PEOR QUE LA PESTE

VOXPRESS.CL.- Se ha cumplido un año del más de los recurrentes temas de conversación de los chilenos, la epidemia del corona virus, pero llevamos más de tres décadas discutiendo acerca de exterminar la delincuencia, pero ésta, en lugar de ser controlada, se incrementa y se desmadra de todos sus cauces.

Bajo esta perspectiva, el más elemental de los diagnósticos apunta a que más temprano que tarde, la peste terminará por ceder, en cambio la delincuencia continuará escalando. La razón: al menos en Chile, su sanguinaria evolución es absolutamente inmanejable.

El asesinato de dos menores el mismo día a causa de balas producto de las muy de moda ‘encerronas’, una en Maipú y la otra en Huechuraba, reactivaron ásperamente una polémica oportunistamente política, pero sin solución, vigente desde 1991 a la fecha.

Para refrescar la memoria de la gente joven, la delincuencia feroz era tan escasa, que, cuando ocurría, motivaba verdaderas sagas larguísimas en los medios de comunicación que difundían tales episodios como si se tratasen de teleseries. Hoy, ello es imposible, porque la población se tutea con los malhechores en las esquinas de sus barrios con miles de víctimas, fatales muchas, a cualquiera hora del día, incluso con toque de queda. Un informe oficial del Gobierno da cuenta que el 80% de los habitantes revelan haber sido víctimas de algún tipo de ataque por parte de un antisocial.

El país ha superado crisis de institucionalidad, intentos subversivos, maremotos, erupciones, inundaciones, recesiones, aluviones, líos internacionales y la invasión de todo tipo de virus, pero no ha podido frenar la delincuencia, culpándose, por anchas o por mangas, al Estado como un incapaz de responder a tal exigencia. Sin embargo, son tantos y tan diversos los factores involucrados en el incremento de la maldad social, que, dadas las características del chileno, resulta casi fantasioso poder combatirla ya mismo, mañana y pasado mañana.

Por la subyugante veneración a los derechos humanos, la delincuencia, incluso la más cruel y brutal, no se puede enfrentar frontalmente –como lo hizo Bolsonaro en Brasil, el ahora innombrable en La Moneda-, sino hay que hacerlo con gran prudencia legal, por ende, a través de leyes ad hoc que fijan el proceder. Siempre, tras asaltos con consecuencia de muerte, surge la polémica porque tal o cual ley lleva años esperando ser aprobada en el Congreso, como si ésa, u otra en particular, sea la panacea. Toda norma legal conocida y por conocer establece cómo actuar, pero se llega sólo hasta ahí, siendo que prevalecen los agentes dispuesta a violarla y otros no dispuestos a hacerlas respetar, que es el caso específico de Chile.

La primera gran responsabilidad de este descomunal incremento delictual le corresponde a los legisladores -senadores y diputados con nombres y apellidos- que aprobaron la Reforma Procesal Penal durante el Gobierno concertacionista de Frei Ruiz-Tagle. En dicha innovación, por muy malvado que sea, se presume que el victimario es inocente y se le pone a disposición un abogado defensor gratuito. Esto es, el hacer justicia parte al revés, garantizando una supuesta inocencia del autor, dejando en completa indefensión a su víctima.

Ésta, y no otra, es la razón de que delincuentes reincidentes pululen por las calles sin cumplir condenas. Los jueces, por ceñirse a este ‘garantismo’, les fijan medidas cautelares ridículas, como el arresto domiciliario: en la misma noche de la sentencia, ya no están allí y se esfuman para seguir haciendo el mal.

No pocos magistrados optan por no enviarlos directamente a prisión por el congestionamiento de los recintos penales. En el caso de los menores, mayoritariamente protagonistas de asaltos a automovilistas, la UNICEF le prohibió a Chile encasillarlos como ‘objeto de pena’, y jovencitos, casi niños, participantes en acciones criminales, son entregados en custodia a sus familias, la casi totalidad de ellas también delincuentes. Un dato que lo aclara todo: el 40% de la población penal en Chile pasó por ‘servicios’ del SENAME.

Centenares de recintos cerrados públicos llevan meses inactivos a causa de la epidemia y, perfectamente, podrían ser utilizados como cárceles provisorias, custodiadas por personal de Gendarmería, con la misma simpleza con que se utilizan para la peste las residencias sanitarias. Sería ésta una vía para sacar en el acto desde la calle a los delincuentes sin importar la edad, y rogando para que el Instituto de Derechos Humanos no salga a protegerlos.

