JUSTICIA A PEDIDO



VOXPRESS.CL.- El que la Justicia viene “dando la hora” hace mucho tiempo, de ello a ningún chileno le cabe duda, a no ser a los miembros del propio Poder Judicial, aunque, es claro, no a todos. Está enraizado en la población el sentimiento de que, simplemente, “no existe la justicia” y que, de haberla, ésta “no es igual para todos”.

Es infinitamente alta la cifra de delitos impunes y resulta nefasto el ejemplo de casos tremendamente escandalosos que se llevan “en reserva”, como el del ex alcalde de Vitacura y del ex intendente de Santiago. Ha sido la propia judicatura la que se hizo el hara-kiri, cavando sus propias fosas por la conducta de sus funcionarios, y esto a cualquier nivel, más por simetrías ideológicas que por carencias profesionales.


La hecatombe en el Poder Judicial se produjo durante el segundo Gobierno de la Concertación, cuando se propuso, y se aprobó, la reforma procesal penal, el más grande impulso que jamás haya dado un país a la impunidad, que resultó ser todo un dadivoso crédito a un violento crecimiento de la delincuencia en todos los ámbitos.


Se festejó este tamaño desacierto judicial como el fin de juicios infinitos e interminables, pero nadie imaginó que el sistema de “garantismo”, o presunción de inocencia, iba a llenar las calles de malhechores reincidentes. A los malandrines se les facilitó gratuitamente un Defensor Público (pagado por todos los chilenos), en tanto las víctimas quedaron entregados a la buena voluntad de fiscales agobiados por los casos, sin más alternativas que financiarse personalmente su defensa.


O sea, el mundo al revés: facilidades para el victimario y dificultades para la víctima.


A este decadente sistema de justicia se le unió, con la vertiginosidad de un rayo, una rápida ideologización del componente humano. Se produjo una mixtura entre la politizada Academia de Formación de magistrados y el Ministerio Público, toda una fábrica de fiscales comprometidos, tendenciosos, ávidos de celebridad, obsesivos por escalar puestos y que apuran o ralentizan las causas de acuerdo a sus propios intereses.


Hay que reconocer que hubo un intento por corregir esta desnaturalización de la Justicia, y corrió por cuenta de un presidente de la Suprema que no tiene que ser olvidado: Guillermo Silva. Una y otra vez ha advertido a sus jueces que “quienes no se ciñan a las leyes y a los códigos en sus sentencias, nada tienen que hacer en el Poder Judicial”, llamado que, como es de suponer, ha temido poca receptividad: una jueza en La Araucanía dejó totalmente libre a un comunero mapuche acusado de usurpación de tierras; una sala del máximo tribunal no devolvió la propiedad a quien reclamó por tenerla ‘tomada’ ilegalmente por más de dos años y la Corte de Santiago acogió cuanto recurso de protección le presentó la izquierda para impedir la expulsión de inmigrantes ilegales acusados de cometer delitos.


Sin noticias acerca de culpables, se cumplió un año del secuestro y posterior asesinato de un niño (3) en Arauco.

Este negro escenario está siendo agudizado, todavía más, por el consenso existente en la Convención de que el Poder Judicial se reduzca sólo a un Sistema Judicial y que, a partir de la nueva Carta Magna, comparta jurisdicción con los Tribunales Indígenas, fundamentalmente -por su alto volumen de originarios- con los mapuches.


Inaudito: en vez de que la nueva Constitución supere los vicios de la actual Justicia, los profundiza con la creación de juzgados tribales, casi domiciliarios.


La norma, entusiastamente aprobada para ser incluida en la próxima Carta Magna, dice textualmente que “el Estado plurinacional de Chile debe respetar, garantizar y promover los sistemas jurídicos indígenas con perspectiva de género y de forma descentralizada”.


O sea, es el fin de un Poder del Estado -que no es poca cosa- y es el inicio de una plurijudicialidad, con la diferencia, asombrosa por decir lo menos, que los indígenas tendrán el derecho y la libertad de elegir por cuál modelo prefieren ser juzgados.


Éste será privilegio único para el pueblo mapuche y, en particular, para las comunidades de las provincias comprendidas en la macrozona afectada por la subversión narcoterrorista. Es casi irrisorio suponer, siquiera, que un guerrillero sorprendido con armas de guerra optará por un tribunal ordinario, siendo que el lonko encargado de impartir justicia lo relevará por su noble misión de combatir, y matar, en aras de la noble misión de ‘recuperar’ --usurpar, mejor dicho— tierras ajenas.


A partir de ahora, formal y oficialmente no todos serán iguales ante la Justicia, y ello por mandato de una Constitución poderosamente influenciada por colectivos extremistas e indígenas que están traicionando a una tierra que los ha educado y enseñado herramientas para integrarse en plenitud a la sociedad.


Ésta que se encuentra en pleno cocimiento y contra el tiempo, es, y será se supone, la Constitución de las desigualdades, la de los privilegios y la de las arbitrariedades, todo un hito en materia de institucionalidad, y ello ante la vista y paciencia de millones, incluidos mapuches y otras etnias, que han evolucionado y progresado al compás de una Constitución que le ha permitido a Chile pasar de pueblito a país.


Tienen razón los convencionales que abogan y vociferan por materializar una Constitución que refunde a Chile, porque con los cambios que caprichosamente están llevando a cabo, eso será lo que terminarán consiguiendo: volver al elementalismo casi primitivo de una arcaica sociedad, ya olvidada.