PRIVILEGIO DE GOLPISTAS
VOXPRESS.CL.- Episodio casi olvidado o, quizás, ignorado, el 29 de junio de 1973, en medio de la agonía de la Unidad Popular, se produjo un intento de levantamiento militar, protagonizado por el regimiento N°2 Blindados, ubicado, entonces, en avenida Santa Rosa a una cuadra de Matta. La acción, por orden del Presidente Salvador Allende, fue sofocada por efectivos de otros cuarteles del Ejército, y el comandante de dicha unidad, Roberto Souper, fue apresado en el acto. El 18 de octubre de 2019, con el apoyo de la dictadura de Venezuela y con el directo protagonismo del Frente Amplio y el Partido Comunista, se dio el vamos a una revuelta destinada a derrocar al Mandatario de turno y destinada a implantar en Chile un régimen totalitario.
Dicha subversión, cuyo objetivo era poner fin a la democracia en el país, no fue reprimida y, obviando su evidente contenido político, se la consideró apenas un acto delictual, muy destructivo, por lo que se comisionó a Carabineros para “restituir el orden público”.
Para camuflar la real finalidad de esta asonada discurrida en Venezuela, la ultraizquierda la llamó “estallido social”, haciéndole creer a la población que se trataba de una reacción espontánea por el descontento de sectores “vulnerables” contra la gestión de los Gobiernos desde 1990 al 2019, cinco de ellos de la Concertación, hoy parte de una alianza oficialista.
Las consecuencias de la cobardía presidencial de entonces de no aplastar el Golpe, tal como se lo ordenaba la Constitución, están hoy dramáticamente a la vista, con una nación fracturada, basureada, polarizada al máximo y con un Gobierno derrotado y repudiado que sólo se dedica a anunciar el “irrenunciable cumplimiento! de su programa refundacional, el mismo que fue sepultado por una arrolladora mayoría ciudadana el 4 de septiembre. No obstante su parálisis e inefectividad, el gobernante PC logró imponerle al Ministerio del Interior que pagara “la deuda que el Estado tiene con las víctimas del estallido”, esto es, regalarles plata fiscal a los golpistas que hasta la fecha continúan con su empeño, aunque infértil, de imponer “un nuevo ciclo político”, obviamente con un sistema político al más puro estilo del marxismo clásico.
A los “golpistas del 11 de septiembre” que expulsaron al comunismo para reestablecer la democracia, se les persiguió, encarceló y se les hizo jurar de rodillas un nunca más. En cambio, a los autores de este otro Golpe no reprimido se les premia con pensiones vitalicias, repitiendo lo que ocurrió en 1990 cuando millares de allendistas fueron gratificados con bonos perennes y heredables hasta por haber perdido su trabajo en 1973.
Hoy más que nunca, resulta indispensable que, de una vez por todas, la ciudadanía asuma como corresponde los hechos del 18 de octubre y ponga cerrojo para siempre a un falso “estallido social”. Esta intentona golpista no fue una explosión espontánea, sino un operativo planificado en Caracas con la presencia exclusiva de representantes del Frente Amplio y del Partido Comunista.
La fecha elegida, el 18 de octubre, fue en venganza de un mismo día, pero de 1948, cuando el PC fue declarado ilegal en Chile.
Tras no concretarse el derrocamiento presidencial, exclusivamente gracias a Carabineros, Nicolás Maduro envió tres aviones para rescatar a los 300 activistas e instructores que envió a Santiago para agitar la rebelión. Se trató, entonces, de un masivo y coordinado acto de desobediencia civil, la cual es penada en la Constitución que regía en 2019 y que sigue vigente. El Derecho establece que ésta puede ser de omisión o de comisión, y se omite cuando se deja de hacer lo que ordena la norma, y se vuelve comisiva cuando se ejercen acciones prohibidas por la autoridad.
A partir del 18 de octubre, estos golpistas incendiaron estaciones del Metro para dejar a los santiaguinos sin medio de movilización, destruyeron centros de abastecimiento, quemaron buses del transporte terrestre, impidieron con barricadas y tomas la libertad de desplazamiento personal y del tránsito vehicular, saquearon locales comerciales, atacaron templos religiosos, asaltaron comisarías, utilizaron ácidos, cuchillos y fuegos artificiales --prohibidos por ley-- para neutralizar a la policía, y destruyeron y sustrajeron monumentos históricos.
Para coronar a estos “luchadores sociales” según el PC, el Departamento de Acción Social del Ministerio del Interior les otorgó el pago de pensiones de gracia en su condición de “víctimas de violaciones a los derechos humanos en el marco del estallido social”… Hasta el momento, son 367 los individuos que han recibido el beneficio, y cuyos antecedentes fueron aportados por el INDH. El monto del beneficio varía según “la gravedad” de las lesiones.
A juicio del INDH, son 3.400 las “víctimas” merecedoras de reparación y los fondos destinados al pago se incluyeron en la Ley Anual de Presupuesto, cumpliéndose, así, lo prometido por el Presidente Boric en su discurso pronunciado ante la última Asamblea General de la ONU.
El comunista INDH hizo pública su molestia porque Interior no consideró la “integralidad” del beneficio. Alega que las pensiones de gracia “no constituye un proceso de reparación total”, ya que “la víctima debería contar con componentes de justicia, restitución.., rehabilitación, satisfacción… y garantías de no repetición”.
Este último acápite no puede pasar inadvertido, pues es la confirmación de lo que han estado anunciando diferentes voceros de la ultraizquierda, y en particular el PC, en cuanto a que “hay que desarmar a Carabineros” para, así, dar luz verde a los “luchadores sociales”.
A raíz de los duros enfrentamientos y, específicamente, por su incansable resistencia frente a los desalmados revoltosos, 947 carabineros resultaron heridos. Dos de ellos con pérdida total de la visión, otro con amputación de uno de sus miembros, otros con quemaduras de diferentes grados y una veintena requirió de cirugías reparadoras por sus graves lesiones faciales.
Todos ellos, y los asesinados en el marco de la ola terrorista, simplemente no existen para el arbitrario modelo de derechos humanos concebido por el INDH y por la ONU.