LA RUPTURISTA PLURINACIONALIDAD


VOXPRESS.CL.- Será éste uno de los temas más picantes que tendrá que resolver el plenario de la Convención Constitucional y, luego, ser eventualmente aprobado o rechazado por una ciudadanía que, generacionalmente, está tremendamente fraccionada: la plurinacionalidad del Estado de Chile.


El tema no es nuevo, ya que se instaló simultáneamente con el inicio de esta instancia. La presión de colectivos indígenas por tener cuotas de poder, quedó estampada en el funesto Acuerdo de Paz del 15 de noviembre de 2019, firmado por el Presidente de la República forzado por la oposición de izquierda para asegurar una paz social que nunca llegó.

En ese texto se incluyó que en la futura Convención votada en el plebiscito, los pueblos indígenas tuviesen escaños reservados. Aún más, el SERVEL confeccionó un libro de inscripción para todos quienes se reconocieran pertenecientes a alguna etnia.

De acuerdo al último censo poblacional, en el país hay algo menos de 2 millones de habitantes provenientes de etnias que aún se conservan, siendo, por lejos, la mapuche la mayoritaria, con 1,5 millones.

Este abrupto indigenismo nacido en círculos políticos de la población, se dio exclusivamente por la intervención ideológica que se ha ido incrementando en un par de Regiones del sur como plataforma separatista.

Comenzó, simplemente, como una demanda de recuperación de tierras ancestrales. Desde mediados de los 90, la infiltración comunista en comunidades mapuches de La Araucanía devino, así de simple, en una declaración de guerra de esos grupos en contra del Estado de Chile, escenario que, sin control, se halla en límites por todos conocidos.

Con los más diversos pretextos históricos y de derechos, la extrema izquierda y la izquierda en general transformaron a un puñado de comunidades en un frente activo de terrorismo, para lo cual patrocinaron cuadros armados, con instrucción de guerrilleros extranjeros y con financiamiento también externo.

Así, el clima estaba más que templado para incluir la “lucha mapuche” en los temas de la Convención para generar lo que tanto se temía: el fraccionamiento de Chile, gracias a la soberanía política y administrativa de las etnias, algunas decididamente atomizadas y otras casi definitivamente extinguidas.

La idea mayoritaria, y así declarada, al interior de la Convención es la de empezar la futura Constitución, declarando oficialmente que Chile es un Estado plurinacional, esto es, compuesto por varias naciones. Sólo una de esas tantas se llamará Chile.

La definición de nación es la condición que reconoce a una persona la pertenencia a un Estado o nación, lo que conlleva una serie de derechos y deberes políticos y sociales”. A su vez,

"la nacionalidad se obtiene por nacimiento o por naturalización", de tal modo que de materializarse esta separación, un mapuche, aymara, atacameño o kaweskar dejará de ser de nacionalidad chilena para identificarse con la de su origen.

Ciñéndose a la definición de nación, el argumento de que las etnias habiten en las suyas es absolutamente válido: “son los territorios propios en los que vive un grupo de personas pertenecientes a una misma comunidad, constituya o no un Estado”.

Tales conceptos, para efectos de derechos y deberes, tanto la ONU como la OIT los avalan.

Pero la gran traba y la piedra de tope que origina profundas y gravísimas divisiones en cuanto a la plurinacionalidad de Chile lo origina el artículo propuesto sobre la autonomía de esas naciones étnicas, que son once. Automáticamente, al otorgárseles soberanía territorial, administrativa y política -incluso, con sistema judicial propio- provoca un separatismo, y nada hace presumir que, en el marco de esas características, sus habitantes originarios reconocerán como única autoridad a la del Estado de Chile.

Si el proyecto establece la vigencia de sus propias autoridades dentro de cada una de esas naciones, es una ingenuidad suponer que sus habitantes se sentirán dependientes de la autoridad del Estado al cual pertenecen. La autonomía y la soberanía territorial implican divisionismo y, con ello, el fraccionamiento no sólo territorial de Chile.

Al iniciarse la Convención, lucieron al viento las banderas de las etnias, y cuando se interpretó el himno nacional, muchos de los asistentes callaron y otros abuchearon. Ése es un síntoma más que desalentador para creer que la idea no es fraccionadora, y, más aún, tratándose de cabecillas adoctrinados ideológicamente para hacer prevalecer los claros intereses políticos de un sector más que conocido.

La pluralidad nacional, así, fríamente entendida y definida, tiene un buen propósito, pero en el marco de grupos étnicos que se enfocan y actúan en pro de objetivos que van mucho más allá de una demanda ancestral, el resultado será nefasto. Así como la entienden quienes están hoy en la Convención y quienes manejan -en las sombras- a comunidades subversivas, se percibe hacia dónde apunta el real interés de consagrar dicho concepto en la Carta Magna. En teoría, sólo en eso, no constituye alarma, pero, pero como está presentado es el comienzo del fin para la identidad de Chile y para su integridad territorial.