UNA ODA IRREALISTA


VOXPRESS.CL.- En nombre de la reforma a Carabineros -mal llamada modernización- se han dicho y escrito tantas brutalidades que en lugar de avanzar rápido hacia su necesaria tecnologización, lo único que se consigue es hacerle el juego a la izquierda, la que tiene como objetivo terminar con la institución para sustituirla por una policía civil y ciudadana, según lo tiene previsto para la ´hoja en blanco´ que comenzará a escribirse el próximo año.


La última ´joyita´ en esta carrera por ´modernizar´ a Carabineros corrió por cuenta de un documento del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica que sugiere iniciativas para la formación ética y en derechos humanos de su personal, terminar con su preparación militarizada y con la verticalidad del mando.


El 26 de noviembre del 2019, la Comisión de Seguridad del Senado convocó a un grupo transversal de académicos y expertos en políticas públicas de seguridad para reformar a la institución. Además, el 8 de diciembre de 2019, el Ministerio del Interior convocó a “actores” (?) para conformar un Consejo para la Reforma de Carabineros…sin la presencia de ningún representante de la institución. Ello acaba de ocurrir, cuando el recién llegado nuevo Director General, Ricardo Yáñez, instó al titular de Interior, Rodrigo Delgado, a que “reformar a Carabineros sin conocer su opinión, es inconducente”.


Esta inaudita situación fue corregida, y, de inmediato, con el general de por medio, se anunciaron nuevas medidas operacionales en el corto plazo y el jefe institucional puso encima de la mesa lo que todos habían, intencionalmente, omitido: “cualquier reforma parte por una modernización tecnológica”.


El general Yáñez enfatizó que “fue, precisamente, por la carencia de herramientas modernas que Carabineros tuvo que enfrentar como pudo a una de las oleadas más violentas y destructivas que se recuerde, y ello para salvaguardar la democracia”.


El estudio de la UC, “Desarrollo y fortalecimiento del currículum de educación y formación continua en ética y derechos humanos de Carabineros de Chile: una propuesta integral”, es uno de los proyectos ganadores del concurso de Políticas Públicas 2020, organizado por dicha universidad. Sus autores son los académicos David Preiss (Escuela de Psicología), Eduardo Valenzuela (Facultad de Ciencias Sociales) y Garo Konstantinidis (investigador externo).


De acuerdo a los investigadores, Carabineros “no ha sido capaz de transformar un buen diseño teórico a la práctica”, y ello en virtud del “escaso tiempo para formar a la planta, desfase temporal entre la implementación de las mejoras en estas materias y los resultados y la dificultad de implementar un cambio cultural a gran escala”.


No tratándose, es claro, de una universidad o un ente cultural, lo que Carabineros requiere, y con la mayor urgencia, no es concentrar a su personal en aulas para darle baños de competencias teóricas, porque con ellas no se tendrá éxito para enfrentar, ya mismo, a los más nítidos exponentes de la falta de cultura, forjados, muchos de ellos, en las universidades que hoy, inescrupulosamente, dictan cátedra sobre un problema que desconocen.


En otro párrafo, se advierte que “el presente trabajo se focaliza en un componente que creemos necesario, aunque no suficiente, para enfrentar los desafíos que tiene el país en esta materia: la formación policial, incluyendo aspectos pedagógicos y la transferencia de la formación al terreno”. No deja de ser asombrosa la facilidad con que algunos trasplantan la teoría: “la transferencia de la formación al terreno” no es más de lo que, mañosamente, se le viene imponiendo a Carabineros: enfrentar a desalmados sin Dios ni ley con ética y con apego a los derechos humanos de sus atacantes.


El texto plantea que la formación policial tiene numerosas restricciones, como la presupuestaria -al fin, una reflexión realista-, por lo que la reforma que busca extender a dos años la formación policial en la Escuela de Formación (Esfocar) es una medida adecuada,… “pero es improbable que carabineros egresen conociendo todo el marco regulatorio asociado al cuidado y protección de los DD.HH.” Como remedio a su propia contradicción, los ‘investigadores’ proponen que se revise el Manual de Ética con el objetivo de que “sirva al trabajo operacional”; para ello, dicen, es necesario especificar “un set de principios éticos que sean internalizados por los nuevos reclutas”.


Ninguno de los autores ha estado jamás en una trifulca pública, ni menos en medio de las pedradas, bombas incendiarias y cuchillazos a que recurren los “pobres violados” en sus derechos humanos. No hay asomos de una explicación de cómo hacerlo en los desórdenes, en medio de ataques, agresiones y barricadas.


En otro de sus acápites, el acucioso estudio recoge lo que, desde octubre de 2019, le han exigido a Carabineros el Frente Amplio, el PC y el propio Presidente de la República: la proporcionalidad en el uso de la fuerza. No se detalla con qué medios específicamente hay que responder a las piedras, con cuáles a las botellas inflamables, qué habilidades hay que tener para esquivar el ácido sulfúrico y cómo resistir a los ataques con cuchillos para, así, mantener “los equilibrios en los enfrentamientos.


Para lograr esta teórica proporcionalidad, “los nuevos carabineros deben ser entrenados para razonar y tomar decisiones sobre la base de su raciocinio, de modo que “cuando enfrenten situaciones en el terreno sean capaces de actuar y discernir en base de ese entrenamiento”.


El texto arriesga risas con conclusiones como éstas, en que se pide a su personal ser analítico en lugar de estar física, técnica y mentalmente adiestrado para la dispersión de turbas descontroladas, y ello con restricciones de su armamento y con la amenaza de una baja segura a quien “se le pase la mano”.


Aún más grave es lo que afirma el documento en cuanto a que el funcionario en operaciones no debe seguir a su mando policial, “sino ceñirse sólo a las leyes”…: “la lealtad de los funcionarios no es hacia la autoridad o incluso hacia la institución, sino hacia las leyes de las cuales ellos son garantes”. Cómo dato útil habrá que explicar que Carabineros desde que nació opera en todos sus escalones de acuerdo a la verticalidad del mando. Este texto, incluso, hasta podría considerar una incitación a rebelarse contra la jefatura.


Finalmente, en un claro intento por rebajar el estatus de la institución y dejarla, poco menos, que a la altura de la recordada Defensa Civil siempre participativa en cuanto desfile hubiese, el estudio afirma que “hay que hacer un reajuste del modelo militar que ha sido propio de la institución y adecuarlo a las necesidades de una policía profesional y ciudadana en el siglo XXI”.


Es inadmisible para Carabineros y para la ciudadanía, agotada al extremo por el accionar de estos ahijados de progresistas, que tan sesudo trabajo investigativo se considere casi clave para la reforma de dicha institución. Sus autores desconocen de pé a pá lo que es una función policial, pero lo más inquietante es que tratándose de académicos insertos en el ámbito de los violentistas encapuchados, omitan algún llamado a ellos a respetar los derechos humanos de los ciudadanos víctimas de sus aniquiladoras acciones, quienes de paso, parecen no haber recibido nunca en sus aulas clases de ética, la misma que, exigen, se aplique a los únicos encargados, por ley, de mantener y reestablecer el orden público.

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