LOS TORNIQUETES, AYER Y HOY

VOXPRESS.CL.- Esta historia, necesariamente, hay que remontarla a los primeros días de febrero de 2019, cuando dos Presidentes sudamericanos –el colombiano y el chileno- acompañaron a los opositores al chavismo a introducir a la fuerza camiones cargados con ayuda humanitaria para los venezolanos sometidos por el régimen del dictador Nicolás Maduro.

Muy de cerca, y presenciando el intento, estaba el Jefe de Estado de Chile, instando al derrocamiento del dictador “por atentar contra la democracia y contra su pueblo”. Los forcejeos en la frontera venezolana/colombiana terminaron en fracaso, con algunos camiones con ayuda, incendiados.

Maduro no olvidaría dicha presencia del Presidente chileno. Cuatro meses después, convocó a una asamblea del Grupo de Puebla (ex Foro de Sao Paulo), a la cual asistieron diputados del PC y del Frente Amplio, quienes viajaron directamente desde Santiago. Al PS y al PPD ni se les informó de la reunión.

Entre varios otros debates, el grupo discutió acerca de cómo derrocar al Presidente chileno e implantar, de inmediato, una Asamblea (Convención) Constituyente. El apoyo financiero lo aportaría la narcocúpula venezolana, la que también ayudaría con el envío de activistas expertos en guerrilla.

En Chile, el mercado ferretero advirtió a autoridades de Gobierno que no sólo en la capital, sino en Regiones, repentinamente se habían agotado, y en forma simultánea, todos los productos químicos aceleradores de fuego. Nadie prestó atención a la advertencia.

De acuerdo a lo resuelto en la reunión de Caracas, la acción subversiva tenía que corresponder a algún pretexto de tipo social para iniciarla. A comienzos de octubre de 2019, un Comité de Expertos decidió alzar en $ 30 el valor del boleto del Metro, tras lo cual la ministra del MOP, Gloria Hutt (EVOPOLI) advirtió al resto que “esto va a traer consecuencias”. Nadie la escuchó.

Fue ése el momento justo para poner en marcha la subversión y para que Maduro cobrara su palabra de derribar el modelo neoliberal chileno, ello en respuesta a la “provocación y los insultos” que, según él, le profirió el actual Presidente.

Se le conoció entre el extremismo como “la señal”: decenas de alumnos del Instituto Nacional eludieron pagar sus viajes en Metro, saltándose los torniquetes de las estaciones. Pese a que el reajuste no consideraba la tarifa escolar, se les unieron miles de otros escolares durante varios días, hasta que llegó el atardecer del 18, cuando algunos de ellos y otros avezados activistas procedieron a la quema simultánea de la red del ferrocarril metropolitano y, al día siguiente, al incendio en las calles de los buses del TranSantiago para dejar sin transporte a la población capitalina.

Esos torniquetes de ayer están de regreso hoy: la presidenta de la Convención Constituyente, Elisa Loncón, aseguró que “hemos seguido, y seguiremos, saltando torniquetes para imponer lo que el pueblo exige en la nueva Constitución”.

De entre muchas de sus afirmaciones y de otras provenientes de los integrantes de su banda extremista, ésta es la más reveladora para certificar que, definitivamente, la Convención está actuando de modo ilegal. Para ella, los actuales torniquetes son los obstáculos que, a duras penas, le ponen los asambleístas que, en minoría y abusados, defienden a brazo partido el Estado de Derecho, la democracia y las libertades individuales.

Algunos datos de la encuesta CEP resultaron reveladores: son muchos los que se han sumado al rechazo e incluso al arrepentimiento por haber participado en los saqueos del 18/O, pero la Presidente de la Convención insiste en imponer la violencia, en este caso de su pandilla revolucionaria, modificando a su acomodo los reglamentos y hasta vulnerando la reforma constitucional que hizo posible esta Asamblea, ente casi idéntico al modelo concebido por Maduro para su Venezuela socialista.

Informado del Golpe extremista en Chile, el tirano celebró eufórico que “la cosa salió mejor de lo pensado y mucho más rápido; adiós sistema neoliberal y ahora a montar la Constituyente sólo con el pueblo”.

Es tan grande la arbitrariedad de esta pandilla preñada de odios, que ni siquiera se han tomado la molestia de condenar corporativamente a su ex vicepresidente Rojas Vade por haber hecho su campaña con fondos engañosamente conseguidos. Loncón se alegró de que el falsario continúe con licencia médica “porque así se cuida él y nos cuidamos nosotros”. Para ella y los suyos no hay una sola alusión a la responsabilidad ética y moral de aquél, quien, de paso, continúa recibiendo su millonaria dieta, “porque mi renuncia sólo se oficializará cuando esta opción sea incorporada a los Reglamentos”… Hoy entre las normas que rigen a la Convención, no existe causal alguna para que se marche.

Sin siquiera haber entrado al análisis de los contenidos de fondo, los extremistas ya tienen “cocinados” el fin de la libertad de enseñanza, el aborto libre, un país plurinacional sin serlo, una ilegal Consulta Mapuche y un modelo socialista de mercado, entre varios otros gustos que se quieren dar. A cómo dé lugar, presionan para modificar los quorum en las votaciones, eliminando de una plumada lo que se estableció constitucionalmente al dar vida a esta viciada instancia.

Ramiro Mendoza, ex Contralor General de la República, salió a responder al PC y a Elisa Loncón en cuanto a que sus “luchadores sociales”, y sólo ellos, tienen que rodear la Convención “para presionar a los boicoteadores”, al proponer que todos, absolutamente todos, tienen que rodearla, como una forma de protegerla de las amenazas.

Con urgencia, se precisa una acción permanente de vigía por parte de los partidos democráticos, la creación de muchos observatorios y la actuación de Fundaciones pro valores, todos con capacidad de denuncia y con la respectiva resonancia internacional.

Hoy, la visión del mundo sobre la Convención es totalmente errónea, porque en otras latitudes sólo tienen receptividad las informaciones torcidas y teñidas que llegan desde Chile. Nadie se ha encargado de transmitir que a quien hizo famosa la revista Time es una golpista anti-chilena, protectora de quien se burló de la fe pública y lidera la iniciativa de exterminar la empresa privada y la inversión de capitales extranjeros.

El mundo debe conocer, ya mismo, lo que esconde el velo del extremismo, y para ello es preciso rodear a la Convención, apretándola hasta ahogarla. La SEGPRES, al menos, dio un primer paso, al rechazar la solicitud de Loncón de un presupuesto adicional de $ 1.200 millones…para el pago de “asesores”. Los convencionales ilustrados, no los requieren, pero es demasiado claro que el destino de esos fondos frescos iba a ser el financiamiento de los “luchadores sociales”.