OTRO LLAMADO AL AIRE
VOXPRESS.CL.- “La Araucanía sufre la violencia en manos de desalmados; distintas familias sufren la pérdida de una casa, galpones o maquinarias. ¡Hasta cuándo estos sujetos seguirán haciéndole daño a nuestra Región!”. Estas llorosas lamentaciones no corresponden a uno de los centenares de afectados por el terrorismo en La Araucanía, sino al Intendente regional, Víctor Manol.
Resulta increíble que a estas alturas del conflicto originado por los comuneros comunistas desde Arauco a Los Ríos, pasando por Malleco y Cautín, la actitud del representante del Gobierno en la zona más violenta del país, sea la de compadecer a sus habitantes en lugar de haber alentado una acción de real combate para exterminar al narcoterrorismo que domina a sus anchas allí.
Aunque el escenario de violencia rural ha ido drásticamente en ascenso, es cada vez menor la incidencia del Ejecutivo en un mínimo intento por poner término a la subversión extremista en la zona. Ante cada ataque o asesinato, desde La Moneda sale una voz repetitiva y sin crédito que dice “llevaremos a la Justicia a los autores”, cuidándose de no identificarlos, pero ello casi nunca ha ocurrido. Sabiendo todos de quienes se trata, el representante presidencial en La Araucanía los llama “desalmados” y “desconocidos”, siendo que todo Chile, y el socialismo internacional, en su conjunto saben perfectamente quiénes son. Los hechos ocurridos en los últimos días de febrero, una feroz escalada de incendios de propiedades privadas, indujeron al Presidente de la República a llamar a un gran Acuerdo Nacional “para terminar con la crisis”. Siempre mendigándole al enemigo político, este supuesto Acuerdo al que convoca el Ejecutivo involucra que sus adversarios tengan la buena voluntad de aprobarle leyes que ayudan a agilizar la Justicia y las herramientas para combatir al terrorismo.
Esta descomunal ola de atentados remitió al Intendente a anunciar que “estos atentados se hallan todos en proceso de investigación”, como si ello llevase a reflexionar a sus autores, todos integrantes de una guerrilla militarizada que suma a su haber el asesinato de un cabo de Carabineros, un oficial de la PDI un dirigente agrícola y a un trabajador forestal.
Micaela Becker es hija de Carolina García, la propietaria de la casa patronal del fundo Miraflores de Lautaro. Ella fue testigo del intento de los terroristas por quemar viva a su madre, antes de que la construcción se incendiase íntegramente, tras el asalto.
En una misma jornada, los guerrilleros comunistas saquearon y prendieron fuego a un galpón con maquinaria en el fundo Vaca Sagrada de Radal, y, luego, en el campo El Crucero redujeron a chatarra siete vehículos de trabajo, en el cual dejaron panfletos que, tras peritajes, pueden permitir la identificación de los autores. Pese a que no es primera vez que existen abundantes pruebas, ‘casualmente’ nunca se da con el paradero de los asaltantes.
En una astuta movida, tras los ataques, el presidente de la CAM, patrocinadora de la subversión, envió una carta al Mandatario, invitándole a conformar una mesa de trabajo “para lograr la paz”, pero ello, siempre, sobre la base de la recuperación de tierras demandadas por los comuneros comunistas.
Según la Fiscalía, indaga -al 20 de febrero-, 22 incendios intencionales asociados a violencia rural, más del doble de episodios a la misma fecha de 2020, cuando se registraron 8. Durante el 2019 se consignaron 311 hechos violentos, correspondiendo 121 a incendios. En 2020, esta cifra se elevó a 172, ahora agregándole el uso de explosivos y de armamento pesado.
Es éste, el de La Araucanía, el fracaso de mayor connotación del Gobierno, siendo que fue su prioridad, al anunciar -en marzo de 2018- que la solución al conflicto sería uno de los pilares de su gestión. Acosado por el pánico a la oposición interna, a la Alta Comisionada de la ONU, al CIDH y al INDH, el Jefe de Estado borró de su memoria un encendido discurso suyo en contra de la entonces Presidenta socialista Michelle Bachellet, acusándola de cobardía por no atreverse a exterminar el terrorismo en la zona. Ella lo hizo por solidaridad política con los comuneros subversivos, en tanto la inacción de él responde a una falta de compromiso con el país y con la institucionalidad, privilegiando su propia tranquilidad, velando por su permanencia en el cargo y traicionando su propia agenda de campaña.
Quien otro que no fuese él quien dio la orden a las policías y al Ejército, con plenos poderes en Estado de Excepción, de no usar sus armas: un soldado recibió un balazo en su casco, pero su patrulla no pudo responder.
La propia ONU tiene un documento oficial en el cual se condena al terrorismo y dicha declaración universal debió ser invocada como respaldo para una indispensable y urgente operación de exterminio. Con el terrorismo jamás alguien ha podido dialogar para llegar a un acuerdo que permita un cambio en su criminal conducta, de tal modo que es de estúpidos imaginar que los guerrilleros dejarán de actuar porque alguien se los pide.
El anunciado Acuerdo de Paz para poner fin a la violencia en La Araucanía no es más que ganar tiempo, con un lavado de imagen política que no convence a nadie. Si ya en el propio Congreso Nacional hubo fuerzas que se opusieron a votar a favor de una ley que condenase la violencia, resulta más incomprensible repetir ese llamado a quienes, se sabe, no concurrirán a solución alguna sobre la materia, porque, y también es de conocimiento público, están detrás de estos extremistas que continúan devastando a La Araucanía.
Desde que asumió en marzo de 2018, el Presidente inició su peregrinaje en busca de acuerdos, ojalá nacionales, y no le ha resultado ninguno. Él, mejor que nadie, sabe que la suya es una estrategia, pobre y dilatadora, que no se consumará jamás, porque los terroristas no dialogan, sólo actúan.
Y no son terroristas sólo quienes actúan bárbaramente en terreno, matando, incendiando y saqueando. También lo son quienes azuzan sus acciones, las respaldan y las financian, y ésos están instalados, casi cruelmente, en el espejo de la República: el Congreso Nacional.