LA HORA DEL RETORNO

VOXPRESS.CL.- Ésta es una historia sencilla de contar: el 2013, en la víspera de la asunción al poder de Michelle Bachelet (PS), en el país existían 450 mil inmigrantes, entre legales e ilegales, y éste 2021, la cifra llega al 1.600.000 con la diferencia de que, ahora, la mayoría de ellos son clandestinos.

Tan descomunal aumento, tuvo y tiene más razones políticas que humanitarias y es fruto de la permisividad de aquella Presidente y de la inacción del actual.

Entre ambos, con diferentes enfoques, han contribuido a que, engañosamente, Chile haya sido visto como el país de las oportunidades para millares de extranjeros, no siéndolo, realidad que hoy es fácilmente perceptible en nuestras calles, en la invasión de parques y avenidas por carpas como improvisadas habitaciones, en la irrupción de campamentos periféricos sólo de ellos y en el potente incremento de la participación de foráneos en delitos comunes y en el lucrativo negocio del narcotráfico.

La inmigración en Chile es una gran tragedia, y no sólo para quienes cruzan las fronteras a la mala, sino para la gobernabilidad de la nación, la que con impotencia revela no poder hacerse cargo del problema. A duras penas la salud, la educación y la vivienda resisten el embate de quienes presionan por una oportunidad, pero dicha oportunidad no se les presenta, si es que alguna vez pensaron en ella.

Una nueva Ley de Inmigración fue parida por el Parlamento de mayoría izquierdista, ello como una forma poco disimulada de ponerle más trabas a un Gobierno adversario. Los legisladores de la oposición están en contra de los retornos forzados de los ilegales y ponen obstáculos -y el grito en el cielo- cuando gratuitamente en cómodos vuelos se deporta a inmigrantes delincuentes. Para impedir que sean enviados de vuelta, los congresistas establecieron que ningún menor ilegal puede ser expulsado y que tiene derecho a recibir a parientes indocumentados.

Casi no vale la pena la aclaración, pero en estos momentos, Chile está que revienta por sus propios problemas, y muchos de ellos generados por compatriotas nacidos en esta tierra. Decidida y frontalmente, no hay espacios laborales ni de viviendas para estos masivos desplazamientos humanos clandestinos, hechos a vista y paciencia de todos.

Organizaciones de DD.HH., ONG’s de izquierda, políticos opositores y hasta entidades religiosas fomentan el ingreso ilegal de extranjeros y obligan a la autoridad a darles cobijo y todo tipo de auxilios y atenciones, atropellando la prioridad que, en esta materia, tienen los connacionales. Viejo será el proverbio, pero mantiene su vigencia: “la caridad empieza por casa”.

Las embajadas y consulados en cuyos frontis se “hospedan” los inmigrantes indocumentados y sin ingresos, aducen que no se pueden hacer cargo de compatriotas que vulneraron las leyes de un país con el cual mantienen cordiales relaciones, de tal forma que Chile no cuenta con la ayuda de nadie para quitarse de encima este macro problema.

Días atrás, la PDI desbarató una banda de los llamados “coyotes” que ingresan ilegalmente extranjeros al país, casi en su totalidad por la frontera norte, dado los desérticos límites internacionales sin vigilancia. La organización guiaba su travesía por el altiplano hasta introducirlos en el país, donde eran recibidos por buses que los llevaban a residencias sanitarias exclusivamente para ellos, todo el servicio incluido en el cobro.

Es patético e inexplicable que un operativo clandestino de esa envergadura haya demorado tanto tiempo en ser descubierto y, naturalmente, hay más “empresas” de este tipo dedicadas a este contrabando humano, con el riesgo permanente de muertes -como han ocurrido- por las bajas temperaturas y la puna del altiplano.

En persona, gente especializada le planteó en Arica al actual Presidente cuál era la única solución definitiva, pero él la desechó porque “atenta contra el tratado internacional de fronteras comunes”. Mientras subsistan estas inhibiciones por miedos al “qué dirán”, el problema de la inmigración ilegal continuará tal cual lo inició el 2015 la socialista Michelle Bachelet, quien, a sabiendas, permitió la oleada ilegal, y con vuelos especiales, de haitianos desde Puerto Príncipe.

Un tibio atisbo de solución se vislumbra, luego de conocerse una cifra oficial inédita: por primera vez desde el inicio de la invasión, el número de inmigrantes que en un mes abandonó el país, superó a los que llegaron ilegalmente: 14 mil. Este dato esperanzador se sustenta, ni más ni menos, en la realidad con que los extranjeros se encuentran al llegar: éste no es el país de las oportunidades que creyeron o que algún malintencionado les dijo. El nuestro era una nación en vías de desarrollo y con una de las más ejemplares economías emergentes del mundo, pero ésa no es la realidad actual: creció en cifras de desempleo, en la pobreza extrema y el precio del dinero está disparado como nunca. Quienes arriban con una mano por detrás y otra por delante, engrosan la masa social de gran vulnerabilidad, y por el urgente requerimiento de sustento, un alto número de ellos encuentra en la delincuencia y en el narcotráfico un rápido “financiamiento”.

Algún día lejano -dentro de 150 años, según un estudio de la UDP-, Chile podría llegar a ser desarrollado y acoger a los miserables que llegan desde lugares más miserables aún. Por ahora, no, y su presencia los lleva a vivir la misma o peor pobreza que en su lugar de procedencia.

La toma de razón de esta durísima realidad es la que induce a muchos de ellos a tomar la ruta del retorno o intentar su nueva vida en otro sitio. Es una buena señal el hecho de que, por primera vez desde que se originó el caos migratorio, hayan sido más los que se van que los que entran.