LOS MAL VENIDOS



VOXPRESS.CL.- Conocidos espantosos antecedentes de fecha reciente, respecto a la invasión de extranjeros ilegales al país, no es fácil entender una situación tan incoherente como incontrolable que vive, y sufre, la sociedad chilena fruto de un fenómeno de dudoso origen que tuvo su punto de partida en el Gobierno, el segundo, de la socialista Michelle Bachelet.


Entre enero y diciembre de 2020 ingresaron 15 mil extranjeros en forma ilegal al país. Esta cifra se conoció en paralelo a impugnaciones del Tribunal Constitucional (TC) a la ley migratoria aprobada en diciembre pasado.


Lo que la gente ve en Arica, Iquique, Antofagasta y Santiago son carpas en playas y en la vía pública instaladas por inmigrantes ilegales, pero lo que no ve es que en agosto del 2020 el 80% de personas detenidas por ingreso clandestino fueron de nacionalidad venezolana, y que en septiembre dicha cifra se acerca al 90%.


No todos los ingresos ilegales son motivados por la crisis social en los países de origen. Según datos de Inteligencia, se han detectado casos “muy sospechosos” en cuanto a las intenciones de un “tipo muy especial” de desplazado.

El ministro Secretario General de Gobierno, Jaime Bellolio, afirmó que “sobre quien ingrese de manera clandestina, no siguiendo las reglas, va a iniciarse un proceso de deportación“. Hace poco 38 foráneos fueron expulsados, pero sólo por la causal de delincuencia.


Se ha hecho habitual un desagradable escenario de centenares de extranjeros viviendo en carpas en las costas del norte del país, y en la capital. En la comuna de Providencia, todos los entornos de embajadas y consulados están plagados de estos “campamentos” multicolores, habitados por inmigrantes ilegales que, ante “la falta de una --fantasiosa- oportunidad”, esperan que alguien los devuelva gratuitamente a sus respectivos países.


La coordinadora de ‘Vente Venezuela’, Verónica Olivieri, dijo que el aumento de sus compatriotas en territorio chileno “puede deberse a un efecto de llamada”, esto es, que “salieron con visa temporal desde su país, quedando “atrapados en el exterior por la pandemia, y por no tener residencia definitiva no han podido radicarse, y buscan la manera de hacerlo, ya que tienen aquí su familia o sus trabajos”…


A modo de justificación de esta anormal realidad, Olivieri expresó que “no es algo aplicable netamente a la migración ilegal; si bien es cierto están entrando por pasos fronterizos no autorizados, no necesariamente es gente que no haya estado previamente en el país”…


La cantidad de extranjeros residentes legales se estimó en 1,6 millones a diciembre de 2020. De acuerdo a información entregada por el INE y el DEM, los principales colectivos de personas foráneas radicadas en Chile provienen de Venezuela (30,5%), Perú (15,8%), Haití (12,5%), Colombia (10,8%) y Bolivia (8,0%).


Por lo crítico de la situación, empeorada con el paso de los días, el Gobierno envió una Ley Migratoria para actualizar, con urgencia, una anterior que databa desde el régimen militar. No obstante, pese a ser aprobada en diciembre, la legislación fue cuestionada políticamente por diputados frenteamplistas, comunistas y socialistas que recurrieron al TC. Tras debatirlo, éste consideró inconstitucionales varios de sus artículos, y uno de los aspectos clave impugnados fue la fijación de un plazo, de máximo 72 horas, para ejecutar la medida de expulsión. Otro punto cuestionado fue la norma que establecía el “retorno asistido” de menores ilegales.


El escrito de la izquierda fue defendido en el TC por el abogado Patricio Zapata (DC), encargado por Michelle Bachelet de supervigilar su archivado ‘proceso constitucional’, y planteó ante los ministros que 14 artículos de la ley aprobada en diciembre en el Congreso “violan la Carta Magna”. El objetivo de los parlamentarios opositores fue hacer caer una ley que tomó ocho años de discusión y que afecta directamente sus oscuros y siniestros intereses.


