PERFORADA LA ROCA


VOXPRESS.CL.- Gracias a una hábil estrategia de un abogado de la ONG Justicia y Reparación, al fin las víctimas del terrorismo en La Araucanía pudieron salvar el infranqueable muro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que, sistemáticamente, había ignorado, y desechado, sus solicitudes de hacer justicia.

Como todo ente internacional, la mayoría de los ministros de la CIDH son de izquierda, de tal modo que, sin disimulo y hasta con agrado, acogen a tramitación todo lo que vaya en esa orientación.

Es este organismo uno de los más celosos en cautelar los derechos de los mapuches, introduciendo en un solo saco a todos los indígenas de la región, sean trabajadores honestos y pacíficos, guerrilleros o narcotraficantes.

La Alta Comisionada y la CIDH son los que atemorizaron, a tal punto, a este Gobierno entreguista, que por un lado se condena a cárcel a carabineros “crueles y asesinos”, y por el otro, ni siquiera hay sospechosos ni detenidos por los crímenes de un cabo, de un inspector de la PDI y de dos agricultores.

En plena candidatura presidencial el 2017, el actual Presidente pronunció un discurso, muy encendido, en el cual criticó duramente a Michelle Bachelet por su incapacidad de poner fin al terrorismo en esa zona. Antes de concluir sus palabras, se comprometió, de ser electo, “a combatirlo y exterminarlo”. Todo Chile es testigo de que nada de ello ha ocurrido, y que el desamparo de las víctimas de atentados, incendios, robos, usurpaciones y todo tipo de abusos, se encuentra tal cual, y peor, que al momento de iniciar su gestión como Mandatario.

Empresarios agrícolas, las forestales y subcontratistas del transporte de La Araucanía, agotados de no tener respuesta del Estado y por la parcialidad de la justicia local, recurrieron varias veces a la CIDH en demanda de ayuda para defender sus derechos violentados, casi día a día. Sin embargo, nunca fueron notificados de la más elemental información al respecto, cual sería, al menos, un “ok, recibido”. La razón, está dicho, es clara: los destinatarios de las acusaciones son, precisamente, a quienes la Comisión Interamericana respalda y protege, hasta con descaro.

Por esa solidaridad ideológica, la CIDH no se hace cargo de investigar denuncias provenientes de “capitalistas” y “empresarios explotadores del pueblo mapuche”, y ello, obviando intencionalmente la infiltración comunista en las comunidades y la presencia indesmentible del narcotráfico al interior de ellas.

El abogado Christian Berndt discurrió una estrategia que eludiera la valla izquierdista de la CIDH, y patrocinó un requerimiento contra los asesinos del trabajador forestal Pedro Cabrera, quien murió tras ser atacado por ocho sujetos que quemaron su vehículo y le dispararon. La acción la presentaron tres operarios del Fundo Agua Buena, de Collipulli, que acompañaban a la víctima y que, ahora, para amedrentarlos, son objeto de amenazas de muerte por parte de encapuchados armados del sector. El libelo hecho llegar a la Comisión e inéditamente admitido por ésta, acusa al Estado (de Chile) de “no brindar protección a trabajadores y campesinos de la zona”.

Dos meses después de este asesinato, lo mismo se repitió en Victoria, donde el agricultor, Orwal Casanova –dirigente vecinal de la UDI-, alertado de una 'toma' en su predio, acudió a él y fue ultimado de un tiro en la cabeza.

La Fundación Justicia y Reparación informó que hizo llegar todos los antecedentes de esta acusación a la Cancillería, la que de hecho será requerida por la CIDH para que aporte antecedentes al respecto. Éstos no son responsabilidad de RR.EE., sino del Ministerio del Interior, el cual, a pesar de la rotativa de cuatro titulares, se ha limitado al invariable anuncio que “todos los hechos los ponemos en manos de la Justicia”…El actual jefe de Gabinete tuvo la mala idea de viajar a solidarizar con el entorno del último agricultor asesinado y, al margen de insultos, recibió una poco amistosa invitación a retirarse del lugar “por inútil”.

El abogado Berndt calificó la admisibilidad de la CIDH como “algo histórico e inédito”, aclarando que el objetivo de la acción es “mostrar que existen grupos armados, cualquiera sea su origen, y que éstos amenazan la vida y la integridad de humildes trabajadores agrícolas. No estamos defendiendo intereses de gremios ni de empresas, sino los derechos humanos de las víctimas individuales”, una vía que esquiva el prejuicio ideológico de los jueces de la Comisión, y que, con un poco de más viveza, pudo haber utilizado el Gobierno ante una Justicia muy menor, pero prejuiciosa, como es la de La Araucanía.