UN SOPLO DE JUSTICIA


VOXPRESS.CL.- Una de las causas -de las tantas- del progresivo e incontrolable aumento de la delincuencia en todas sus formas, se debe a la desgraciada y mal recordada Reforma Procesal Penal, que entró en vigencia durante el Gobierno de Eduardo Frei-Ruiz Tagle (DC), la segunda de las cuatro administraciones consecutivas de la (ex) Concertación.


Aquella profunda modificación del sistema procesal imperante hasta esa fecha, tuvo la muy buena intención de agilizar los juicios, apurar las sentencias y quitarles a los magistrados su doble rol de investigadores y falladores.

Sin embargo, se le introdujo una doctrina que terminaría, en breve plazo, por arruinarlo todo: el garantismo, esto es, la presunción de inocencia.

A partir de ese momento, los jueces deben considerar, como primer paso de su accionar, que el delincuente a su vista se presume inocente mientras no se demuestre lo contrario. Los persecutores, es decir, los fiscales y las policías se rompen sus cabezas en la búsqueda de pruebas materiales que convenzan al magistrado de que el acusado es culpable y que merece una sanción.


No son pocos los jueces que, por diferentes motivos, no necesariamente jurídicos, consideran insuficientes las pruebas a la vista y declaran la libertad del implicado o, mientras tanto, le aplican irrisorias medidas cautelares que suelen ser muy menores a un confinamiento por la epidemia del virus chino.


Un juez de Temuco dejó en libertad, desechando 120 pruebas, al asesino y atacantes del matrimonio Luchsinger/McKay. Una jueza de Limache ni siquiera aplicó medidas cautelares a la madre y cómplice de una menor descuartizada en Villa Alemana.

A esta cuestionable presunción de inocencia, estrujada al máximo por jueces de dudosa ética, hay que agregar que la reforma sumó la Defensoría Penal gratuita, esto es, automáticamente el detenido pasa a tener a su disposición, sin costo alguno, un abogado que desde el primer minuto lo defiende, aunque se trate del peor de los criminales.


Con este repaso de las ‘ventajas’ del sistema procesal, resulta facilísimo deducir cuál es el motivo de la delincuencia descontrolada y de que circulen diariamente por las calles peligrosísimos hampones con varias órdenes de detención pendientes. Es ésta la respuesta al por qué la ciudadanía suplica por justicia, pero por una justicia real, cuando las balas de los delincuentes comunes y de los narcotraficantes terminan con la vida de uno o varios de sus familiares.


La justicia actual es injusta, porque no es realista. Cojea, y mucho, al punto que el presidente de la Corte Suprema, Guillermo Silva, un ministro al cual lo motiva más el Derecho que la política, hizo una advertencia muy aclaratoria para describir la situación: “el juez que no falla exclusivamente ajustado a las leyes, no merece estar en el Poder Judicial”.


Como siempre en Chile, aunque resulten tremendamente severos, los problemas tienden a arreglarse con tardanza y nunca en la dimensión precisa, sino a medias. Es lo ocurrido con la presentación, por parte del Ejecutivo, de un proyecto de ley destinado a que las víctimas de los delincuentes, al igual como el delincuente, dispongan, también, de un abogado defensor.

De acuerdo al contenido del proyecto, está por verse acaso las víctimas, tal como los delincuentes, dispondrán efectivamente de un ‘abogado personal’ para que complete, mejore e incluso reemplace la función del fiscal persecutor, el cual, muchas veces, por falta de pruebas o sobrecarga de trabajo, termina por archivar el libelo acusatorio.


En una ceremonia en La Moneda, con la irónica presencia de la Subsecretaria de Prevención del Delito, quien nada previene por dedicarse al coronavirus, el Presidente prometió “igualdad de acceso oportuno a la justicia para todos los ciudadanos”… Las dudas acerca de esta iniciativa surgieron de inmediato, ya que el Servicio de Acceso a la Justicia y Defensoría de Víctimas de Delitos, en rigor se remite a reunir a las Corporaciones de Asistencia Judicial y unifica toda la oferta pública que, muy dispersa, existe hoy.


La gente afligida debe concurrir en pos de ayuda personalmente a las Corporaciones de Asistencia Judicial, -que atiende sólo a los con ingresos mínimos- en tanto la Defensoría Penal proporciona un intercesor al delincuente. En una aseveración que dejó meditabundos a los millares que claman porque se les haga justicia, el Presidente anunció que “los principales beneficiarios serán aquellos más vulnerables, como los niños, los adultos mayores y las víctimas de derechos humanos”. Los demás tendrán que alinearse en la fila por si les cae algún auxilio jurídico.


El complejo de izquierda que sufre desde el 18/O, tiene notoriamente descompuesto al Presidente, al punto de ubicar como prioritarias a las víctimas de derechos humanos, aunque, de partida, se sabe de qué tipo de derechos habla.


No hay afectados más protegidos y defendidos, interna y externamente, que éstos, y son los primeros en recibir jugosas compensaciones decretadas por algunos tribunales. En el proyecto presidencial no están considerados los derechos humanos de la pareja de carabineros desarmados que fueron golpeados brutalmente en el suelo por una turba en una población de Iquique.


A estas alturas, no vale la pena hacerse a la idea de que el nuevo esquema será, realmente, una defensa personal para las víctimas de los delincuentes. Está todo tan carcomido por la falta de una real autoridad, que habrá que conformarse con que los objetos de robos, asaltos, agresiones, despojos, cuchillazos y balazos, tengan un poco, un poquito no más, de acceso a una Justicia que hace tiempo los abandonó.

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