UNA VEJACIÓN A LA REPRESENTATIVIDAD


VOXPRESS.CL.- Si se considera la definición de pueblo como “el Conjunto de personas que vive en una población, región o país determinados”, significa que desde su génesis, la Convención Constitucional no es representativa de todos los chilenos y, por lo mismo, por su ilegitimidad su destino apunta a que todo lo que resuelva sea rechazado en el plebiscito de salida, con votación obligatoria de los ciudadanos.

La Convención, así de simple, fue ‘tomada’ por una minoría que representa exclusivamente a minorías subversivas, y, por tanto, dependientes o protagonistas de grupos extremistas y comunidades indígenas terroristas peligrosamente violentas y destructivas. Sus posturas, tan febriles como vengativas y odiosas, la dejaron plasmada con motivo de la instalación de la Convención, instrumentalizada mafiosamente, primero al rodearla de manifestaciones amenazadoras y, luego, al obligar a retrasar su partida “hasta que no se retiren las Fuerzas Especiales de Carabineros”.

Para mayor prueba de irregularidad, la encargada de su constitución, la ministra relatora del TRICEL, Carmen Gloria Valladares, no fue imparcial, al ser cómplice de la prórroga de su inicio y al permitir la evacuación de la asamblea de convencionales que la abandonaron para enfrentarse a la policía. Al cierre de la inauguración, ella no alertó sobre el impedimento de consignas y de gritos por la “ libertad” de inexistentes “presos políticos”, materia, por lo demás, restringida a la Justicia, en cuyas manos se encuentran 26 de los centenares de saqueadores políticos del 18/O.

Podrá decirse que nunca antes un proceso constituyente es producto de una elección democrática como éste, y eso es así, pero nada más que por ello; sólo desde esa perspectiva es aceptable el que se le endilgue el sello de “histórico” al momento.

Debe recordarse que la nueva Constitución no será resultado de un clamor nacional ni popular, sino es consecuencia de un acto de cesión personal de un asustado Presidente que la entregó al adversario político a cambio de no ser sacado a puntapiés desde La Moneda. Luego de ello, y por imposición de una instancia extremista y no técnicamente científica, como el Colegio Médico, se aplazó el original plebiscito constitucional de abril por “el peligro” que constituía la pandemia, para trasladarlo a octubre, ello con el mismo riesgo de contagios. Desde ese instante, el proceso fue ‘intervenido’ y lo es hasta la fecha.

El padrón electoral tiene 14 millones de habilitados para votar y quienes lo hicieron en el plebiscito llegaron apenas al 50%, por lo que tampoco se da una auténtica representatividad en cuanto a los interesados en una nueva Constitución, y ello sin considerar que un 20% sufragó rechazando una nueva Carta Magna.

Para acentuar sus graves falencias de estructura, un buen número de convencionales está convencido -erróneamente -dada su ignorancia- de que su rol es “hacer leyes”, cuando éste es un ejercicio exclusivo del Poder Legislativo. Ello refleja el drama de esta tendenciosa pandilla de captores de la Convención, esto es, desconocimiento acerca de cuál es su real y único rol para el que fue electa. Su rabiosa arbitrariedad resulta clave para concluir que la asamblea, por su ignorancia, no es representativa de un país en el que abundan eruditos en muchas materias. Prueba de ello es que su poco objetiva presidenta, Elisa Loncón, en su primer punto de prensa le cedió la palabra al vicepresidente, Jaime Bassa, porque ella no tuvo idea de cómo ni qué responder a la, también, primera pregunta.

La ignorancia generalizada de los raptores de la Convención llegó a su climax, cuando las feministas exigieron que el texto constitucional sea redactado en escritura inclusiva (chilenes en vez de chilenos), lo que, de materializarse, materializaría un caso único universal y, desde luego, un crimen al lenguaje castellano.

Absolutamente en desconocimiento de su función, Loncón, una empeñosa profesora de Traiguén, proclamó que “si no salen en libertad los prisioneros de la revuelta, el país se expone a otra expresión popular de esa naturaleza”, en alusión al ‘octubrazo’. Bajo ningún pretexto es tolerable que alguien que dirigirá los debates de una nueva Constitución dé por verdad una falsedad, como los inexistentes “presos políticos”, y ya, en forma oficial y definitiva, confirma lo que la izquierda siempre: omitió: no fue un estallido social, sino una revuelta con fines políticos.

En Chile, e incorporados plenamente a la sociedad civil, hay 1,5 millones de mapuches, pacíficos e integracionistas, por lo que, aunque duro sea decirlo, es imposible hacerse a la idea de que la Convención sea presidida por una exponente de una minoría divisionista que pretende instalar un Estado soberano e independiente dentro del territorio nacional. Es decir, ‘extranjeros, haciéndole una Constitución a quienes combaten y de quienes no se sienten parte.

La instrumentalización de la Convención llega a ser tan escabrosa que, entre sus integrantes, están la machi Francisca Linconao y el ex diputado Hugo Gutiérrez. En la casa de la primera se fraguó el asesinato del matrimonio Luchsinger/McKay, por lo cual estuvo encarcelada; y en el caso del segundo, sólo su fuero, primero como parlamentario, y ahora como convencional, le ha permitido eludir a la Justicia, en donde le espera una querella en su contra por injurias.

El pueblo chileno, al que tanto se apela de modo engañoso, es enemigo declarado de la violencia, y así lo han expresado los habitantes de La Araucanía agobiados de los embates del narcoterrorismo comunista y así lo han pedido los millares de comerciantes que perdieron sus negocios y debieron despedir a sus empleados por la vandálica acción de “los prisioneros políticos”, increíblemente el primer punto de interés de la dictatorial mayoría extremista de esta deslegitimada Convención Constitucional.