UNA OFENSA ABERRANTE
VOXPRESS.CL.- Más que caraduras, que lo son por el cargo parlamentario que detentan hay que ser realmente desvergonzados y provocadores para haber presentado un proyecto de ley para indultar a los 232 vándalos extremistas que se encuentran en prisión preventiva por su autoría de incendios, saqueos, robos y agresiones durante y posteriores al 18/O.
Las senadoras Isabel Allende (PS), Yasna Provoste (DC) y Adriana Muñoz (PPD), y los senadores Juan Ignacio Latorre (RD) y Alejandro Navarro (PRO), buscan otorgar un indulto general que extinga toda responsabilidad penal a estos vándalos de izquierda.
En su inaudito proyecto de ley, proponen “la búsqueda urgente de una solución política, con sentido humanitario, a la situación en que se encuentran desde hace más de un año las personas, especialmente jóvenes, que han sido imputadas por supuestos delitos“.
Resulta una ofensa a la inteligencia de la ciudadanía solicitar “una solución política” para hechos gravísimos movidos efectivamente por intereses políticos, pero que dañaron severamente la normalidad de la población, la propiedad pública y privada, vulneraron el derecho de libre circulación de la ciudadanía y causaron pérdidas millonarias a instituciones y personas particulares que quedaron en la ruina. Para estos legisladores, este cúmulo de delitos son “supuestos”, es decir, dudan de su ocurrencia, pese a que sus evidencias aún siguen a la vista.
Un solo ejemplo basta para graficar la maldad con que actuaron estos subversivos: más de un año tardó en volver a (casi) su plena normalidad el ferrocarril metropolitano, dejando sin transporte diario a 4 millones de personas. Es incalificable y de una prepotencia inaudita calificar a estos malhechos ideológicos de “supuestos” autores, siendo que fue la Justicia la que los envió y los mantiene en prisión preventiva por considerarlos un peligro para la sociedad.
“El presente proyecto de ley –dice el texto- se fundamenta en un estricto enfoque de promoción y defensa de los derechos humanos, adecuado a las normas y doctrina del derecho internacional de derechos humanos”.
Este párrafo puede interpretarse como el peor y más falso de los argumentos de la iniciativa –si es que tiene alguno-, al apelar a los derechos humanos de los detenidos y a las normas internacionales existentes en este sentido. Este grupo de parlamentarios entiende que es un “derecho” del extremismo expresarse sin límites, lo que, una vez más, le permite a la izquierda dejar por escrito su categórica adhesión a la violencia política.
Si se observa, no hay una sola alusión, por pequeña que sea, a los derechos, humanos también, de las víctimas que sufrieron los rigores de los saqueos y de los incendios durante y posteriores al 18 de octubre. Expresamente se pide exculpar, exclusivamente, a los vándalos ideológicos, llamados presos políticos, y que no son delincuentes comunes y corrientes que andan por las calles robando autos y celulares.
En su articulado, el proyecto de ley pone especial énfasis en que “dicha amnistía también aplique a las y los adolescentes que hubieran incurrido en alguno de los delitos señalados, y que hoy estuvieran siendo investigados de conformidad con la ley de Responsabilidad Penal Adolescente”. Debe recordarse que la señal acordada por el Grupo de Puebla, en Caracas, para dar la partida al Golpe extremista del 18/O, fue que los alumnos del Instituto Nacional, ya en permanente ebullición con el plantel transformado en fábrica de bombas incendiarias, se saltasen masivamente los torniquetes de las estaciones del Metro.
Escolares y universitarios, incluidos sus profesores, se involucraron activamente en el Golpe y en su preparación.
La proporción entre delitos y procesados es ridícula, casi impresentable, pero los tribunales de Justicia, fiscales y jueces quisieron que fuera así: durante los meses posteriores a la subversión, las policías pusieron a disposición de los magistrados a 123 mil autores de acciones graves en todas sus formas, y de éstos hay…¡232 en prisión preventiva! Ello, ubica en calidad de cómplice de la acción terrorista a los tribunales, cosa no nueva, pensando, también, en la grosera impunidad en La Araucanía.
En virtud de la vergüenza nacional que le produjo el hecho, la Corte de Apelaciones declaró admisible reestudiar el caso de un tío y su sobrino, quienes, pese a grabaciones de media hora que los involucraba, fueron absueltos por el incendio de la estación Pedreros del Metro. Una jueza los dejó en libertad por “inconsistencia del testimonio”…
El ex presidente de la Corte Suprema, el socialista Haroldo Brito -siendo juez, no encarceló a un dirigente del fútbol que se apropió de dineros de la entonces ACF, hoy ANFP, por ser un camarada suyo-, en pleno apresamiento de violentistas subversivos, reclamó que “no aceptó que me llenen los juzgados”, aduciendo a falta de tiempo y de personal.
Así el panorama, no se percibe imposible que llegue a concretarse un “acuerdo político” –con mayoría de izquierda en el Parlamento- sobre este proyecto de ley. Sin embargo, y más de alguna vez se dijo, ‘Dios es chileno’ y fue un compatriota, radicado en el exterior y afín a la izquierda, quien salió a aclarar que este puñado de malhechos del extremismo ideológico no son presos políticos y, por ende, deben pagar por delitos graves que no son de pensamiento.
El director de la División de las Américas de Human Rights Watch (HRW), el chileno José Miguel Vivanco, advirtió que "hay que tener mucho cuidado con los conceptos; presos políticos son, esencialmente, presos de conciencia, que son perseguidos por sus ideas, por sus opiniones, por simplemente tratar de promover una idea diferente de la oficial. Ello es totalmente distinto a la comisión de delitos que deben ser investigados con pleno respeto a las garantías procesales".
Muy aclaratorio para los parlamentarios autores del proyecto, explicó que “en Chile hay personas procesadas por desórdenes, vandalismo, por atentar contra la propiedad y es importante que estos casos sean investigados con pleno respeto al debido proceso".
Las cosas por su nombre –como éstas- son las que faltan en este país, y resultaría más oportuno que nunca que sea la propia ciudadanía y, específicamente, las víctimas del vandalismo político las que salgan a denunciar lo desquiciado del proyecto que presentaron estos cínicos patrocinadores de la violencia.