RECUPERAR LA VERDAD


VOXPRESS.CL.- Cuando la opinión pública, cada vez con más frecuencia, suele denunciar que en Chile “no hay justicia”, atribuye tal percepción de impunidad a una deficiencia -diríamos- profesional de los tribunales de Justicia. Es explicable, y muy humano, que quienes son víctimas de algún delito sientan la necesidad de una respuesta inmediata y con una merecida y pronta reparación.


Como tantas veces, y tantos lo han dicho, la cojera de la judicatura radica en el sistema procesal “garantista” que parte de la base, errónea desde luego, que todo malhechor es inocente. Sin embargo, esta realidad, que por lo general se da, no obedece solamente a la tan anhelada y ahora odiada Reforma Procesal Penal, que entró en vigencia durante el Gobierno de Frei Ruiz-Tagle. No siempre es el “garantismo” el responsable de que la justicia se transforme en injusticia.


El mayor riesgo de que los magistrados pequen de parcialidad y de subjetividad en sus fallos, se debe a la incidencia, cada vez más masiva, de la ideología socialista entre los magistrados, más aún en un terreno abonado para ello, como es el momento de fricciones y crispación que vive el país a causa de sus confrontaciones políticas.


A medida que se potencian las acciones de la izquierda en diferentes sectores, unos más sensibles que otros, crecen, también, los procesos judiciales “intervenidos”, esto es, contaminados por las preferencias ideológicas de los encargados de dictar sentencias.


El juicio más emblemático de parcialidad política fue el que tuvo como figura central a José Ignacio Rau Atria, de Temuco, quien dejó en libertad “por inocentes” a todos los involucrados en el vil asesinato del matrimonio Luchsinger/McKay. Su veredicto debió ser anulado por la Corte de Apelaciones de La Araucanía y repetido con las mismas pruebas…y otros jueces.

Por expresa intervención del presidente de la Corte Suprema de entonces, Haroldo Brito, Rau Atria no salió del Poder Judicial y continúa haciendo carrera como si nada.


En fecha reciente, pero en Santiago, ocurrió un hecho similar con los magistrados del tercer Juzgado de Garantía Oral en lo Penal, quienes declararon inocentes a los dos imputados por incendiar la estación Pedreros del Metro, tras el 18/O. Los jueces declararon “anti-constitucionales” las pruebas, pero la Corte de Apelaciones, como en el caso anterior, declaró nula la sentencia y ordenó la realización de un nuevo juicio.


En ambos procesos, la incidencia política de magistrados que, por juramento, debieron actuar neutralmente, fue decisiva. En el primero de ellos, los “inocentes” ahora están en cárceles pagando su doble crimen y en el segundo, los autores del incendio debieron volver a su prisión preventiva a la espera del segundo -y, se espera, ahora objetivo- juicio.


Rau Atria –pariente directo del candidato a convencional Fernando Atria, ex PS y hoy Comunes/FA- tuvo la desfachatez, por ningún superior fiscalizada, de emitir juicios públicos sobre el proceso, favorables a las comunidades extremistas de La Araucanía y de criticar los operativos policiales.


Manifestó que la acción de Carabineros en la búsqueda de los responsables del doble crimen, “fue impresentable, un abuso de poder sin precedentes. Yo no avalo un ápice el matonaje pseudomilitar". Antes de ello, había hecho comentarios públicos en contra de las AFP’s y en favor del ex Intendente y actual senador DC, Francisco Huenchumilla.


Antes de que comenzara el proceso contra los 11 comuneros involucrados en el asesinato, la Fiscalía de Temuco evaluó recusarlo administrativamente, pero finalmente no lo hizo por temor al “qué dirán”.


Rau es primo hermano del ex precandidato presidencial PS e influyente asesor constitucionalista de Michelle Bachelet. Ambos se criaron juntos y los dos estudiaron Derecho, el juez en la Universidad Diego Portales y el segundo en la Universidad de Chile. Su pariente lo defendió, asegurando que su fallo “tuvo estrictas motivaciones jurídicas, jamás ideológicas”.


Hasta la fecha, nadie, formalmente, ha salido en defensa de los jueces José Pérez Anker, Fernando Monsalve Figueroa y Elizabeth Schurmann Martin, del séptimo Tribunal Oral en lo Penal de Santiago. El trío absolvió al adolescente B.E.S.M. y a su tío Daniel Morales Muñoz como autores del incendio que destruyó la estación Pedreros del Metro, tras el 18/O.


La Corte de Apelaciones revisó la sentencia y determinó que el proceso respectivo fuese retrotraído a “un nuevo juicio oral por jueces no inhabilitados”.


Los magistrados del caso desestimaron “por dudoso” el video de 30 minutos de la cámara de seguridad de la estación Pedreros, en que se aprecian claramente las acciones delictuales de los imputados.


La undécima sala de la Corte capitalina estableció que “el fallo carece de fundamentación o razón suficiente en su propia declaración de ilegalidad del medio probatorio consistente en el mencionado video y, como consecuencia, de toda la prueba derivada de él, por cuanto, si bien razona respecto de la ilicitud de dichos medios probatorios e indica que afectan el derecho a defensa y al debido proceso, mencionando en general el contenido de dichas garantías, no fundamenta con la precisión debida, cuál de todas esas garantías que refiere es la vulnerada y de qué forma habría ocurrido aquello, limitándose a consignar los problemas de que adolece la cadena de custodia del video, pero sin argumentar cómo los mismos vulnerarían las garantías constitucionales a que se hace referencia en el fallo”.


Los dos autores de la destrucción de la estación Pedreros estaban en prisión preventiva y salieron en libertad luego del arbitrario fallo. Luego de la revocación debieron volver a la privación de libertad y ambos figuran en la lista de quienes, a juicio de la izquierda, deben ser indultados, porque los delitos que se les imputan “son sólo supuestos”.


Pocas son las ocasiones en que la Justicia da motivos para rendirle honores, como en lo obrado por dos Cortes de Apelaciones en estos episodios delictuales. En ambos transformaron una injusticia en justicia.