MAESTRAS DEL ENGAÑO
VOXPRESS.CL.- Deben ser éstas, las del próximo domingo 21, las elecciones en que las encuestas políticas han mostrado su peor cara, instando, con sus ligeros análisis, a una confusión de los ciudadanos, ello gracias a la instrumentalización que de sus zigzagueantes conclusiones hacen los medios de comunicación y, en particular, el grueso número de comunicadores al servicio de la izquierda. Este engañoso, y mal intencionado, sistema de sondeos de opinión ha sido, reiteradamente, puesto en dudas en la casi totalidad de los países democráticos donde periódicamente se realizan elecciones libres e informadas.
Al menos en Chile, con excepción de la CEP, las encuestas políticas son telefónicas, supuestamente al azar, con un campo de exploración que oscila entre las 700 y las 1.000 personas; en algunos casos, la consulta llega a las 1.500. Aunque tampoco confiable un ciento por ciento, la única encuesta a la que se le puede asignar una cuota importantes de credibilidad es aquélla realizada cara a cara, y en las cuales las preguntas incluyen comentarios del consultado.
Este método telefónico tan ligero y poco convencional, es el que ha llevado a las empresas encuestadoras criollas a errores sustanciales. Sin ir más lejos, en la primera vuelta presidencial de 2017, aparecía casi no marcando puntos la candidata del Frente Amplio, Beatriz Sánchez, y estuvo apenas a dos puntos de desplazar para la segunda ronda a Alejandro Guillier. También, y para la misma oportunidad, antes de la votación pronosticaron que, aunque leve, la carta de la entonces Nueva Mayoría estaba por delante del actual Presidente. Éste se impuso por paliza.
Una conocida transnacional dedicada a los estudios de mercado, después de las elecciones del 2017 decidió cerrar su área de sondeos políticos, y desapareció de escena quien, por años, estuvo a su cargo, transformándose poco menos que en un gurú electoral.
En fecha muy reciente, y aún fresca como para olvidarla, las mismas empresas encuestadoras que semana a semana informan de las alzas y bajas de los actuales candidatos, por meses presentaron como triunfadores de las primarias y seguros competidores de segunda vuelta a Joaquín Lavín y Daniel Jadue. Ninguno logró imponerse, y aún más, el primero de ellos, un ex alcalde UDI, durante dos años fue identificado como “el político chileno mejor evaluado”. Poco antes, habían pronosticado que la mejor posicionada para ser Presidente de Chile era…Pamela Jiles.
Las encuestas, en la medida en que se realizan con más frecuencia y celeridad, carecen de un respaldo de certeza, porque el consultado sólo se limita a apretar un número de su móvil telefónico, no existiendo la mínima posibilidad de corroborar la sinceridad de su opción. Es ampliamente conocida, y difundida, la técnica de la “intervención” urdida por los partidos, en particular por el PC, todo un maestro en esta materia: la preferencia marcada es un candidato adversario sólo para “inflarlo” y producir una gran desorientación en el sector rival.
Fue el PC, utilizando este tipo de “intervención”, el que frenó la postulación de Ricardo Lagos el 2017, obligándolo a bajar su candidatura.
Aunque todos conscientes de su nula certeza y poca credibilidad, en las últimas semanas se ha advertido un creciente y arbitrario interés en ellas, en la medida en que marcan el descenso “en la popularidad” de un candidato en particular. Una conductora de TV abierta llegó a plantear que “debe bajarse” y un desclasado animador de una señal del cable, pronosticó que “así como van las cosas, pasarán a segunda vuelta los dos candidatos de la oposición”…
Este interesado y arbitrario manejo de los desconfiables datos de las encuestas, llevó a la mesa de la Cámara de Diputados a reactivar un proyecto de regulación de las encuestas políticas para aminorar sus efectos no acordes a la realidad y su mal aprovechamiento, en este caso puntual del periodismo, el cual casi en su totalidad está comprometido ideológicamente.
La Cámara revivió la tramitación de este proyecto regulatorio pero sólo para los períodos previos a elecciones. El texto establece el “endurecimiento de la normativa” sobre la divulgación de los sondeos, al fijar una serie de requisitos que se deberán cumplir y, también, propone reducir de 15 a 4 días la veda o silencio en la víspera electoral para la difusión de estudios de opinión.
El proyecto reactivado, sin embargo, no considera una indispensable abstinencia de vínculos de cualquier tipo de las empresas del rubro con algún sector del mundo político. Días atrás, un medio online reveló que la más fértil consultora para estas elecciones, tiene relaciones contractuales importantes con algunos ministerios y con uno en particular, donde su titular es pareja de un candidato a diputado. Según lo revelado por el sitio Interferencia, este 2021, distintas entidades del Ejecutivo “han contratado en 11 ocasiones a Cadem por $309 millones, siendo Secretaría General de Gobierno (Segegob) la que más veces ha solicitado sus servicios: 6 por $184 millones”.
El miércoles 20 de octubre, la Segegob encargó a Cadem, mediante compra por contratación directa, un estudio estratégico para “conocer las tendencias, conflictos y escenarios de la población”, ello a un mes de las elecciones presidenciales.
Interferencia denunció --en mayo-- que Cadem recibió la base de datos de millones de usuarios de telefonía celular, luego de una contratación que la Subtel hizo para medir la satisfacción del servicio…
El sitio web recuerda que dicha encuestadora posicionó a Pamela Jiles como presidenciable y en otro vaticinio anticipó un triple empate entre Daniel Jadue, Joaquín Lavín y Yasna Provoste.
Favorezcan a quien favorezcan y perjudiquen a quien perjudiquen, lo más grave de las actuaciones de las empresas encuestadoras es que generan desorientaciones y mueven al engaño a una ciudadanía, como la nuestra, indecisa e indiferente, que --dicen las consultoras— en un 27% no sabe por quién votará, como si todos los aspirantes representasen lo mismo y no existiese una radical y hasta temible diferencia entre ellos respecto al futuro del país.
Al menos para estas elecciones, las empresas del rubro, y algunas en particular, han sido muy dañinas y se han transformado en valiosa arma para los comprometidos manejadores de opinión de los canales de TV. Muy, pero muy tarde se ha reaccionado en regularlas, y, como se advierte, no en la dimensión requerida.