LA VIOLENCIA AGAZAPADA
VOXPRESS.CL.- No existe falacia más imponente que la que, día a día, el candidato amplista/comunista, su comando y sus camaradas le cuentan al país, en cuanto a que tienen vocación de diálogos y de acuerdos. El socialismo internacional, que engloba por igual a todas las sensibilidades de izquierda, más templadas o extremas, ha dado demasiadas pruebas de que nunca ha llegado al poder conversando.
La historia, la más antigua y la más reciente, dan cuenta de sus crueles apoderamientos del poder, ya sea por la fuerza o por la violencia que se traduce en despojos, estatizaciones y, finalmente, en el sometimiento a la población, el cual también es un tipo de violencia.
El escenario actual da más que señales, da evidencias categóricas de que la violencia continúa siendo la primera arma de la izquierda. Varios ya lo han notificado, entre ellos, un diputado frentista que aseguró que “a Chile le falta un embate de inestabilidad”, en tanto el diputado comunista y futuro miembro de la Cámara Alta, Daniel Núñez, pidió que se clausurase el Senado por haber rechazado la acusación constitucional contra el Presidente. ¡Qué más signos de que los que son electos democráticamente en votaciones, no creen en el sistema electoral ni menos en la institucionalidad!
Hoy, mañana y pasado mañana jamás habrá que perder de vista lo ocurrido el 15 de noviembre de 2019, cuando la oposición le impuso al Presidente un Acuerdo de Paz destinado, exclusivamente, a poner fin al progresivo aniquilamiento del país por parte de turbas vandálicas extremistas. Ese tan solemne documento formalmente firmado, incluso, por el actual candidato del amplismo/comunismo, nunca se concretó y, por el contrario, terminó acentuando el desquiciamiento de las ‘idealistas’ movilizaciones.
La izquierda jamás ha cumplido la palabra empeñada ni tampoco los compromisos firmados, como lo hizo frívolamente Salvador Allende con el Estatuto de Garantías Constitucionales.
Independiente del rentable negocio como asesores de la Convención de los “luchadores sociales” que todos los viernes se dedican a lesionar carabineros en los restos de la ex Plaza Baquedano, la violencia generalizada continúa, y muy acentuada en varias comunas de las Regiones Octava y Novena, y ello, pese a la cacareada presencia militar por el Estado de Excepción.
Son varias las decenas de agricultores que en lugar de cosechar se limitan a mirar sus tierras quemadas y ahora áridas; son centenares los pequeños empresarios camioneros que quedaron a pie; una cincuentena de subcontratistas forestales están cesantes y es alto el número de familias que han debido emigrar a otros lugares con los vestigios que le dejaron los comuneros terroristas.
Coincidentemente, ésa es la única zona que le dio un aplastante apoyo a JAK en primera vuelta y que castigó duramente al falso discurso prometedor de diálogos y acuerdos de Gabriel Boric.
El otro foco de violencia permanente es la Convención Constitucional. El primer día de su funcionamiento, dilató las sesiones, privilegiando sus exigencias para que el Ejecutivo indultara a todos los presos a causa del vandalismo. Su presidenta, exponente del terrorismo de comunidades extremistas, admitió que “seguiremos saltando torniquetes”, en alusión al punto de partida de la subversión de octubre del 2019. Todas las vertientes de izquierda del plenario constituyente se opusieron a condenar aquel violento episodio destinado a derrocar al Presidente. Más recientemente, los 16 delegados de la Lista del Pueblo se opusieron a firmar una declaración de rechazo a actos de violencia: todos ellos fueron activos “primera línea” durante la subversión. A propósito, es oportuno recordar que el Frente Amplio y el PC se restaron, en el Congreso, de una ley condenatoria de la violencia política.
El sector entiende muy bien que la violencia no sólo se ejerce en la práctica, sino también de obra y de palabra, siempre imponiendo el temor, cuando no es el terror.
La Convención ha ejercido constantemente la violencia, al imponer criterios que van en contra del sentir del país y que no representan lo que debe ser una Constitución de la República. Incluso, castiga con el silencio obligatorio a quienes discrepan de la extremista ideología dominante en su seno.
Para amortiguar las presiones de la izquierda más dura, Boric relativizó su postura inicial en cuanto a que los presos por desmanes tras el “octubrazo” estaban bien encarcelados: ahora exige la libertad inmediata para quienes se hallan en prisión preventiva por orden de la Justicia.
Su propia jefa de campaña, la doctorcita Izkia Siches, fue la autora de una alegoría de la violencia, al pedir, en 2014, que alguien, por favor, eliminase a Sebastián Piñera.
Alguien que las oficia de gurú de la realidad chilena, adelantó que “cualquiera sea el próximo Presidente, tendrá problemas gigantescos”. No habrá ningún otro problema más grande que el de la violencia extremista y que igual será ejercida, obtenga o no el poder. Será ésta la que prevalecerá en el escenario nacional, ya a partir de la misma noche del domingo 19.
Dicha opción ha estado siempre presente en el vocabulario del sector de Gabriel Boric.
Nadie de su entorno ha descartado la vía violenta, y el propio candidato llegó a decir que “las empresas forestales vayan poniendo sus barbas en remojo”. En refuerzo de esta estrategia bien escondida, el diputado Alexis Sepúlveda (PR) amenazó con otro “octubrazo”, luego de que la Cámara rechazara el cuarto retiro desde los fondos de pensiones. Dijo que “por mucho menos que esto, por sólo $ 30 más en la tarifa del Metro, se inició la revuelta del 2019”…
Hay que tomar debida nota de que el país se encuentra al borde de un polvorín, y hay que asumir con mucha decisión y claridad que sólo es posible aminorar dicho peligro si se neutraliza al símbolo y protagonista de la violencia.