PRESOS "POLÍTICOS"


VOXPRESS.CL.- Los ilusos que en algún momento creyeron que la pacificación del extremismo había llegado a su fin con el triunfo del Apruebo, ya deben haberse percatado de que dicha presunción era errónea. Los partidos que patrocinan las actividades de los vándalos y terroristas, y muy específicamente el frenteamplismo, se hallan en plena campaña para que la Justicia y/o el Gobierno dejen en libertad a la cuarentena de violentistas que se hallan en prisión preventiva por los incendios y saqueos posteriores al 18 de octubre de 2019.


La población ha sido testigo de las primeras “manifestaciones pacíficas” de grupos de ‘jóvenes idealistas’ que, con carteles alusivos, desfilan ante cárceles y centros de Justicia para “exigir la inmediata liberación de nuestros presos políticos”. Por el mismo motivo, Plaza Baquedano ha vuelto a ser el escenario preferido de estas hordas, a piedrazos y bombazos intentan “tomarse” el monumento ecuestre de la rotonda, no para “celebrar el Apruebo” sino para solidarizar con sus compinches en prisión.


Tan inexplicable como increíble es que a esta presión a las autoridades, se unió Benito Baranda, ex director del Hogar de Cristo y presidente ejecutivo de América Solidaria, un viejo afín a la DC, quien considera que el Gobierno es el culpable de lo que ocurre, porque no cumplió su promesa de resguardar las poblaciones periféricas, centros neurálgicos de la violencia. Eso es cierto, dada la permisividad con que La Moneda no aplica la autoridad que le confiere la Constitución, por mucho que ésta se encuentre en estado terminal.


Baranda, que recuerda a los interminables ‘tontos útiles’ de antaño, toda su vida la ha dedicado a la solidaridad social, y mal interpreta su vocación, al vincularla a delincuentes considerados por la Justicia como “peligros para la sociedad”. Confunde el foco de lo que persigue el extremismo: otorgar el indulto presidencial a malhechores políticos de alta peligrosidad que, al incendiar el Metro, dejaron a cuatro millones de santiaguinos sin transporte público, y que, además, le arruinaron la vida a millares de compatriotas, al destruirles sus medios de subsistencia.


Catalina Pérez, la locuaz, intolerante y poco entendida presidente de RD, pese a ser abogada, plantea “exigir al Gobierno” que se indulte a sus compañeros, porque “es el Estado el responsable de que estén en prisión, ya que no controló a Carabineros en su represión, originando la lógica reacción defensiva de los jóvenes”…La dirigente frenteamplista parte por desconocer que los indultos sólo pueden aplicarse a condenados y ninguno de estos vándalos encarcelados ha recibido sentencia. El, como si nada, pide la convocatoria de una comisión que revise caso a caso los antecedentes de quienes están en prisión preventiva: “no puede ser –denuncia- que hayan cumplido un año preso quien saltó un torniquete del Metro”.

No hay un solo detenido por haber brincado por arriba de los validadores del Metro, acción que, como se recuerda, originó la subversión ideológica.


Tras el Golpe extremista y con motivo del vandalismo que campeó en las calles hasta diciembre, 1.450 individuos fueron puestos a disposición de la Justicia, y ésta consideró que sólo 40 no podían recibir una medida cautelar que no fuese el encierro en un penal. Comparativamente, la relación entre saqueadores y atacantes sorprendidos en delitos flagrantes contra el orden público, la paz social y la propiedad privada, y el número de privados de libertad, llega a ser de incredulidad.

Fueron los tribunales, mediante sus fiscales y jueces, los que acreditaron que los poquísimos que se hallan en prisión fueron autores de delitos graves que ameritan una prisión preventiva tras las rejas. Los jueces disponen de un plazo hasta dos años para fallar, en tanto profundizan las indagaciones para proceder a una condena o a la liberación. Basándose en normas eminentemente jurídicas, los magistrados consideraron a los detenidos un peligro para la sociedad, y en cuanto a la magnitud del delito, las medidas cautelares pueden ser menores, como arrestos domiciliarios y firmas mensuales.


El Gobierno, aunque habrá que verlo para creerlo, aseguró que no habrá indulto, porque la única forma de que éste se produzca es la existencia de una condena, y en estos casos, no existe.


El Poder Judicial, hasta el momento, no ha dado señales de algún cambio de criterio, pero como sus Centros de Justicia y sedes de tribunales están siendo amagados y amedrentados por “manifestaciones pacíficas”, no puede descartarse del todo que ordene un rápido cierre de las investigaciones para apurar las sentencias.


Frenteamplistas, comunistas y unos pocos más declarados protectores de la violencia, califican a los detenidos de “presos políticos”, omitiendo por completo cualquier comisión de un delito. Sin el menor pudor, aseguran que estos extremistas se encuentran entre rejas “por pensar distinto al Gobierno”. Catalina Pérez va más allá: denuncia que “se les garantiza los derechos humanos a los carabineros, pero no a los manifestantes”…Tan delirantes apasionamiento ideológico lo elevó al cubo, al afirmar que el asesinato de un cabo en La Araucanía se debió “al ajuste de cuentas entre vecinos”…


Está dicho que el extremismo no ha cerrado su ciclo, porque no se han cumplido sus objetivos reales y finales. La victoria del Apruebo fue una conquista, sólo una, pero persiste su desacuerdo con la modalidad con que se van a escoger a los convencionales para la nueva Constitución y en el corazón de Plaza Baquedano, ha jurado que “por todos los medios” tratará de revertir el mecanismo para sustituirlo por una genuina Asamblea Constituyente, que fue lo que, en rigor, se acordó en la cita del FA y el PC con Nicolás Maduro en Caracas.


Si a este ánimo de perseverar en el combate, se le une esta naciente explosión de violencia para liberar a los autores materiales del vandalismo por el ‘octubrazo’, hay que hacerse a la idea de que esta repudiable violencia urbana y rural no va a parar, y más ahora en que los vándalos se sintieron derrotados por el Consejo de Monumentos Nacionales, que resolvió que no trasladará de su sitio a la estatua del héroe de la Guerra del Pacífico, Manuel Baquedano. Ése es otro botín político pendiente.


Días atrás, luego de una marcha de “solidaridad” frente al penal de Concepción, uno de los extremistas privados de libertad envió una carta a los manifestantes, agradeciéndoles su apoyo e instándolos a incrementar la lucha “para liberar a los presos políticos”.

Está muy claro: tendremos violencia, y de la buena, por un buen tiempo más.

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