LA OTRA CRISIS, Y PEOR


VOXPRESS.CL.- No lo suficiente se habla de las víctimas por rebote de la peste.


En el día a día se cuentan, con alarma y horror, los números de contagiados por el virus y los fallecidos por la misma causa. Aún más, parece haber hasta concursos para determinar quién tiene la mejor fórmula para solucionar una crisis sanitaria sin precedentes y con pronósticos cada vez más lúgubres.


De acuerdo al sistema de Salud, es posible llevar un conteo actualizado de los contagiados pasados y presentes y de sus respectivas situaciones críticas.


No obstante, a excepción de la CPC, que mantiene una agenda de pérdidas de empleos, y de la CNC, que mantiene una pauta pormenorizada de pequeñas empresas y mini pymes que ya han sucumbido o están por hacerlo, no hay organismo que cuantifique el gravísimo perjuicio que está sufriendo más de un 50% de la población que no recibe ingresos: los perdió o la cuarentena le impide salir a ganárselo.


Es de cristiano solidarizar con quien ha sido o es víctima del virus y consolar a los deudos de los fallecidos. Pero ninguna de las más pesimistas encuestas es capaz de mostrar el real drama que sufren quienes, sin enfermarse, parecen muertos en vida. Los bonos de ayuda discurridos por el Gobierno, casi todos con muchos topes y requisitos, no son suficientes para cubrir las ultra necesidades de la gente que, de brazos cruzados, nada tiene para su sustento.


La crisis económico/social de 1982, que marcó la abrupta pérdida de popularidad de Augusto Pinochet, fue una ola que arrasó con los trabajos de millares, sin distingos de clases ni estatus, pero ésta, comparativamente, la dejó chica, y ya se ganó su espacio como el conflicto humanitario de mayor impacto y con el más voluminoso número de víctimas en la historia del país. Como son incontables, nunca llegará a saberse su exacta magnitud, pero basta con situarlo en un contexto violentamente expansivo y progresivo del comercio informal, del emprendimiento por sobrevivencia y de las oleadas de inmigrantes para definirlo de horroroso.


Dentro de este gigantesco volumen de damnificados, hay que sumar la silenciosa tragedia del millón, hasta la fecha, de demandantes en juicios civiles que, por ley de emergencia, se hallan sin respuesta, a la espera del fin del Estado de Catástrofe para poder conocer el destino de sus querellas.


Esta abismante cifra incluye a una diversidad de ciudadanos que, en su momento, concurrieron a los tribunales en demanda de justicia y tendrán que aguardar por ella hasta cuando el Ejecutivo y el Legislativo acuerden poner término a la excepcionalidad institucional a causa de la epidemia, y ello es todo una incógnita.


La situación llega a ser casi tragicómica, porque la fase de elementos probatorios de los juicios se encuentra suspendida “hasta nuevo aviso”. El 1 de abril del 2020, el Gobierno promulgó la ley 21.226, que establece un régimen de excepción para los procesos judiciales, tanto para las audiencias como para las actuaciones.

La legislación ordenó que los periodos probatorios quedasen suspendidos “hasta 10 días hábiles después de haber finalizado la vigencia del Estado de Catástrofe”, el cual, en virtud del complejo escenario sanitario, ya se ha extendido en dos oportunidades.

Lo que en un principio se asumió como una medida para proteger la salud de las personas, terminó generando incalculables daños colaterales, uno de ellos, la acumulación de las causas en el Poder Judicial.

Aunque los tribunales no han cuantificado el número de causas en periodo probatorio que se hallan suspendidas, se sabe, como dato informativo oficial, que el 2020 ingresaron 2.665.396 al sistema, de las cuales, el 32%, esto es, 1.085.250, es de competencia civil. Prueba del descomunal atochamiento, es que sólo en los juzgados civiles de Santiago, son 500 las causas detenidas a la fecha. Hay que agregar al resto del país.

Es indispensable privilegiar esta parálisis en la judicatura para graficarla como uno de los coletazos más trascendentales originados por el virus, ya que afecta a la normal función de uno de los Poderes del Estado. Al flaquear uno de ellos en su ejercicio, se remece la institucionalidad.


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