LA HONESTIDAD, EN RETIRADA

VOXPRESS.CL.- No sólo ahora, sino ya antes del plebiscito constitucional, hemos venido siendo hasta majaderos en alertar que el país se encuentra rodeado de peligros, cercado por amenazas y en serio riesgo de perder su capital institucional, conquistado y evolucionado desde 1973 a la fecha.

El desinterés generalizado de la ciudadanía en el futuro del país, por un lado, y la abismante debilidad de la autoridad, tienen a Chile al borde del abismo, con el temor fundado de volver a caer en el socialismo revolucionario, y, esta vez, sin puerta de escape.

Este escenario, originado por razones netamente de mal manejo político, terminó conjugándose con otros múltiples factores, hasta completar un universo casi catastrófico: los efectos socioeconómicos de una pandemia inacabable; el empoderamiento del narcotráfico; el violento crecimiento del terrorismo en sus versiones rural y urbana, y la insolucionable inseguridad ciudadana, parecían más que suficientes motivos para sentarnos a llorar.

Sin embargo, casi como un tácito pacto enviado desde el infierno, simultáneamente se dejaron caer sobre la ciudadanía una seguidilla de escándalos y trampas que apuntan directamente al corazón de la fe pública.

La combinación de increíbles anomalías en las inscripciones de candidaturas ante el SERBEL y de una cadena de gravísimas denuncias y querellas en las municipalidades -algunas, de las más pintosas-, llevan, necesariamente, a preguntarnos ¿qué nos está pasando, cómo o por qué se ha llegado a límites intolerables de codicia y cuál es el motivo de haber perdido todo pudor en la gestión pública? La respuesta de siempre, la consabida, es “falta control”, pero mucho antes que éste, se halla la honestidad de cada uno.

Con esta virtud, y con la cual todos nacemos, no sería indispensable ninguna fiscalización. Fiscalizó el SERVEL y se encontró con un montón de trampas para inscribir las candidaturas de todo tipo y fiscalizaron los alcaldes recién asumidos, y se toparon con desfalcos, malversaciones y apropiaciones ilícitas por parte de sus antecesores. El drama de este Chile herido es que no se trata de uno o dos casos ni tampoco aislados, sino de una práctica delictuosa que se ha dejado caer masivamente.

En lo electoral, las maldadosas maniobras de dos extremistas de izquierda, como Diego Ancalao y Rodrigo Rojas Vade, superan todo lo imaginable en cuanto a burla a la fe pública, el primero por ser un candidato a La Moneda y el segundo por estar encargado de redactar la nueva Constitución. Éste juntó fondos entre cándidos pobladores para tratarse un cáncer, sin tenerlo, y destinar lo recaudado a financiar su campaña a la Convención.

Lo más indignante es que todos los afectados por inscripciones irregulares ante el SERVEL culparon a éste de la situación y, con la mayor de las frivolidades, conversaron la posibilidad de impulsar una ley corta en el Congreso para modificar las reglas vigentes y por las cuales se rige dicho servicio. Es éste el encargado de la administración, súper vigilancia y fiscalización de los procesos electorales y del cumplimiento de las normas sobre transparencia, límite y control del gasto electoral y de la normal inscripción de las candidaturas.

Los partidos y entes individuales “afectados” sabían y saben, mejor que nadie, las condiciones y obligaciones para ser candidato, y ello lo prueba la enorme cantidad de aspirantes que superó sin problemas el trámite.

El masivo rechazo de postulaciones no hay que atribuírselo a los formularios, sino a la calidad de las personas que los firmaron. Ejemplo de ello es que Ancalao, de la Vocería del Pueblo, no sólo falsificó grotescamente 23 mil firmas, sino tenía antecedentes penales previos.

A su vez, asombro originó la sorpresiva oleada de ex alcaldes cuestionados en municipalidades tradicionalmente y consideradas de lujo en su manejo. Es habitual, casi una costumbre, que los ediles entrantes se encuentren con sorpresas de todo tipo por la gestión de sus antecesores, y tras el arribo del sistema de concejales, es también pan de cada día el enfrentamiento de éstos con el jefe comunal por el rechazo a algunos proyectos. Novedoso, aunque no reciente, fue, como excepción, el caso de San Ramón, municipio en el cual se debió repetir parte de la elección por el fraudulento “triunfo” del socialista y narcotraficante Miguel Ángel Aguilera, quien en lugar de terminar en la alcaldía para un nuevo período, terminó recluido en la cárcel.

Un terremoto por lo inesperado y por el (supuesto) prestigio de los involucrados, afectó a tres municipios considerados ejemplares e intachables del “exclusivo sector oriente” de la capital: Vitacura, Lo Barnechea y Las Condes. En el primero, quien lo manejó por 25 años, Raúl Torrealba, fue querellado por su sucesora Camila Merino por enriquecimiento ilícito, trayendo como coletazo que, de inmediato, el edil de Lo Barnechea, Cristóbal Lira, denunciara al ex jefe de la comuna, Felipe Guevara -hoy, Delegado Presidencial metropolitano-, por negociación incompatible, y en Las Condes se denunciaron a la Fiscalía Nacional, supuestas coimas de funcionarios municipales a la Unión Comunal de Vecinos.

Si a ello se suma que la emblemática alcaldesa de los festivales de Viña del Mar, Virginia Reginatto, está siendo investigada por una millonaria pérdida en su municipalidad y algo similar está viviendo la ex edil de Maipú, Kathy Barriga, algo huele mal, muy mal, en el ámbito de la gestión comunal, un sector muy sensible por su vínculo directo y permanente con los vecinos, a quienes hay que servir y no servirse de ellos.

Como si el panorama sociopolítico/económico no estuviese lo suficientemente gris, llegaron más nubes a ennegrecerlo, pero ahora con un denominador común terriblemente inquietante: la falta de honestidad.