El pleno, integrado por María Luisa Brahm, Iván Aróstica, Gonzalo García, Juan José Romero, Cristián Letelier, Nelson Pozo, José Ignacio Vásquez, María Pía Silva, Miguel Ángel Fernández y Rodrigo Pica, resolvió acoger parcialmente el requerimiento de inconstitucionalidad presentado por la izquierda, lo que automáticamente dejará coja la norma.


Uno de los puntos que se cayó de la ley fue el artículo 135, el cual regulaba la ejecución de la medida de expulsión de un inmigrante ilegal. Esa glosa establecía que “una vez que se encuentre a firme y ejecutoriada la resolución que ordena la expulsión, se podrá someter al afectado a restricciones y privaciones de libertad por un plazo que no puede ser superior a 72 horas”.


Sobre ese punto, el requerimiento de los diputados impugnó que “este plazo es manifiestamente contrario a la Constitución, que en su artículo 19 N°7 letra C, consagra el derecho a la libertad personal y a la seguridad individual.


No deja de ser menor la conducta izquierdista de ceñirse a pie juntillas a la misma Constitución que no respetan, que vulneran y que aspiran a cambiarla íntegramente. El eje de cualquier debate sobre la inmigración no puede sostenerse sobre interpretaciones de uno o algunos artículos de una ley tan urgente como indispensable. El gran nudo que debe desatarse es el absoluto descontrol existente respecto a los extranjeros que, a la mala, buscan radicarse en el país, y algunos de ellos con las mil veces comprobada intención de no buscar un trabajo honesto y un mejor bienestar que el de su procedencia. El ilimitado incremento de bandas de narcotraficantes y de delincuentes comunes se debe a la incorporación de ‘ciudadanos’ que huyeron, y no por hambre, de sus tierras natales.


El hecho de que el 40% de la población penal del país sea de otras nacionalidades, habla por sí solo. Ello, al margen de lo que las autoridades y las policías saben: no pocos venezolanos y cubanos se hallan en Chile con un claro propósito político, cual es el de contribuir a la sublevación destinada al derrocamiento del Presidente: más de 40 activistas extranjeros fueron detenidos con motivo del 18/O.


En alguna medida, el TC le hizo el juego a la izquierda con señales equívocas. El negar la deportación de menores ilegales es una señal a los inmigrantes de que viniendo con niños, los adultos no pueden ser expulsados para no dejarlos abandonados.

El himno nacional consagra a la inmensa cordillera andina como “el baluarte que te dio el Señor” para proteger al territorio. No obstante, el altiplano y la frontera norte constituyen un dolor de cabeza histórico para la seguridad nacional, dada su extensión y la infinidad de pasos no habilitados para transitar de un país a otro.


El Gobierno, a través de sus ministros y del propio Presidente, han escuchado técnicas, informadas y minuciosas investigaciones sobre la materia -seguridad, contrabando, drogas e inmigración ilegal-, y la solución recomendada y la más práctica y rápida de implementar es un foso imposible de superar a lo largo del deslinde territorial entre Arica y Antofagasta, pero fue descartada porque “altera contra los acuerdos firmados para estimular y cautelar las fronteras comunes".


Chile carece de oro para enriquecer a otros, ni es el paraíso de las oportunidades, menos ahora en que se halla sumido en una severa crisis social a causa del virus que originó un desempleo generalizado. Bajo ningún punto de vista, la realidad del país es mejor que la de los de procedencia de los inmigrantes. El incontrolable flujo de ilegales que cruzan nuestras fronteras, sólo profundiza los, de por sí graves, problemas sociales y económicos de Chile.


No es casualidad que la izquierda, mediante su requerimiento ante un tribunal que dicen desconocer por anticonstitucional, busque agudizar la pobreza, y ojalá la más extrema, porque ése es el caldo de cultivo para que su nave totalitaria navegue sin olas en contra.

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