LA VIA ‘INSTITUCIONAL’ DE LA VIOLENCIA


VOXPRESS.CL.- Sabido es, y no sólo al interior de palacio, que en La Moneda hay una sola voz y si ella no sale de la boca del jefe, es emitida por otro pero siempre -siempre- replicando al pie de la letra lo que aquél quiere que se diga.


Habrá que atribuir a esta intransable verticalidad una de las expresiones más infelices y desgraciadas hecha pública por el ministro del Interior, el UDI Rodrigo Delgado. En momentos en que un canal de TV enano que desbordó su izquierdismo para subir su precario rating, transmitía un ‘heroico’ documental sobre el 18/O –haciéndolo coincidir con su estreno en Italia- y mientras cundían los saqueos e incendios por tan sentimental evocación, Delgado afirmó que “la violencia no fue el camino elegido por los autores del estallido, quienes optaron por la vía institucional”…


Incredulidad y asombro originó la expresión del ministro, quien repetidamente insistió en separar “justas demandas” de la violencia callejera. Ésta es vinculante por naturaleza con los subversivos de octubre de 2019, los mismos de hoy, sólo que ahora, además, están instalados en la Convención Constituyente.


Para dejarlo en un peor pie, su subsecretario Juan Francisco Galli, amaneció al día siguiente -19-, diciendo que los responsables de tanta destrucción y robos “son quienes exigen el indulto a los inexistentes presos políticos”.


Días antes de la conmemoración del 18/O, el ex presidente del Senado y parlamentario de la república, el PPD Jaime Quintana, declaró que “si no hubiera sido por la violencia, nada de lo que se ha conseguido hubiese sido posible”.


Definitivamente es un imbécil sin mejoría quien osa decir que la subversión, calculadamente planificada, del 18/O fue una explosión social y que la violencia asociada a ese Golpe es causa de la intromisión de la delincuencia en las manifestaciones pacíficas de tiernas familias. Qué más evidencias de lo equivocado que está el ministro resultan las palabras de Quintana y el proyecto de ley de Yasna Provoste de indultar a quienes dejaron a cuatro millones de santiaguinos sin transporte público.


Existen dos libros políticos de un autor argentino que son, hoy, el manual de comunistas y frenteamplistas, y en los cuales se declara irracional cualquiera opción de diálogo y se sobrepone la violencia a toda otra estrategia. Para el extremismo es parte de su ser, y cuando sus activistas arrasan con la propiedad pública y privada no lo hacen para llevarse un semáforo para sus casas, sino como conducta de rechazo a la sociedad, a lo establecido y a las normas que la rigen.


Lo que los “luchadores sociales” destruyen son hasta los menores símbolos de una institucionalidad en la cual no quieren vivir. El destrozo del comercio es fruto de su odio al capitalismo y cuando actúan lo hacen gritando delirantes consignas alusivas a su ideología.


Pese a los torpes intentos del ministro del Interior por separar manifestantes de delincuentes, los propios hechos le demuestran a él y al país que se tratan de lo mismo. Bajo su peculiar visión de la realidad, quienes asolan a provincias de La Araucanía son delincuentes comunes y no miembros de comunidades infiltradas y financiadas por el comunismo a través de la CAM.


La violencia se ha institucionalizo en Chile, y ello porque la autoridad, de la cual forma parte, lo permitió. No se es violento sólo por utilizar armas, montar barricadas, destruir veredas, derrumbar semáforos, saquear la propiedad privada e incendiar hasta una oficina del Registro Civil, dejando a toda una ciudad sin atención ni archivos. Los esclavos no eran obligados a realizar el peor de los trabajos a fuerza de latigazos, pero por el sólo hecho de ser forzados, se da la violencia.


El ejemplo es perfectamente aplicable a la izquierda criolla en su conjunto, que se niega a firmar una ley anti-violencia, que proclama que la violencia no tiene cuarentenas y que se compromete formalmente a la desobediencia civil.


Es violencia que a gritos los delegados de la Convención Constituyente pidan la liberación de presos políticos -que no lo son ni los hay- y es violencia que la presidenta de dicha instancia inaugure el período de debate de los contenidos el mismo día de la conmemoración del 18/O.


Es violencia que sin haber aprobado ni una coma, convencionales extremistas declaren que Chile es un país plurinacional con territorios soberanos indígenas.


La violencia como factor de lucha política está instalada desde el 19/O en el Poder Legislativo y ya antes de su funcionamiento, impera a toda vela y sin limitaciones en el engendro encargado de redactar una nueva Constitución, y se halla también en la Justicia, la que se niega a juzgar a “los idealistas” de la primera línea.


Hace el soberano ridículo quien insiste –como los periodistas- en distinguir entre buenos y malos en las manifestaciones, porque éstas, si o sí, deben ser violentas para provocar la conmoción que se persigue, ello según el antiquísimo catecismo del PC. Todo ello, ahora, agudizado por la violencia institucionalizada, que la hace presente día a día la izquierda, exacerbando el revanchismo y el odio. Una sola palabra puede resultar tan violenta como una conducta física.


Es simplemente de imbéciles, seguir atribuyendo la violencia a los delincuentes o, más infantil aún, a los descolgados. Raya para la suma, éstos son mucho menos que quienes conmemoran un atentado contra la democracia, como lo fue el intento de derrocar a un Presidente -bueno, malo o pésimo- libremente elegido por la ciudadanía.