterioro de la economía y en la pérdida de centenares de fuentes de trabajo.


La moción presentada a la Cámara –con el diputado Issa Kort como uno de sus impulsores- era, precisamente, que los partidos que alardean y vociferan el apego y respeto a la democracia, plasmasen en hechos sus palabras. El proyecto tenía como finalidad que los partidos renunciaran expresamente al “uso, propugnación o incitación a la violencia en cualquiera de sus formas como método de acción política” y que, además, lo incluyeran en sus declaraciones de principios.


Tan clara descripción de lo que está sucediendo en innumerables zonas urbanas y rurales del país, no fue considerada por –como se dijo- “innecesaria”, e increíblemente, la oposición izquierdista consideró que era “ineficaz” por no establecer sanciones…, una excusa similar a la del diablo vendiendo cruces.


Con 76 votos a favor, 34 en contra y 11 abstenciones, la iniciativa no alcanzó el quórum requerido de 89 preferencias para modificar la Ley Orgánica Constitucional. De esta manera, el proyecto quedó archivado.


Los votos en contra de la iniciativa anti-violentista fueron principalmente opositores, incluyendo al Frente Amplio en bloque y a diputados comunistas, socialistas y a Andrea Parra y Rodrigo González del PPD. Desde el oficialismo se sumó alguien que se habituó a votar alineada con la izquierda: Ximena Ossandón (RN).


Excepto sus protagonistas y los partidos que los ‘apadrinan”, no son muchos más los ciudadanos que están de acuerdo con estas hordas ideologizadas que destruyen e incendian y que concentran toda la atención de carabineros, subordinando la atención preferencial que deben desempeñar éstos, cual es cautelar la seguridad de la población y protegerla de la delincuencia.


Es imprescindible que, a quienes moralmente corresponda, difundan con generosidad los nombres de quienes votaron en favor del vandalismo político, garantizando su permanencia y acciones extremistas. Sus identidades hay que memorizarlas y recordarlas al momento en que se presenten a su reelección, para frenarles el paso. El Parlamento, alguna vez por todas, tiene que recuperar su condición de templo de vida republicana y no seguir siendo una guarida de incitadores a la violencia.

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