LA CONVENCIÓN, VERGÜENZA NACIONAL
VOXPRESS.CL.- No es poca cosa que ya muchos chilenos se hayan dado cuenta de sus permanentes irregularidades y que hasta un delegado de izquierda moderada haya denunciado que “está cruzando el límite de la constitucionalidad”. Lo cierto es que la Convención Constituyente, con su cúmulo de grotescos espectáculos, se ha transformado en una vergüenza nacional.
Desde su instalación, la Convención, presidida por una asumida intelectualoide de izquierda y activista mapuche, ha encadenado episodios de bochornos, tal como se esperaba a raíz del limitado nivel pensante de su mayoría, y se acentuó la convicción de que su imagen nada tiene que ver con la que debe irradiar una instancia responsable de una misión tan delicada como trascendente.
Inmediatamente, tras el resultado del plebiscito constitucional, se temió lo peor, visión que se agudizó trágicamente con el desenlace de la elección de los convencionales, “trabajada” con obcecación y disciplina por la izquierda extremista. Evocando un pasado reciente, pocos creyeron, en su momento, en que la Convención iba a ser controlada por los mismos que organizaron y protagonizaron la subversión del 18/O y por quienes están detrás del terrorismo en La Araucanía.
Ninguno de ellos es afín a la democracia, a las libertades personales y, menos, al Estado de Derecho, ya que en noviembre de 2019 se comprometieron a la “desobediencia civil”, como única vía de conquistar el poder. Una dirigente gremial comunista, en esa ocasión, proclamó que “la violencia no entra en cuarentenas”.
A fines de la década de los 80, cuando Ricardo Lagos inició su cruzada para recuperar sin violencia la democracia en el país, el PC se negó a plegarse a dicha iniciativa por considerar que “la única vía de expulsar a Pinochet del poder es mediante las armas”. Creó, entonces, el Frente Manuel Rodríguez y pactó con Cuba el envío de un arsenal clandestino al país, descubierto muy a tiempo en Carrizal Bajo, Huasco.
Bajo la chapa de ‘Guillermo Larraín”, el encargado de la adquisición de armas fue Guillermo Teillier, el actual presidente del PC, diputado, y candidato al Senado, electo a través de un mecanismo en que no creía ni cree: el voto popular libremente informado.
Los operadores que ejercen su poderío en la Convención son los comunistas y frenteamplistas, que estuvieron presentes en la organización, en Caracas, del 18/O, más los miembros de las comunidades comunistas de mapuches de La Araucanía y las brigadas de choque que aniquilaron material y económicamente a Chile después del Golpe en la primavera del 2019.
Fueron ellos quienes solicitaron a sus fuerzas callejeras que rodearan el Congreso Nacional en Santiago para atemorizar y presionar a los “boicoteadores” que se iban a oponer a su arbitraria aplanadora ideológica totalitaria. La instalación debió retrasarse, porque varios de sus convencionales salieron raudos a unirse a las violentas manifestaciones “para combatir a los carabineros represores”.
Ya en ese minuto resultaba de toda lógica sospechar cómo iba a continuar el desarrollo de la Asamblea. El matonaje de sus controladores permitió que el Reglamento, lo primero que debió resolverse, recién llegara a un conflictivo acuerdo después de dos meses de funcionamiento, pues ese tiempo lo dedicaron a acallar la voz y a discriminar a los convencionales no extremistas y a entrometerse en materias de la coyuntura política para reforzar su “desobediencia civil”. Acertadamente, alguien definió este escenario como “infantilismo revolucionario”, pero más que anecdótico, el concepto es dramático, porque la ola de episodios repudiables no ha parado hasta la fecha.
En lo conceptual, es gravísimo que los delegados desconozcan la reforma constitucional que, democráticamente, resolvió que todos los acuerdos, y no sólo unos pocos, deben ser aprobados por el 2/3 de los delegados, y de no ocurrir ello, la propuesta se rechaza. Resulta inadmisible que quienes fueron mandatados para componer una nueva Constitución, partan violando la Constitución vigente. Ese solo elemento es más que suficiente para pedirles, u obligarlos, a que se marchen a sus casas.
La primera encuesta que se realizó sobre la Convención después del escándalo de su vicepresidente Rodrigo Roas Vade, la dejó por los suelos, porque el 82% de los consultados considera que lo que han hecho sus delegados es, simplemente, un papelón. En la reciente consulta ciudadana del CEP, hecha antes de aquel bullado episodio, apenas un 24 % respondió tener confianza en ella, en una evaluación que, para ira del extremismo, está por debajo de la referida a las Fuerzas Armadas y Carabineros.
Una instancia de esta naturaleza carece de legitimidad desde el momento en que no se ha pronunciado, como asamblea, acerca del engaño a la fe pública por parte de su (ex) vicepresidente, el “primera línea” Rodrigo Rojas, actualmente enjuiciado por la ley anti-barricada y por perjurio, al inventar una enfermedad incurable para recolectar fondos para su campaña electoral como convencional. Sólo se encuentra con una falsa licencia médica y no ha perdido su condición de miembro de la instancia. Para mayor desvergüenza, un buen número de delegados extremistas censuró a la mesa por haber puesto su sucia treta en manos de la Fiscalía Nacional. La deducción es elemental: no puede ser lícita una entidad que entre sus miembros tiene a un doble delincuente procesado por la Justicia, y que para mayor abundancia, es respaldado por gran parte de ella.
Simultáneamente a esto, resultó repugnante el anti-nacionalismo de varios de sus integrantes, que se negaron a entonar o se retiraron cuando la Asamblea homenajeó a las Fiestas Patrias con el himno nacional. Si alguien de buena fe supuso que los delegados elegidos harán una Constitución para todo Chile, en su conjunto y en integridad, se equivocan. Entre las filas de tan peculiares componentes hay quienes, simplemente, no son chilenos ni les interesa serlo.
Sus vocaciones ideológicas van de la mano con otros intereses, y ello quedó de manifiesto con algunas resoluciones totalitarias, como imponer el silencio a quienes no están de acuerdo, como prohibirles que se muestren en público, como discursear en idiomas ajenas al lenguaje nacional, como restringir la libertad de opinión y eliminar el derecho a la libertad de enseñanza, quitándole a los padres su tutela en este sentido para que sólo el Estado se haga cargo de ellos.
La Convención Constitucional, si es que todavía caben dudas, es una vergüenza por su odio, por su prepotencia y por sus anomalías morales. Los mismos delegados que vomitan sobre el capitalismo, se aumentaron a $ 4 millones sus ingresos mensuales y no tuvieron la honestidad de rechazar el IFE que recibieron del Estado para ayudar, de emergencia, a combatir el hambre que, falsamente, desde luego, están sufriendo.