RAYOS X A LA VIOLENCIA


VOXPRESS.CL.- A sólo días del híper fin de semana electoral, la ciudadanía se encargó de enviar una clara señal de advertencia a la clase política y, en particular, a la izquierda dura, respecto al error de incluir a la violencia como adición a las demandas sociales. De paso, la gente calificó como “una gran preocupación” para los próximos diez años la corrupción en partidos y parlamentarios.


Es, precisamente, un sector de la clase política la que, no hace mucho, rechazó la idea de legislar para condenar la violencia en las manifestaciones sociales, vandalismo que indujo a un número importante de la población, un 47%, a rechazar su utilización como parte de una mal interpretada libertad de expresión.


Dicha cifra fue recogida por una encuesta realizada por dos entidades investigadoras –EP e IPSOS-, entre diciembre y enero, para evaluar diferentes tópicos de interés para la ciudadanía. Lo más llamativo, por lo sorprendente, fue el aumento de quienes rechazan la violencia como “elemento de protesta social”, ello comparado con un sondeo anterior, realizada poco después del Golpe del 18/O.


Debe recordarse que luego de aquel intento de derrocamiento presidencial, hubo cinco meses de permanente violencia en su máxima expresión, la que sólo fue contenida por la aparición del virus en el país. Con los activistas en prisión preventiva o expulsados del territorio, y con el auxilio de larguísimas cuarentenas, el clima de beligerancia se ‘relantizó’, hasta que se rearticuló bajo la denominación de “luchadores sociales”, trasladándose el escenario desde Plaza Baquedano a las proximidades de La Moneda. Más tarde, la actividad vandálica volvió a instalarse en la rotonda hasta que los revoltosos consiguieron su objetivo de que la estatua del general héroe de la Guerra del Pacífico fuese removida del lugar.


El cacareado y manoseado envió del tercer retiro de pensiones al Tribunal Constitucional, puso de inmediato en marcha un ejercicio similar al del 18/O, pero su acción terminó siendo aplacada por los acontecimientos políticos que derivaron en la rendición definitiva del Presidente de la República. Ello demuestra que la violencia continúa presente y, más grave aún, hay un 36% de la ciudadanía que la justifican y la estimulan: se trata de los ámbitos controlados, dirigidos y financiados por el PC, por el PS y por el Frente Amplio, las colectividades que, presencialmente, siempre han estado en la primera fila de los demoledores disturbios callejeros y que, por estos días, cruzan los dedos para que los votantes del próximo fin de semana, no les pasen la cuenta.


La indagación de IPSOS se realizó a través de una encuesta online a mil personas mayores de 18 años en los principales centros urbanos del país. Ante la pregunta “¿cree usted que los chilenos somos una sociedad violenta?”, el 58% de los encuestados respondió que sí. Pese a dicha percepción, el 71% de las personas considera que “la violencia es negativa para el movimiento social, ya que desvía la atención de las legítimas demandas sociales”.


Esta cifra es superior respecto al mismo sondeo realizado en 2019, cuando un 60% condenó la violencia como mecanismo de protesta. Además, bajó el porcentaje de quienes estiman válido hacer barricadas para expresar sus demandas: el rechazo pasó de un 40% a un 49%.


Algo similar ocurrió con el porcentaje de quienes están de acuerdo en que todo proceso de cambio requiere algún grado de violencia: la baja fue de 48% a 36%.


En cuanto a la percepción de grados de violencia, aumentó el porcentaje de quienes creen que las siguientes acciones son las más vandálicas: los saqueos (77% a 81%), cortar las calles con barricadas e impedir el tránsito (50% a 57%) y saltarse los torniquetes del Metro (49% a 55%).


Complementario a lo anterior, resulta interesante comprobar cuáles son las reales preocupaciones de la población, las que, por sus propios intereses, suelen ser manejadas a su amaño por la clase política. Frente a la consulta de cuáles cree que serán los principales problemas para los chilenos en los próximos 10 años, las respuestas fueron éstas: delincuencia e inseguridad ciudadana, servicios deficientes de salud pública, el desempleo, las bajas pensiones y la corrupción en la clase política, sin embargo ninguno de estos tópicos con porcentajes tan altos como los que condenaron el uso de la violencia para acompañar las demandas propias de toda sociedad.


Son cifras que, al margen de los mensajes que implican a sus destinatarios directos, resultan oportunas en la víspera de comicios cuyos candidatos han llegado hasta la ridiculez en su ilimitada gama de ofertas a la clientela electoral.