IMPUNIDAD REVOLUCIONARIA


VOXPRESS.CL.- Se terminaron las vacaciones para el Gobierno entrante, y la casona del comando boricista a pasos de avenida Providencia, volvió a ser acosada por un periodismo que ha hecho del futuro Presidente un peluche, y, también, las rejas herméticamente cerradas son barrera para incansables admiradores de este pequeño rockstar, al que buscan tocar, dedicarle algún piropo o pasarle un regalito, sea una solitaria cala o un pollo “recién cocinado para usted”.


Dentro de este clima, mezcla de fervor y ternura, pasaron casi como anécdota los antecedentes penales de tres subsecretarios, las duras denuncias contra la ministra del Deporte y el que esa misma casona se transformase, antes de las vacaciones, en el palacio del covid, demostrando con ello que los futuros moradores de La Moneda no son aficionados a ceñirse a las instrucciones sanitarias en cuanto a prevención.


Todo pasa y está pasando en torno a los integrantes del equipo gubernamental que debutará el 11 de marzo y, la única polémica que en torno suyo ha logrado cierta relevancia es acaso las puertas de La Moneda estarán abiertas de par en par para la circulación del público. “Quiero que el pueblo transite libremente por su interior” es el sentimiento de Gabriel Boric, interesado en reponer una costumbre republicana de que los patios de los cañones y de los naranjos sean un pasadizo entre la calle Moneda y la hoy plaza de la Ciudadanía.


La policía civil, Carabineros, sus propios escoltas y todos los expertos en seguridad le han aconsejado que el “horno no está para bollos”, y menos sabiéndose de la propuesta de un grupo de delegados de la Convención Constitucional de que se decrete una amnistía general respecto a “delitos sociopolíticos”. Dichos convencionales, exponentes de la izquierda dura, presentaron una norma constitucional (¿?) para que se decrete amnistía para quienes sean detenidos por manifestarse en las calles, la cual debe prolongarse hasta la realización del plebiscito de salida”.


Esto es, simplemente insólito e inédito en un país que dice respetar el Estado de Derecho. Se trata de una incitación a la comisión de delitos “en aras de la política” y que queden impunes.


Este grupo de constituyentes que fue electo por su oferta de liberar a los “presos políticos”, que ya constituye una transgresión a la constitucionalidad, increíblemente redactó esta iniciativa de norma constitucional… Ella otorga una carta blanca a futuros vándalos detenidos y a actuales condenados, quienes gracias al rótulo de “luchadores sociales” arrasan con lo que se les presenta por delante.


El plebiscito de salida es la consulta ciudadana que, con carácter de voto obligatorio, la ciudadanía deberá pronunciarse acaso acepta o rechaza la Constitución que le proponga la Convención.


De momento, ésta debería estar lista a mediados de año, ello de acuerdo al plazo constitucional que tienen sus redactores, pero cada vez gana terreno al interior de la Convención la idea de extender el plazo de discusiones, ello ante el cúmulo de barrabasadas presentadas para ser discutidas e incluidas en la nueva Carta Fundamental, algunas tan aberrantes como ésta de la amnistía general para “presos políticos” del pasado y del futuro.


Este colectivo de constituyentes es el vinculado estrechamente a la Lista del Pueblo y a los representantes de etnias que, a cualquier precio, pidieron primero el indulto y ahora parecen satisfacerse con la amnistía. Si ya esa postura implica una impunidad inaceptable, es realmente una brutalidad que se extienda el perdón, y desde ya, para los delitos que se comentan hasta el plebiscito de salida, esto es, dentro de meses o, quizás, en el plazo de un año.


Esta descarriada iniciativa tiene una explicación a una realidad que los chilenos, entre ellos, casi todos los políticos, se niegan a ver: es la Convención la que está determinando el futuro institucional del país, y para ello requiere apoyo y defensa externa.

Desde que el Gobierno en vías de asumir ganó el poder, hemos dicho –y hasta la saciedad- que su operatividad a partir del 11 de marzo será secundaria, casi meramente administrativa, y ello porque carece de respaldo en el Congreso. Con un Parlamento condicional, como el que se viene, no será mucho lo que pueda hacer. Ello no le quita el sueño a Boric ni a quienes lo rodean, porque el "nuevo Chile", o sea, la refundación prometida, no se hará desde La Moneda, sino desde la Convención.


Las Comisiones, que no tuvieron vacaciones, al revés del Ejecutivo y el Legislativo, no dejaron de trabajar, y aprobar, varias normas constitucionales que demuelen de raíz la institucional vigente y la democracia aún subsistente en Chile. Algunos ejemplos revolucionarios devastadores para el futuro son éstos: se elimina la plena libertad del derecho a ser propietario; se pone fin a la libertad económica; se terminan todos los derechos de agua concedidos desde 1981 a la fecha; los mapuches de La Araucanía tendrán soberanía territorial, política y administrativa, al punto de contar con tribunales y jueces propios de la etnia; las Regiones gozarán de autogestión e independencia en lo económico y los inmigrantes -incluidos los ilegales- tendrán derechos especiales y exclusivos por sobre los de los chilenos.


Aunque unas pocas, éstas son algunas de las propuestas ya aprobadas por 2/3 de las comisiones técnicas y que, más tarde, deberán ser debatidas y tener el visto bueno del 2/3 del plenario.


El presentimiento de algunos, que no es más que eso, apunta a que no es lo mismo un 2/3 en las comisiones que en el plenario. Sin embargo, ¿quién puede predecir que ello será así? De los 154 constituyentes –hay que descontar a Rojas Vade, el sinvergüenza que sigue recibiendo su dieta- hay 117 de la izquierda, una izquierda que, siempre y en definitiva, termina uniéndose, como fue el caso del acoplamiento de la ex Concertación a la dupla aliada del amplismo y el comunismo.

El Gobierno, está dicho, carece de los implementos para ‘cocinar’ en La Moneda la revolución propuesta después de la subversión de octubre. Pero las herramientas sí las tiene la Convención.


Es para este proceso para el cual los duros de la Convención requieren del apoyo violento de las manifestaciones callejeras. Constituyen un soporte para su causa “transformadora” y, para ello, precisan de esta inaudita especie de inmunidad para los vándalos callejeros.


Un pequeño detalle demuestra que el Ejecutivo y la Convención utilizan diferentes carriles: mientras el Presidente suplica por el orden público para que los decepcionados no lo aprisionen ni lo apuren por no poder ir rápido en la revolución, la Convención reconoce su potestad para hacerlo y, por lo mismo, requiere del apoyo de las protestas y de una total discrecionalidad de los manifestantes para atemorizar al resto y demostrar su real “poder de cambio”.