SE DESMORONÓ EL TINGLADO
VOXPRESS.CL.-Como una bomba de racimo cayó en la izquierda chilena la determinación del fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), quien, durante ocho meses, investigó una triple denuncia contra el Estado “por violaciones a los derechos humanos” con posterioridad a la subversión del 18 de octubre de 2019.
Dicho fiscal concluyó que “no hay méritos” para abrir un juicio sobre la materia, coincidiendo su veredicto con las reiteradas afirmaciones de Human Rights Watch, en cuanto a que todos quienes se encuentran detenidos por desmanes y saqueos, luego de la revuelta para derrocar al Presidente de la República, no son presos políticos -“en ese país no los hay-, sino delincuentes debidamente procesados por la Justicia.
El bombazo resultó terrible por el momento en que cayó, ya que buena parte de la campaña electoral del extremista Gabriel Boric se hizo sobre la base de los mentados, e inexistentes, “presos políticos” y su injustificado encarcelamiento, y sobre el no respeto a los derechos humanos de estos “luchadores sociales”.
La no admisibilidad de la denuncia se debió, fundamentalmente, a que las alteraciones del orden público y la actuación de los encargados de mantenerlo, la justicia chilena se ha encargado de actuar y sigue haciéndolo. Así como hay “primera línea” y saqueadores del Metro en prisión, los tribunales también sancionaron a policías y algunos fueron dados de baja.
La acusación contra el Estado de Chile fue presentada a la CPI por la ONG Comisión de DD.HH. con sede en Santiago; por el ex juez Baltazar Garzón, cazador de Pinochet y destituido por corrupción de la judicatura española, y por la organización italiana CRED. El libelo pedía sanciones en contra del Presidente de la República; de los ex ministros del interior Andrés Chadwick y Gonzalo Blumel; del ex subsecretario del Interior Rodrigo Ubilla; del actual subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli; de los ex ministros de Defensa Alberto Espina y Mario Desbordes, y del ex general director de Carabineros Mario Rozas y del actual, Ricardo Yáñez.
La decisión de la CPI fue notificada al Estado de Chile, a través de un oficio al Ministerio de Relaciones Exteriores. Igualmente, fueron informadas las organizaciones que presentaron la denuncia ante.
La decisión de inadmisibilidad se tomó luego de que la fiscalía de la Corte concluyera que “no existen antecedentes que se puedan considerar delitos sobre los cuales este tribunal internacional tenga jurisdicción legal”. En forma categórica y definitiva, manifiesta que “no hay mérito para abrir un examen”.
Impactado por los efectos de esta bomba judicial, el candidato Boric anunció que “reuniremos nuevos antecedentes para que se reabra el caso. Los más afectados por una decisión internacional que nunca imaginaron fueron los sectores directamente involucrados con la violencia y el vandalismo callejero, la Convención Constituyente, la Lista del Pueblo, el Frente Amplio y el Partido Comunista, todos empeñados en refundar Chile e implantar el modelo del totalitarismo socialista.
El impacto tocó igualmente a Yasna Provoste, firmante del proyecto de indulto para los “presos políticos”, y en forma muy especial, la CPI golpeó a la niña símbolo de los “luchadores sociales”, la senadora electa Fabiola Campillay.
Una víctima indirecta, pero que igual debe estar desconsolada, es Michelle Bachelet, la Alta Comisionada para DD.HH. de la ONU. Jamás imaginó que un tribunal dependiente del organismo al cual sirve le echaría por tierra sus frecuentes “recomendaciones” por su inquietud de que el Gobierno de Chile “aún no resuelve las denuncias de violaciones ocurridas después del 18 de octubre”.
El argumento de la fiscalía de la CPI en cuanto a que no tiene jurisdicción para intervenir en Chile, es un precedente de altísimo valor para la solución de los más que seguros problemas internos que enfrentará el país después de la elección.
No obstante el gran número de ‘heridos’ que dejaron las esquirlas de esta bomba, sin duda la que sufrió los mayores perjuicios fue la Convención Constituyente. En manos de partidos y movimientos extremistas conformados por protagonistas del “octubrazo”, éstos se comprometieron a no ejercer sus funciones mientras no se liberara a los “presos políticos”. Varios de los delegados más termocéfalos fueron a visitarlos a la cárcel.
Esta acusación internacional en contra del Estado de Chile, fue el punto de partida que urdió el socialismo internacional para iniciar la persecución contra el actual Presidente, la que se reforzaría (o se reforzará) una vez que éste deje La Moneda. Consciente de esta amenaza, el Mandatario, como lo han demostrado hechos trascendentales, tendió puentes con la izquierda y le permitió cogobernar con un Parlamentarismo de facto, a cambio de “irse tranquilo”.
Aunque, de momento, el Presidente puede sentirse aliviado por lo obrado por la CPI, no está exento de una cacería y, más aún, si lo tiene en su mira el implacable (ex) juez Baltazar Garzón.