LOS MUERTOS DE BORIC
VOXPRESS.CL.- Puede que el título de una creación literaria esté súper usado, pero, quizás, como nunca, esta vez viene como anillo al dedo: crónica de una muerte anunciada.
El atentado de que fue víctima una treintena de trabajadores mapuches cuando, en un minibús, se dirigían a su matinal faena en una empresa subcontratista de una forestal en Lumaco, provincia de Malleco, enluta por igual a todo el mundo laboral del país.
Un piquete de terroristas, obviamente encapuchados, atacó al vehículo con balas de 19 calibre, matando en el acto al campesino Juan Segundo Catril Neculqueo, de 66 años y padre de cuatro hijos, que todos los días laborales, a las seis, salía de su casa en Tirúa para ser transportado a sus labores en Lumaco. Recibió un proyectil en el cráneo y un compañero suyo resultó herido.
No fue un baleo discrecional, sino se trató de un asesinato por encargo, ya que en la zona fueron innumerables las ocasiones en que el extinto se pronunció en contra de Héctor Llaitul, el guerrillero jefe de la CAM, por atacar a pacíficos trabajadores tan indígenas como él.
La CAM, autodefinida como “una organización política” fue creada en 1994 con el patrocinio de la entonces secretaria general del Partido Comunista, Gladys Marín. Entre sus enemigos objetos de ser combatidos, figuran los “ayaconas”, esto es, los originarios mapuches que trabajan para “los usurpadores empresarios forestales”.
Este brutal escenario era previsible para cualquier momento, luego de que el Gobierno rehusara mantener el Estado de Excepción en las provincias afectadas por años por el terrorismo. Desde que asumió este Gobierno, los ataques superaron en número todos los ocurridos durante el 2021, y ello incentivado por el anuncio de campaña, y luego en La Moneda, del Presidente en cuanto a que “no combatiré la violencia con violencia”.
Chile es la única democracia genuina en el mundo en que se enfrenta al terrorismo con diálogos. A pocas horas de asumir, la ministra del Interior definió como “protesta” un amedrentamiento a balazos y una barricada en su contra, a metros de la poderosa comunidad terrorista Temucuicui.
En su interior se refugian terroristas prófugos de la justicia y se acopia droga, cuyo tráfico contribuye a financiar la adquisición de armamento de guerra.
En una inédita intervención ajena a la Constitución, La Moneda orquestó un Estado de Excepción ‘acotado’, grotescamente direccionado para que las FF.AA. no se acercaran a los reductos terroristas ni circulasen por las carreteras rurales donde se producen los ataques, saqueos e incendios de camiones madereros. Antes, incluso, de que se iniciara este manipulado aparente régimen excepcional, comenzaron y se han reiterado, las acciones provocativas y desafiantes de la guerrilla, al punto de que Llaitul, paseándose libremente por donde quiere, llamó a sus seguidores a levantarse en armas para enfrentar a los militares. Éstos, impedidos de hacerlo por decreto presidencial, ni se han acercado a los lugares focos de la violencia.
La mañana en que se produjo el asesinato de Catril, el Presidente ni siquiera fue informado del hecho, por hallarse concentrado en la ceremonia de “instalación de una mesa de trabajo” para la reparación de las víctimas del 18/O. Estuvo presente la “luchadora social” Fabiola Campillay, pero no así la motorista casi quemada viva y el cabo que quedó parapléjico, ambos de Carabineros y atacados por las hordas extremistas. Menos, los propietarios de hoteles y locales arrasados que lo perdieron todo.
Con resignación, la ciudadanía debe tomar debida razón, y hacer valer en sus votos, la realista confesión del Gobierno, de sus ministros y de sus partidos, respecto a que no combatirá al terrorismo, por ser una promesa de campaña y porque el Wallmapu es un bastión originado por el comunismo.
Luego del explosivo rebrote de las acciones armadas y de cortes de rutas rurales, el presidente del PC aseguró que “el Gobierno se está enredando con esta cuestión de la seguridad”…
La Ley Indígena en vigencia, modificada hace cuatro años a gusto de la izquierda, establece que “cualquier ciudadano” que se incorpora a una comunidad mapuche pasa a tener el estatus de indígena y, por tanto, puede acceder a la recuperación de tierras supuestamente ancestrales. Nadie ha tenido el coraje de cuantificar esta situación, ya que podrían surgir muchos originarios de mentira, extremistas, “luchadores sociales” y “primera línea”, que no estudian ni trabajan, que se hallan a la espera de recibir tierras que les regale la ahora millonaria CONADI.
A riesgo de ser repetitivo, será incansable nuestra advertencia de que terroristas y Gobierno son una misma cosa, como así éste con la Convención Constitucional. Entre hermanos ideológicos no pueden atacarse ni menos destruirse.
Gabriel Boric, y lo hizo categóricamente, advirtió que “no combatiremos ideas ni declaraciones”, en alusión a las amenazas constitutivas de delito expresadas por Héctor Llaitul.
Como el país ha sido notificado formalmente por su propio Presidente de que ni siquiera intentará extinguir el terrorismo rural, debe asumir, ya mismo, que todos los muertos a partir de Segundo Catril serán de su exclusiva responsabilidad y tendrá que cargar con ello en su conciencia, si es que la tiene.