UNA INMORALIDAD

VOXPRESS.CL.- Más que una ridiculez, resulta hasta inmoral que a poco más de un mes de las elecciones para determinar a quienes redactaran una nueva Constitución, haya quienes siguen pidiendo –y hasta exigiendo- reformas a la actual, la misma que, “por perversa”, fue desechada en el plebiscito de octubre del 2020.
Uno de los más fervientes aliados de la izquierda, el empoderado funcionario público Patricio Santa María, se halla en plena campaña para que el súper día electoral del 11 de abril se realice en dos etapas y no solo en una, como es la tradición y cómo lo consagra la ley.
Santa María es el presidente del Consejo del SERVEL y, como tal, es un dependiente de quienes lo propusieron, el Ejecutivo -en tiempos de Michelle Bachelet-, y de quienes lo ratificaron, un Senado de mayoría izquierdista. Si bien, por reglamento, se le considera autónomo, su libertad de acción no es ilimitada, como él la asume. Antes del referéndum constitucional, solicitó al Congreso que le diera la facultad de proponer directamente leyes y presionó al Gobierno para que la elección del Apruebo o el Rechazo se realizara en dos días, que hubiera una urna móvil “para los enfermos” y otra serie de innovaciones que le fueron denegadas, sólo aceptándosele que el horario de votación se extendiese en cuatro horas.
La máxima autoridad del SERVEL tiene llegada con el Presidente, ya que ambos coincidieron en su juventud en el seno de la democracia cristiana, de la cual el hoy funcionario público llegó a ser vicepresidente.
Insistente, casi majadero, el presidente del Consejo del servicio electoral visitó La Moneda para pedir que el súper domingo 11 parta el sábado 10, “dada la simultaneidad de votaciones”. Ese día, la ciudadanía tendrá que pronunciarse por alcaldes, concejales, gobernadores regionales y por asambleístas constituyentes.
Sin embargo, la cuantía de papeletas de votación no es el eventual problema que puede afrontar la gente, sino el real propósito de Santa María y de la oposición es ampliar los plazos de asistencia a las urnas para que haya más participación. Bajo aquel argumento se maquilla el desesperado empeño de la izquierda por una masiva concurrencia, piedra piramidal para obtener las mayorías que ansía, específicamente en los convencionales constituyentes.
La propuesta de Santa María y de sus socios políticos es indecente, porque, claramente, se trata de una maniobra de última hora y que mañosamente la disfrazan como una “necesidad impuesta por la pandemia”.
Para el plebiscito del 25 de octubre, la peste se hallaba en un período mucho peor que el actual momento, y resulta que concurrió a las urnas un porcentaje superior a la elección presidencial de diciembre de 2017. Dicho acto se realizó en un solo día, ordenadamente y respetando las reglas de prevención sanitaria.
Los profesionales de la Salud consideran que gracias a la vacunación masiva, la población ha ido perdiendo progresivamente el miedo, y el pánico en muchos casos, de tal modo que argüir como excusa “la incidencia de la pandemia”, es un mal disimulado recurso para disimular el apetito de la oposición.
Al margen de ello, en el Senado se encuentra en trámite el proyecto de voto anticipado, que ya Santa María lo quiso imponer para el plebiscito constitucional. “Con buena voluntad, una reforma constitucional se puede sacar en una semana”, comentó Santa María en un empeño por agilizar las innovaciones electorales, todas plagadas de sospechas, dudas e incertidumbres acerca de lo más sagrado que históricamente han tenido las elecciones en el país: el secreto.
Desde la fecha en que se aplazó el primitivo plebiscito constitucional fijado para abril del 2020, se conoció la nueva y obligada recalendarización de las elecciones, debiendo aplazarse forzosamente las de alcalde, concejales y gobernadores en cinco meses, calzándolas con la de los convencionales constituyentes. Hubo tiempo y espacio más que suficientes para que el SERVEL abordase las urgencias que hoy, a sólo un mes y días de las elecciones, puso arriba de la mesa.
Su iniciativa genera una incógnita en que los cándidos pueden caer rápido, como la Subsecretaria de Salud, quien, consultada por “los comprometidos de siempre”, respondió que “en su momento, será un motivo de análisis”, refiriéndose a que las elecciones se realicen en dos días por “motivos sanitarios”. Como siempre, al Gobierno lo sorprenden volando bajo, y habrá que advertirle que no olvide los anuncios de Guillermo Teillier (PC) y de Fernando Atria (Comunes/FA), en cuanto a que en la víspera del 11 de abril “hay que rodear la elección de convencionales con una cadena de manifestaciones públicas”, ello con la finalidad de presionar para asegurarse que la nueva Constitución redunde en “un cambio total del modelo”.
En este escenario de violencia callejera, la extremista y combativa Mesa de Unidad Social –que proclama la desobediencia civil-, será el eje de las operaciones con sus pronosticables y consabidas consecuencias. La propuesta del SERVEL se constituirá, naturalmente, en una de las banderas de lucha del movimiento subversivo.