LOS GRILLOS DE LA FISCALÍA
VOXPRESS.CL.- El surgimiento del narcoEstado terrorista y delictual en Chile hay que atribuírselo, directamente, a quienes tuvieron la pésima idea de dar un Golpe político para derrocar al Presidente en octubre de 2019. Sólo la resistencia solitaria de Carabineros se los impidió, pero las consecuencias de dicha vandálica operación están a la vista, con un saldo aterrador para la población.
Sin embargo, y esto es así, a la delincuencia se le puso alas en 1997, durante la administración de Eduardo Frei, cuando el Congreso aprobó uno de los más caros errores que se han cometido en la historia judicial: la Reforma Procesal Penal. La idea fue bien intencionada, pero nadie se detuvo a meditar acerca de sus resultados.
El objetivo fue terminar con la interminable prolongación de los juicios, ya que los magistrados cumplían la doble y, simultánea, labor de investigador y juez fallador. Para abreviar las causas se crearon los fiscales persecutores, las audiencias orales y, lo desastroso de todo, la presunción de inocencia, es decir, todo acusado parte de la base que carece de culpa en tanto no se demuestre lo contrario. Esto se conoce como “garantismo”, lo que insta a los tribunales a exigir pruebas que van más allá de lo racional para condenar a un sujeto, lo que se refleja en la altísima cantidad de malhechores que circulan por las calles con decenas de detenciones previas y gozan de libertad.
Para mayor garantía de los (supuestos) autores de delitos, el Estado les financia un abogado, conocido como Defensor Público, en tanto la o las víctimas no tienen derecho a un profesional, a no ser que lo financie personalmente, que no es el caso de una gran mayoría.
Por aquella reforma, los encargados de perseguir a los delincuentes y, con la ayuda de la PDI y/o Carabineros, aclarar el delito, son los fiscales, dependientes del Ministerio Público.
El Ministerio Público es un ente autónomo y jerarquizado, cuya función es dirigir en forma exclusiva la investigación de los hechos constitutivos de delito, y, si corresponde, ejercer la acción penal.
Al crearse en 1997 el Ministerio Público, surgió la figura del Fiscal Nacional, a quien le corresponde administrar la justicia criminal en el país, a través de un juicio oral.
Las condiciones para ser Fiscal Nacional son ser chilenos con derecho a sufragio, poseer título de abogado con ejercicio profesional de, al menos, 10 años, tener en el momento del nombramiento no menos de 40 años y no más de 65 y no estar sujeto a ninguna incapacidad o incompatibilidad.
En el caso de Jorge Abbott, el cuestionado Fiscal Nacional que culminó su período de 8 años a fines de 2022, antes de asumir, propuesto por Michelle Bachelet, fue intervenido quirúrgicamente del corazón y la Presidenta de ese entonces lo visitó en una clínica viñamarina donde tuvo una larguísima recuperación.
Una vez medianamente repuesto, se reunió con ella y con un (ex) senador del PPD en casa de éste, en la Comunidad Ecológica, donde se le delineó su gestión, siendo su primera diligencia terminar con los juicios por corrupción en contra de políticos”, entre los que se contaban no pocos ‘progre’, como Carlos Ominami, Alberto Arenas, Rodrigo Peñailillo, Jorge Pizarro y Marcos Enríquez, entre varios otros.
La llegada de Abbott marcó la politización definitiva del Ministerio Público, y dado su deteriorado estado de salud “dejó hacer” a sus colaboradores más cercanos, transformando a jefes de Unidades en ‘fiscalitos’ con un poder que irritó a la Asociación de Funcionarios y a la Asociación de Fiscales.
Uno de éstos fue Marta Herrera, la controvertida candidata de La Moneda y del ‘mujerismo’ gubernamental que, apenas, obtuvo 9 votos de apoyo en el pleno de la Corte Suprema en la selección de aspirantes.
