QUE SE VAYAN TODOS


VOXPRESS.CL.- De partida, hay que dejar patentado que este proyecto de un grupo de diputados de izquierda, encabezados por el regionalista verde Jaime Mulet, no tiene asidero ni destino alguno, porque carece de apoyo, incluso, de la mayor parte de su sector. Categóricamente, puede decirse que la iniciativa de adelantar para abril las elecciones presidenciales y, de ese modo, conseguir que el actual Mandatario se vaya casi un año antes de concluir su período normal, nació muerta. Sin embargo, la sola presentación de esta reforma constitucional ya dio la vuelta al mundo, generando un daño a la imagen del Jefe de Estado y genera la duda de que tambalea la estabilidad del país, con el efecto que ello origina en las siempre celosas clasificadoras de riesgo.


La propuesta impulsada por Mulet (FRVS) y por uno de los vicepresidentes de la Cámara de Diputados, Rodrigo González (PPD), y firmada, también, por parlamentarios del PR, PS, PC e independientes-, surgió –en rigor- como reacción a la decisión del Mandatario de acudir al TC para esterilizar el acuerdo de un seguro retiro desde las administradoras de pensiones y por la moción que deja sin efectos la ley de pesca.


‘Oficialmente’, el diputado González fundamentó este proyecto de reforma constitucional en que “el Parlamento y el Ejecutivo han perdido legitimidad y representación; la sociedad chilena, desde octubre y con el resultado del plebiscito, ha cuestionado profundamente la institucionalidad política y se requiere un cambio profundo de ella”.


Visiblemente incómodo por este mensaje que atañe a su deficitario Gobierno, el Presidente replicó que “el 2017, la ciudadanía eligió libre y democráticamente a un Presidente por un período de cuatro años y, por tanto, pido a todos que respetemos nuestra democracia y nuestro Estado de Derecho”.


Para aminorar en algo el impacto que la iniciativa puede provocar en la ciudadanía en cuanto al fracaso del Gobierno, desde La Moneda se organizó rápidamente una reacción colectiva de parlamentarios de Chile Vamos, uno de los cuales calificó la idea de “Golpe blando”…Si se concretara una reforma constitucional en dicho sentido, claramente no se estaría frente a un Golpe, sino ante un juzgamiento a la gestión presidencial, respecto a la cual hasta parte considerable de la centroderecha la censura.


No existen precedentes en el planteamiento de una reforma constitucional para que el Presidente en ejercicio deje, formal y oficialmente, por anticipado el cargo. Los antecedentes más próximos de eventuales dejaciones del cargo corresponden, ambos, a Michelle Bachelet: en su primera administración, a los tres meses los caudillos de la (ex) Concertación debatieron sacarla y en su segundo período, ella misma planteó dicha posibilidad, luego del escándalo inmobiliario causado por su ex nuera.


Uno de los autores del proyecto, el diputado Rodrigo González, afirmó que “tanto el Congreso como el Ejecutivo están deslegitimados”, y, por consiguiente, en el evento de que tuviera que irse alguien, tendrían que ser todos, y al mismos tiempo, y ello no lo consigna esta propuesta de reforma constitucional.


Es interesante el argumento de “deslegitimación” del Ejecutivo y del Parlamento planteado por uno de los artífices del proyecto, porque es totalmente cierta dicha apreciación, porque tanto uno como el otro han perdido su validez, al distorsionar su concepción original: el Ejecutivo, al abdicar tras el 18/O, renunció a la defensa de la Constitución y, con ello, le entregó parte de su exclusiva cuota de poder al Congreso, pero al Congreso opositor, y éste, a su vez, sin facultades para ello, pasó a direccionar el dominio total. Es lo que, en su momento, se anunció y se llevó a cabo: el Parlamentarismo de facto.


Llega a ser pavoroso cómo el Presidente apela, ahora, a la misma Constitución sobre la cual escupió y es una inmoralidad que los legisladores prediquen una “hoja en blanco”, siendo que a la Carta Magna la tienen llena de borrones y correcciones por la infinidad de artículos transitorios insertados en ella hasta la fecha.


Es ridículamente evidente el incansable empeño de la izquierda por sacar al Presidente desde La Moneda. Primero lo fue con el devastador Golpe extremista del 18 de octubre, episodio en el cual más cerca estuvo de la renuncia obligada: después, en teoría, debía irse en caso de no aceptar el cuchillo al cuello que le puso la oposición con el ficticio y engañoso Acuerdo de Paz y, ahora, intenta ‘constitucionalmente’ adelantarle la entrega del poder.


En esta sucesión de hechos que lo han tenido a él como protagonista exclusivo, hay que distinguir entre el trigo y la paja. Su Gobierno, en rigor, ha sido políticamente un desastre por su enfermizo personalismo, al punto de que su tradicional clientela electoral, a estas alturas, no lo considera su Presidente. Ni siquiera ha violado la Constitución, artilugio costumbrista para justificar destituciones, porque lo que ha hecho es, simplemente, ignorarla, no aplicarla, hasta ahora en que le tocaron su propio bolsillo.


En un supuesto imaginario que esta iniciativa llegase a prosperar, tendría que abarcar, sí o sí, a los parlamentarios. Es entendible que de este Gobierno se esté decepcionado, pero, peor aún, del Congreso Nacional se está asqueado. Si hay que irse, que lo hagan todos.