LA NARCO POLÍTICA


VOXPRESS.CL.- Durante el año que pasó, resultó demasiado evidente la renuencia de la oposición a respaldar los proyectos enviados por el Ejecutivo tendientes a garantizar la seguridad ciudadana y una convivencia social pacífica. Resultó llamativo el automático despecho de la mayoría izquierdista parlamentaria a dar luz verde -por ejemplo- a un nuevo sistema de Inteligencia, al endurecimiento de penas a los delincuentes juveniles y a sustituir el concepto de “ilícitos” por el de “delitos”. La última iniciativa, antes siquiera de ser presentada, originó su arriscamiento de nariz y es, por lejos, una norma urgente para el combate al narcotráfico, el cual desbordó todos los límites ni siquiera imaginados por la población.


En referencia a Chile, organismos internacionales, entre ellos, la UNODC y la propia INTERPOL, subieron de categoría al país, desde “puerto de salida” de la droga a “manufacturero” de ella. Revelaciones recientes de la PDI dan cuenta de que están operando en el territorio nacional organizaciones mexicanas, italianas y colombianas. Los ajustes de cuentas, con muertes de inocentes, se deben a un incremento en los decomisos, originando la “escasez en el mercado”.


El narcotráfico dejó de ser patrimonio de barrios vulnerables emblemáticos, como, por ejemplo, La Legua y San Ramón, y se extendió de modo fulminante a todos los sectores de las grandes ciudades. En el Gran Santiago se instaló a sus anchas en la populosa comuna de Maipú, funciona en innumerables departamentos habitacionales del centro mismo de la capital y casi todas las noches se denuncian operaciones en exclusivos condominios de Las Condes.


Tal como se temía, el número de personas que se han incorporado a las innumerables redes que se dedican a la comercialización de la droga, aumentó a partir de los efectos de la crisis socioeconómica, generada –primero- por el Golpe extremista e incrementada –más tarde- por la cesantía que originó el virus chino.


Las organizaciones mafiosas encuentran terreno abonado para sus fines en hervideros sociales, como el que empezó a vivir el país luego del 18/O. Ello se ha comprobado, y con evidencias, en La Araucanía, territorio en el cual llegaron a operar bandas que ayudan directamente con financiamiento a los comuneros extremistas y los proveen de armamento.


El aumento descomunal de delincuencia callejera es producto de la necesidad de delincuentes precoces y jóvenes por hacerse de un dinero fácil con la finalidad de proveerse de droga, en cuyo mundo ya están inmersos por el consumo.

Si esta realidad de por sí es tremendamente dañina para la convivencia social y para la salud de la población, en especial la más joven, resulta particularmente peligrosa en un año, como el 2021, generoso en elecciones de todo tipo. Es cuestión de echar un vistazo al desmesurado interés por ser Presidente de la República para deducir, casi automáticamente, que hay, y habrá, quienes poco o nada les importa para ser electos para alguno de los múltiples cargos que ofrece la agenda.


No hay que apuntar sólo a otros países para comprobar que el narcotráfico todo lo puede, incluso comprando a autoridades, políticos, policías, jueces y militares. Gendarmería de Chile nunca supo explicar la existencia, al interior de sus penales, de celdas VIP, y con llaves propias, utilizadas por narcotraficantes condenados.


En Chile nunca terminó por aclararse el difundido escándalo que originó el vínculo del PS con una banda de San Ramón integrada por militantes de dicho partido. Tampoco se dilucidó el asalto a su presidente Álvaro Elizalde para robarle $50 millones en efectivo que portaba en uno de sus bolsillos. El diputado Marcelo Díaz denunció la existencia de “clientelismo” y exigió la limpieza del padrón interno, lo que no se hizo, terminando por renunciar a la colectividad.


En el narcotráfico impera la trilogía del silencio -no veo, no escucho ni hablo- como factor determinante para evitar ser involucrado y, en algunos casos, para conservar la vida. El poderío de las bandas está dado por el dominio sobre las voluntades de los demás a cambio de prebendas materiales o en dinero, sistema con el cual empiezan su conquista de espacios y sectores de especial interés para su negocio.


El vínculo de la política con la droga es antiguo en Chile, y todavía se recuerda la fracasada propuesta de que los parlamentarios se hicieran un test para comprobar o descartar su uso. En la última elección fue ungido como diputado un artista popular famoso por ser consumidor y cuyos daños físicos y mentales están a la vista.


No deja de ser sospechoso que ante el solo anuncio de agravar las sanciones contra el narcotráfico en el país, de inmediato surgieran voces en el Congreso Nacional que están en desacuerdo con ello, pese a que la población está cada vez más alterada, y aterrada, por las acciones de las bandas organizadas. Es un mal síntoma para la salud de la política local, y de un sector en particular, que pareciera resultarle necesaria en su día a día.


Pero mucho más preocupante aún es que poco o nada quieran hacer al respecto, a la espera, seguramente, de un eventual aporte de los narcos a una de las tantas aventuras electorales que se vivirán durante este año.