Para la constitución del primer Ministerio, se convocó a abogados de la plaza que cumpliesen con los requisitos. Entre ellos estuvo Davor Harasic, quien en 2009, en la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile, creó fuertes lazos políticos con Gabriel Boric, transformándose ambos en protagonistas de la larga “toma” de la Facultad, la que culminó con la violenta salida del decano de Roberto Nahum.
Ambos, más tarde, coincidieron en las protestas callejeras en favor de la liberación del frentista Jorge Mateluna, uno de los recientes 13 beneficiados con los indultos presidenciales.
Con propiedad puede decirse que la única gestión de Fiscal Nacional apolítica fue la de quien inauguró el puesto, Guillermo Piedrabuena (1999/2007), período durante el cual, incluso, fue elegido presidente de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos.
Lo sucedió Sabas Chahuán (2007/2015), propuesto por Michelle Bachelet y proveniente de la fiscalía Santiago Occidente, donde conoció a Marta Herrera. Fue ella una de las primeras en ser trasladadas al Ministerio para un puesto jerárquico.
En audiencias y comparecencias, Chahuán expuso públicamente a políticos opositores, quienes fueron acosados y agredidos por gente de izquierda, en tanto entrevistó secretamente a Rodrigo Peñailillo, el ex ministro del Interior, confeso de entregar boletas falsas a SQM por un trabajo nunca realizado, y cuyo millonario cobro fue a la tesorería de la campaña electoral de Bachelet.
El poco transparente mandato de Abbott incluyó un grave enfrentamiento público entre fiscales regionales de O’Higgins debido a su intervención para sacar indemnes de un millonario juicio al hijo y a la entonces nuera de la Presidenta Bachelet. Se le acusó de nula acción en la persecución de la criminalidad, que explotó de modo gigantesco ante sus narices.
Su sucesión originó dos hechos inéditos en el Ministerio Público: estuvo más de cien días sin un fiscal titular y por primera vez, el Senado rechazó no sólo una vez, sino dos, los nombres propuestos por el Presidente, primero el de José Morales (17 votos en la Suprema) y luego el de Marta Herrera.
Ella y Chahuán se movilizaron para que José Morales no fuese confirmado por el Senado, faltándole sólo 2 votos para convertirse en Fiscal Nacional, y ello consecuencia de viajes al exterior sin permiso de dos legisladores.
Fue, entonces, la hora de Herrera, la regalona de Abbott, con estrecha relación con el senador PPD Jaime Quintana, favorita del Presidente de la República, de la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, y de su madrina política, la socialista Ana Lya Uriarte, titular de la SEGPRES. No obstante, recibió el público rechazo de la Asociación Nacional de Fiscales y de la Asociación Nacional de Funcionarios del Ministerio Público.
Herrera obtuvo apenas 20 votos en el Senado, dada su ideologización y su nula experiencia como persecutora.
Culpó de su derrota a “maniobras” de José Morales y denunció que el finalmente electo Ángel Valencia (17 votos de la Suprema), cenó con parlamentarios de la UDI “para conquistarlos”.
Los funcionarios de la Fiscalía denunciaron que “avala malas prácticas basada en la cultura interna de amiguismos, endogamia y falta de transparencia”. La acusaron de ser “estrecha colaboradora” de Abbott, asegurando que “no tiene un perfil adecuado para el cargo” y “garantiza la continuidad de dicha gestión y de los vicios y lastres que aquejan a la institución y que impiden el cambio que requiere para el cumplimiento de su misión”.
Dichos funcionarios fueron los primeros en recibir la visita de Ángel Valencia una vez ungido por el Senado con 40 votos, quien, de paso, confirmó “la limpieza” solicitada por ellos, al pedir la renuncia a 14 jefes de Unidades especializadas, entre ellos a Marta Herrera, a cargo de la de anti corrupción. Todos, conocedores de las reglas internas, aceptaron la solicitud, menos ella…