LA COQUETA IMPUNIDAD


El hecho de que la justicia no es igual para todos ha quedado, una vez más en evidencia con la decisión de un tribunal de perseverar sólo en algunos casos de imputados por la emisión de “boletas falsas” para financiar campañas políticas. A otros los dejó limpios de polvo y paja, entre ellos a un ex ministro PDD de Bachelet.

Todos, inculpados e ‘inocentes’ fueron, y son, parte de un largo proceso por fraude tributario. El fiscal respectivo decidió no perseverar en aquellos casos en que el SII no interpuso denuncia por evasión de impuestos, recayendo este ‘beneficio’ en Rodrigo Peñailillo, quien por este ilícito, debió renunciar al Ministerio del Interior y le quitó el saludo a su madrina política, la ex Presidenta de la República.

Peñailillo, debe recordarse, confesó judicialmente que bajó desde la web un texto para entregárselo a SQM como “informe técnico” y cobrar la inexistente prestación de servicios, cuyos dineros fueron directamente a la tesorería de la campaña electoral de Bachelet. Sin embargo, la entonces Presidenta ordenó al director del SII que no se querellara en su contra.

La decisión del tribunal repercutió de inmediato en el PPD, cuya flamante presidenta Natalia Piergentili le recordó a Peñailillo que, pese a su ‘absolución’, continúa éticamente manchado, por lo cual no puede ser candidato a senador por el partido.

Igualmente, el SII no denunció por elusión tributaria al senador Jorge Pizarro y al ex diputado Roberto León, ambos DC. En el caso del primero, sus dos hijos recibieron más de $ 40 millones de SQM por “asesorías orales” que, supuestamente, prestaron a sus ejecutivos en horas de almuerzo… El ingreso pagado mediante la “boleta falsa” fue a parar a la campaña senatorial de papá.

Entre quienes el Ministerio Público si decidió perseverar –continuar adelante con el juicio- se encuentran Pablo Longueira (ex UDI) y Marco Enríquez (PRO), ambos no afines al régimen bacheletista.

Aunque en otra arista y en otro frente, la Justicia parece decidida a enfrentarse a la influyente y atemorizante izquierda, al declarar inadmisible una petición de sobreseimiento para el ex diputado y hoy convencional comunista Hugo Gutiérrez por el delito de injurias graves. Un Juzgado de Garantía de Iquique resolvió mantener la investigación en su contra, por lo que la Fiscalía presentó la solicitud de desafuero ante la Corte de Apelaciones regional, pues el imputado goza de ese beneficio por ser convencional constituyente.

Todavía como diputado, Gutiérrez no compareció a ocho citaciones del tribunal, ante lo cual la Fiscalía recurrió a la Corte de Apelaciones para que emitiera una orden de detención. Antes de que ésta se hiciera efectiva, se presentó a una audiencia, pero, por “el desconocimiento del contenido de la querella”, sus abogados consiguieron que se prorrogara en cuatro meses.

Finalmente, el 2 de agosto, luego que su defensa recusara a dos magistrados, se pudo realizar la audiencia, y el tercer juez rechazó la solicitud de sobreseimiento definitivo.

Irritado por ser fiscalizado en la playa Cavancha de Iquique en plena cuarentena por una patrulla de marinos, Gutiérrez, en su espacio de YouTube “Barba Roja”, basureó a la Armada, a su personal, a su historia y la calificó de “manga de golpistas”.

Por tratarse de una institución no deliberante, el Presidente de la República impidió que la Marina se querellase, por lo cual una treintena de ex oficiales lo hizo, acusándolo de injurias graves.

Como cobarde injuriador profesional escondido tras su fuero, Gutiérrez fue absuelto nada menos que por el Tribunal Constitucional por instar al asesinato, al ordenar a, según él, “niños comunistas”, pintar tarjetas de Navidad con dibujos incitadores a la muerte del Jefe de Estado.

La impunidad es muy coqueta, porque se bambolea de acuerdo a los sones que le toca la Justicia, la que guste o no, desde 1990 en adelante no se ha podido sacudir del contagio ideológico, por mucho que el presidente de la Corte Suprema, Guillermo Silva, un juez íntegro, no se canse en proclamar que “nada tiene que hacer en el Poder Judicial quien no dicte sentencia exclusivamente ceñido a las leyes”.