UN AÑO MÁS DE TERROR

VOXPRESS.CL.- Las sentencias a los formalizados en el caso Camilo Catrillanca acaparan el interés general, e incluso el de los pocos que, todavía, parecen conmocionarse con el accionar de las guerrillas comunistas en La Araucanía.

La oscuridad que por breves minutos se dejó sentir en esa zona a causa del eclipse, ha estado presente durante todo este año entre los habitantes de las zonas rurales de Arauco, Malleco y Cautín que, al igual como al comienzo de este 2020, continúan siendo asoladas por comuneros extremistas, aunque, ahora, cada vez con una mejor organización paramilitar y con armamento moderno y pesado, fruto de los aportes del creciente narcotráfico en el sector.

Un último registro, conocido sólo días atrás, da cuenta de que el número de víctimas de la narcoguerrilla comunista ha crecido en un 37% sólo entre septiembre y noviembre, lo que refleja la multiplicación de las acciones terroristas y el daño que ellas causan. Esta cifra es la mejor respuesta al fracaso del Gobierno y de la Justicia en sus (aparentes) intentos por poner fin al terrorismo en esa amplia zona del sur.

Desde que el Gobierno de transición de Patricio Aylwin (DC) abrió la puerta de par en par a las demandas de las comunidades mapuches que reclamaban tierras ancestrales, esta simple y pacífica reparación, se transformó en un conflicto ascendente, en virtud de la siempre lista disposición del PC para inmiscuirse y, luego, tomar el control de la situación. Llegaron el financiamiento externo, la campaña de difusión internacional, la instalación de sedes replicadoras en diferentes ciudades de Europa, la cadena de abastecimiento de armas y las asesorías militares de, primero, la ETA y, más tarde, de las FARC.

Mientras el área de operaciones guerrilleras se montaba y se iniciaba con el auspicio de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), el Congreso Nacional alentaba la incorporación de civiles “tan chilenos como los porotos” a las comunidades indígenas, y con esta sola integración pasan a tener los mismos derechos que los mapuches. Así, sin ningún vínculo ancestral con la etnia, también exigen la devolución de terrenos que nunca tuvieron y si no se les satisfacen sus demandas, inician lo que los subversivos llaman “recuperaciones”.

Los terroristas partieron por correr poco a poco los deslindes de las propiedades de “extranjeros usurpadores”, y en eso andaba Camilo Catrillanca cuando un carabinero tuvo la muy mala idea de dispararle.

De la alteración de las cercas limítrofes pasaron a las amenazas verbales para quienes no estuvieran ideológicamente de acuerdo, incluyendo en su persecución a hermanos de sangre, no ideologizados, que sólo se dedican a trabajar la tierra. Si no se marchan por las buenas, queman sus viviendas, maquinarias y producciones agrícolas.

Pero la finalidad de los terroristas rurales ha ido más allá de arrasar con los comuneros que no comparten sus acciones devastadoras. Su meta, y quizás la más importante, son los “capitalistas explotadores de nuestras tierras”, específicamente las empresas forestales y su amplia gama de subcontratistas, a quienes asaltan a balazos para quemarles sus maquinarias o incendiar los camiones que transportan madera.

Así partió en esas provincias este año y así está terminando, sin ninguna luz de esperanza para las víctimas en cuanto a que, en algún minuto, pueda ser subordinado el terrorismo. Es notorio el incremento de sus acciones, y ello calzó con el regreso de los subversivos al sur desde la capital, donde tuvieron activo protagonismo en el post 18/O.

A vista de los lugareños de Arauco, un sector de especial predilección para los guerrilleros, se pasean escuadrones uniformados verdeoliva y con metralletas en mano, vigilando y controlando el escenario antes de alguna de sus operaciones, cada vez más frecuentes.

Un funcionario de una forestal y un cabo de Carabineros fueron abatidos por certeros tiros de fusil de guerra. Primero el Gobierno y después el ex Director General de la policía, Mario Rozas, juraron que ninguno de los crímenes quedaría impune: hasta la fecha, nadie sabe quiénes fueron sus autores, pese a que en el segundo caso son muy nítidas las imágenes de cámaras de seguridad de la Ruta 5 Sur.

Ningún Gobierno anterior, se supone que en democracia, se animó a combatir en terreno las acciones rurales de estos terroristas, y ello es el motivo por el cual cada día crecieron, y crecen, en número, en financiamiento, en amenazas y en asesinatos a mansalva. Las administraciones concertacionistas y de la (ex) Nueva Mayoría no se encarar a encarar el conflicto por “solidaridad política” y los dos de (supuesta) centroderecha lo afrontaron con inauditas operaciones de inteligencia para destruirlo por dentro, pero terminaron en impudorosas tonteras.

Ante este vergonzoso desenlace, el Presidente le envió a un negociador al padre de Catrillanca, y como nada quieren saber de diálogos, el Gobierno pasó a remitirse al procedimiento de un Estado de Derecho que pocos respetan: pone a los terroristas a disposición de los tribunales para que sean éstos los que los juzguen y los condenen. La proporción entre subversivos movilizados y en cumplimiento de alguna condena, tras ser capturados, es irrisoria: un 5% de presos.

La zona es un territorio de nadie, porque quienes denuncian corren hasta peligro de muerte y son acosados al extremo de tener que abandonar la Región. Con la llegada del narcotráfico a la zona, se reforzó la ley mafiosa del no ver, no escuchar ni hablar, y pese a que el país, y no exclusivamente La Araucanía, se hallan en un Estado de Excepción con jefes militares de la Defensa regional, las fuerzas armadas tienen absoluta prohibición de usar sus armas, aunque sea para reprimir un ataque: un soldado se salvó porque una bala impactó en su casco.

Sí lo hicieron en Colombia y Perú, desbaratando, así, el terrorismo de las FARC y de Sendero Luminoso, es impresentable que acá no se proceda igual con la terrorista CAM, que lo maneja todo y deja sus propagandas después de cada atentado.

En este año 2020 han ocurrido muchos acontecimientos que trastocaron la normalidad de los habitantes del país, no obstante en La Araucanía parece que todo sigue normal desde enero, porque no ha habido un solo cambio respecto a la única acción válida para que retorne la paz a la zona: el exterminio, y por la fuerza, del terrorismo, al cual, por su fiereza e inclemencia, no lo ampara derecho alguno, ni el más mínimo.