La gente, y con razón, reclama que falta vigilancia policial para prevenir la ocurrencia de actos delictuales. Resulta que Carabineros recién se está volviendo a enfrentar cara a cara a los asaltantes, porque, tras el 18/O, se le inhibió y se le coartaron muchas de sus facultades por presiones del socialismo internacional y de organismos de derechos humanos: proyectil que salía desde una de sus armas significaban el sumario y la baja del funcionario. En un 50% disminuyó el interés ciudadano en ser policía uniformado, por hallarse permanentemente acosado por parte de la autoridad encargada de respaldar su actuación. Ni un milagro podría sustituir la escasez de vigilancia en cada esquina de los barrios.

Este rebrote del debate, involucra, casi mecánicamente, a la Ley de Armas que lleva tres años aguardando por su futuro en el Congreso. Hacer más controlada la posesión de ellas por parte de la población, es lanzar un vaso de agua al Océano, porque los delincuentes se abastecen de sus ‘herramientas de trabajo’ de modo ilegal, directamente desde el extranjero, donde el mercado es amplísimo y dispuesto a todo con tal de vender. Debería, entonces, partir por “hincar el diente” al contrabando, a las aduanas y a los pasos fronterizos. Así todo, parece iluso pensar que ése sería un buen comienzo, cuando ni siquiera se puede controlar el ingreso clandestino de personas.

La ley vigente, anticuada y garantista, le ofrece más derechos al delincuente que a la víctima, desde el momento en que a ésta le pone innumerables trabas en el caso de que recurra a su derecho a defensa personal. Es hora, de acuerdo a la gravedad de los sucesos, que se amplíe el radio de acción para auto protegerse y sentir, así, algún mínimo respaldo quienes, con coraje y valentía, se atreven a defender lo que es suyo.

El componente humano de la delincuencia tiene, si es que tiene, menos opción de remedio que los instrumentos y mecanismos para enfrentarlo. Si en rigor se trata, en su mayoría, de exponentes de la vulnerabilidad social, no hay que atribuirla a ella, porque hasta en los campamentos de extrema pobreza existen seres honestos y decentes. El delincuente es, en primer lugar, producto de un hogar descompuesto o en proceso de descomposición, desertor de la educación básica, un ocioso conquistado desde su precocidad por las drogas. Su círculo de vida es elementalmente reducible a hacerse de bienes ajenos para reducirlos, obtener dinero y financiar, así, sus adicciones. En ese afán, exhiben una frialdad asombrosa que los induce a matar casi como si se tratase de un juego.

Buscar una solución rápida o redactar una ley corta para combatir la delincuencia no es cuestión de días ni de meses. Chile ha topado fondo en esta materia, e indudablemente tiene que poner mano a la obra en cuanto a gestión en terreno más que en el Parlamento y, y no seguir centrándolo todo en la pura necesidad de “redoblar la vigilancia”, porque ésta es, y será, estéril en la medida en que no se aborde un plan apolítico con coraje, valentía, sin temor al qué dirán y no mirando al adversario ideológico antes de proceder a acciones prácticas e inmediatas.

Se sabe de los esfuerzos cotidianos de las policías por decomisar la droga que, en cantidades grandiosas, entra al país o es elaborada aquí para su exportación. Pero la lucha contra los estupefacientes y contra el consumo no se está ganando, ni mucho menos, cuando de por medio hay poderosas mafias internacionales que manejan, y reparten, miles de millones de dólares.

Aunque somero, este repaso de antecedentes que inciden directamente en la delincuencia, permite comprobar, una vez más, que gobernantes y legisladores se vanaglorias de sus políticas de Estado, pero en ellas suelen no ver más allá de sus narices. Cada vez más se hunden en su error elemental de creer que las leyes lo arreglan todo, y ello, al menos en Chile, es una utopía, ya que siempre anteponen el interés partidista y, en buena parte de los casos, su ilimitada ignorancia.

Ejemplo, y muy casero de ello, es que la siempre regia, elegante y telehigiénica Subsecretaria de la Prevención contra el Delito, lleva un año integrada al equipo de Salud por el virus, luciéndose en cada ocasión, en lugar de estar abocada ciento por ciento a esta otra peste, mayor, más dañina y cruel, y cuya fecha de extinción ni siquiera se divisa en el infinito.