¡QUÉ BONITA VECINDAD!


VOXPRESS.CL.- Por lejos, la reciente encuesta del CEP, la más amplia y detallada de cuantas se realizan en el país, estableció que casi unánimemente, el principal problema que sufre la población es su inseguridad y su tormentosa existencia bajo la amenaza de una agresión, un asalto, un robo y, peor aún, de la pérdida de su vida.


La inseguridad ciudadana incluye un paquete de acciones delictivas, que van desde el terrorismo rural en un gran territorio del sur, hasta el accionar de bandas de narcotraficantes, pasando por los habituales delitos de balaceras callejeras, encerronas y portonazos. En relación con gobiernos anteriores, el delito generalizado durante los cien días que lleva éste, se ha incrementado en un 140%. Record absoluto, que tiene explicaciones y encuentra sus causales en el propio pacto Apruebo/Dignidad que, con descaro, nos rige.


En una gran proporción, muchos de quienes se dedican al delito común en calles y viviendas, son los prematura y bruscamente ‘jubilados’ de su remunerado ‘trabajo’ de luchadores sociales, esto es, primera línea, expertos en saquear, incendiar, levantar barricadas y elaborar Molotov, con experiencia en enfrentarse y desafiar a Carabineros.


Como el Gobierno no les cumplió la promesa de que a partir de marzo de este año vivirían como dependientes del Estado sin necesidad de realizar labor alguna, entre decepcionados y desencantados tuvieron que buscar algún medio de sustento en la delincuencia común. El promedio de edad de estos malhechores da cuenta de que son los mismos vándalos que casi arrasaron con Chile el 2019.


Otra ala de cesantes de la lucha social callejera halló rápido cobijo como ‘soldados’ de la cada vez más numerosa operación de bandas narco, tanto criollas como extranjeras. Al respecto, debe ponerse mucha atención en un proyecto radicado en la Cámara de Diputados y que se encuentra atascado “por falta de votos” para aprobar la obligatoriedad de exámenes antidrogas para todos los parlamentarios. Hace años que varias iniciativas al respecto no han prosperado, y la mejor prueba de ello es que dos entonces diputados, Gabriel Boric y ¨Flor Motuda’, revelaron haber sido consumidores, al menos “de hierba”.


Resulta hasta comprensible que los legisladores -algunos, por cierto- no quieran saber del combate al tráfico de drogas, porque, simplemente, se quedarán sin abastecimiento para sus propias necesidades.


La ‘solución’ propuesta por el Presidente para terminar con la arrolladora presencia del narcotráfico es una ley que prohíba las armas en manos de civiles…No volvió a tocar el tema desde que le advirtieron que no serán precisamente los narcos quienes correrán a entregarlas y, es más, sepultarán vivos a quienes se les acerquen con ese propósito.


En el caso de la violencia terrorista en territorios de Bío Bío y Malleco, la autoridad encargada de reprimirlo, sencillamente ha tenido una conducta escandalosa de solidaria, al decretar consecutivamente, y contradiciendo sus propios deseos, dos Estados de Excepción acotados, esto es, que las Fuerzas Armadas están impedidas de enfrenten a los subversivos. Su “vigilancia” se remite a recorrer la ruta 5 sur, siendo que el desplazamiento de guerrilleros encapuchados se remite a caminos interiores, donde se hallan las instalaciones de las forestales y se encuentran predios de “capitalistas”, como el incendiado fundo del presidente de la CPC, Juan Sutil.


Cuando al Delegado Presidencial en la zona se le consultó por qué los uniformados no recorren esos sectores rurales, respondió -textual- que “ésa es la idea, que no se vean”…


La inepta ministra del Interior, apuntalada por todos lados por el PS, anunció que “hemos incrementado las labores de inteligencia”, justo el día en que varios piquetes terroristas incendiaron máquinas en Curanilahue y cortaron cinco rutas interiores cerca de Cañete, sin que nadie los interceptara.


Una empresa forestal afectada, con su propio trabajo de inteligencia, le exhibió al Gobierno una completa filmación con drones, consignando desde donde procedieron hasta los detalles del masivo ataque.


Nunca será repetitivo recordar que estas organizaciones políticas terroristas existen desde 1994, cuando fueron creadas con el personal patrocinio de la entonces secretaria general del PC, Gladys Marín. Resulta obvio, entonces, que estando dicho partido en la coalición de Gobierno, éste no quiera extinguirlas ni menos acercarse amenazadoramente a ellas.


A su ‘proyecto’ de erradicar al terrorismo en La Araucanía, la ministra del Interior lo llama “Buen Vivir”, más que un sarcasmo, toda una burla para decenas de miles que día y noche sufren de miedo, si es que no han tenido, ya, que huir de tan devastada zona.


Como guinda en la torta para consumar días tan horribles para el Gobierno -que ya lleva en su cuenta dos carabineros asesinados-, varios de sus ministros protagonizaron un atentado contra la más elemental de las inteligencias, al decretar una original cuarentena para millares de escolares, argumentando un atochamiento en las camas pediátricas de los hospitales a causa del virus sincicial.


Una de las tantas ministras de pésimo desempeño en el gabinete, Begoña Yarza, de Salud, se hizo parte de una solicitud del COLMED, donde mandan los ex compinches de Izkia Siches, de evitar que los niños sigan yendo a las escuelas, según la entidad, foco de contagios. Ella, por su cuenta, anunció que, por tal motivo, se alargaban en una semana las vacaciones de invierno, partiendo el 1 de julio. La decisión originó la inmediata protesta de miles de madres por no tener con quién dejar a sus hijos en casa a falta de clases presenciales, a lo cual ella replicó que los establecimientos estarían abiertos en esa semana adicional para que los menores, igual, concurriesen a desayunar y almorzar. Con ello, dicha decisión dejaba todo en fojas cero, porque igual los escolares se concentrarían en sus locales.


Furioso arremetió el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, quien anunció, formalmente, que “los niños, durante la primera semana, deben estar obligatoriamente en sus casas”, decretando por su cuenta una peculiar cuarentena que ya parecía olvidada.


Las madres al cuidado de sus hijos, volvieron al ataque, y fue en ese momento cuando salió a defenderlas la ministra del Trabajo, Jeanette Vega, quien ordenó a los empleados que en estos casos, las con responsabilidades laborales debían desempeñarlas online, so pena de multas a quienes transgredieran la ordenanza.


Reaccionaron las madres, reclamando que una mayoría de ellas carece de computadores y que casi la totalidad ejerce labores imposible de realizar online, como son todo tipo de servicios en hogares y comercio.

Todo quedó ahí, sin trabajos online, con menores sin desayuno ni almuerzo y con los hospitales igual de estresados por el virus sincicial.


Son las consignadas, algunas de las muchas muestras que tienen a la comunidad harta por tener en la toma de decisiones a seres ineptos, incompetentes, incapaces y especialistas en perjudicarla, cada vez que pueden.


Ésta es, hasta el momento, la “gran obra” de un Gobierno que juró refundar a Chile, porque todo estaba malo.