LAS HABAS COCIDAS
VOXPRESS.CL.- El presidente de la Corte Suprema, Guillermo Silva, toda una excepción de objetividad en un país preso de la subjetividad, categóricamente declaró que “el juez que dicta sentencia sin ceñirse exclusivamente al Derecho, nada tiene que hacer en el Poder Judicial”.
Puede o no ser simple coincidencia, pero -curiosamente- su aclaratoria afirmación la hizo sólo días después de que el Senado, casi en un trámite sin debate, aprobó la propuesta del Gobierno (?) para que asumiera como ministro del máximo tribunal uno de los más recalcitrantes ´progresistas’ de la judicatura, desde sus tiempos de estudiante de Filosofía en el Pedagógico de la Universidad de Chile, y luego de que el ministro de Justicia, Hernán Larraín (UDI), le declarase su admiración por “ecuánime”.
Se trata de Mario Carroza.
Su nombramiento, para el cupo dejado por Lamberto Cisternas, pasó como balazo por el Senado, por contar con la total simpatía y adhesión de la izquierda, ya que su “mérito profesional” se lo construyó por sus fallos de violaciones a los derechos humanos por parte de (ex) militares.
No hace mucho, el mismo Senado rechazó la propuesta de La Moneda para que Raúl Mera, de la Corte de Valparaíso, asumiera en la vacante dejada por Hugo Dolmestch. Los parlamentarios de izquierda le pusieron la proa a éste por no haber condenado a carabineros, a quienes nunca se les comprobó la muerte de dos ‘rodriguistas’ en Los Queñes, Cecilia Magni y Raúl Pellegrin, en octubre de 1988. Es de justicia recordar que en dicha oportunidad hubo senadores opositores que se remitieron a los antecedentes profesionales del postulante y se pronunciaron a su favor, como Felipe Harboe, Ricardo Lagos Weber, Francisco Huenchumilla y Jorge Pizarro. Manuel José Ossandón (RN) no participó de la sesión, y a Mera le faltó apenas un voto.
A uno se le premia designándolo ministro de la Suprema por su cosecha de condenas a militares, en tanto al otro se le castiga por no haber sentenciado a policías uniformados. Dentro de este escenario de balanceos, equilibrios, dogmatismos y arbitrariedad, son dignas de destacarse las declaraciones del mismo ministro de Justicia (UDI), luego de ambas decisiones del Senado. Tras la fallida nominación de Raúl Mera, Hernán Larraín dijo: “es una experiencia amarga, porque muchos hicieron una campaña injusta en contra de Mera. Resultó doloroso constatar que el voto que faltó fue uno de nuestra coalición”.
Al finalizar la exitosa nominación de Carroza, Larraín expresó: ““con una muy amplia mayoría, el Senado aprobó la propuesta que hizo el Presidente a partir de la quina elaborada por la Suprema para elegir y designar a Mario Carroza. Es una gran decisión, porque el juez es un hombre de vida íntegra, ecuánime, de argumentaciones consistentes y de una línea de trabajo judicial muy coherente”.
En 2010, el ex presidente de la Corte Suprema, Sergio Muñoz –izquierdista declarado- lo nombró ministro en visita extraordinario para esclarecer casos de violaciones a los derechos humanos, investigando causas emblemáticas como el caso Caravana de la Muerte (donde procesó en calidad de cómplice al ex Comandante en Jefe del Ejército, Juan Emilio Cheyre), el caso Pisagua, el caso Quemados, la Operación Cóndor en Chile y las adopciones ilegales ocurridas en el régimen militar; así como las muertes de Salvador Allende, Pablo Neruda, Alberto Bachelet y de Eduardo Frei Montalva. Con un gremialismo arraigado desde su juventud, Carro fue presidente de la Asociación Nacional de Magistrados durante dos periodos:
Esta escalada de una vergonzosa “intervención” de dos Poderes del Estado en el Judicial, es la que parece haber colmado la paciencia de su máxima autoridad, quien pidió formalmente que sea exclusivamente la Corte Suprema la que se ocupe íntegramente de sus nombramientos y de las sanciones a sus funcionarios por irregularidades disciplinarias y administrativas. Fue también el Parlamento el que salvó a una ministra de la Corte de Apelaciones de Valparaíso que dejó en libertad a un triple homicida y descuartizador.
Éste parece ser el momento oportuno para que los partidos que están preparando su temática para los candidatos a convencionales constituyentes, terminen con las ataduras ideológicas que, progresiva y groseramente, han ido en desmedro de la indispensable neutralidad de la Justicia. El lamentable cuoteo por los equilibrios ideológicos de los ministros de la Suprema tiene que terminar, y pronto. Resulta de una bajeza inadmisible que los jueces, cuya meta es el máximo tribunal, tengan como eje de sus carreras profesionales los intereses políticos de quienes terminen resolviendo sus ascensos.
Ad portas del enigma acerca de quiénes escribirán la nueva Constitución, es trascendental hacer votos para que los votantes iluminen a los convencionales constituyentes para que materialicen una idea impostergable, cual es la de terminar con esta rutina grotesca y discriminatoria que enferma, aún más de lo que está, a la Justicia chilena.
Resulta inentendible que los destinatarios del más contundente repudio de la ciudadanía sean los que continúen determinando quien asume como ministro de la Corte Suprema y, naturalmente, de acuerdo a su color político, sin medir ni calibrar sus competencias profesionales.
Ojalá, los convencionales constituyentes escuchen el llamado del presidente de la Corte Suprema para terminar, de una vez, con este mal oliente cocimiento de las habas.