HONESTO A CABALIDAD


VOXPRESS.CL.- En medio de esta cada vez más profunda crisis de credibilidad de los Poderes del Estado, hay que reconocer una excepción, y debe ser con nombre y apellido: Guillermo Silva, presidente de la Corte Suprema. Hasta que fuera electo por sus pares, reinaba la sensación de que la Justicia era, y sin contrapeso, un tesoro propiedad exclusiva de la izquierda, la que se dedicó, sin pudor alguno, a ideologizar e interpretar las leyes y los códigos para, luego, dictar sentencias a su entero antojo. Así como el Ejecutivo y el Legislativo continúan rumbeando por el camino de la pequeñez y el egoísmo, el Poder Judicial se ha enaltecido, y ello hay que atribuírselo íntegramente a Silva, un magistrado que hace de la neutralidad su religión y de la objetividad, el único modelo de arbitrar justicia.

Se ha anotado expresiones que, desde ya, marcaron su presidencia y quedarán para la historia. Una de ellas fue un mensaje categórico al resto de los jueces, al manifestar categóricamente que “quien no falle apegado al Derecho, nada tiene que hacer en el Poder Judicial”, y la otra fue que “los magistrados no son parte de ningún concurso de popularidad, de tal modo que deben ceñirse, con el máximo rigor, a las pruebas a su vista”.

No por pura casualidad, sino por sus consistentes mensajes a la judicatura en general, es que se han ido revirtiendo emblemáticas sentencias falladas para la galería, como el caso de la muerte del ex Presidente Frei Montalva y el de la prohibición a Carabineros de utilizar balines de goma. Además de positivas, son señales optimistas y esperanzadoras, en cuanto a que mientras esté en sus manos, la Justicia no seguirá por el carril ideológico por el cual la llevaron sus antecesores.

En el bullado ‘caso Frei’, hay que recordar una revelación del entonces canciller José Miguel Insulza, quien confesó que “nunca vi tan impactado al Presidente (Frei Ruiz-Tagle), como cuando se convenció de que su padre no había sido asesinado”. Hace poco, la Corte de Apelaciones cerró definitivamente el caso “por no existir prueba alguna de que alguien haya intervenido en su muerte”.

Un mes atrás, la Suprema revocó un fallo que prohibió a Carabineros hacer uso de sus balines de goma en su misión constitucional de disolver las acciones vandálicas. Al fin, un gesto de justicia para una policía vapuleada y ninguneada hasta por el propio Gobierno.

La ‘declaración de principios’ más determinante de su mandato, se produjo cuando Guillermo Silva, hace algo más de una semana emitió expresiones que, por razones más que obvias, no se difundieron: “no soy partidario de dar luz verde a más violencia con la idea de indultar a los autores del vandalismo, porque si lo permitimos, se seguirán cometiendo este tipo de delitos”.

Ésa es su respuesta a la solicitud de un puñado de parlamentarios del arco iris opositor --PC, FA, PPD, PR, PS y DC- para que se deje en libertad a quienes destruyeron el ferrocarril metropolitano, incendiaron centros de abastecimiento, saquearon negocios y derribaron monumentos, entre otras muchas “acciones de protesta”. Los solicitantes del indulto para estos malhechores es que se les imputan delitos que no cometieron…

La Corte no demoró ni tres días en revocar la libertad concedida por una jueza en favor de los dos autores, probados, del incendio de la Estación Pedreros del Metro: debieron volver a la cárcel.

Para los decentes y honestos de este país, el ministro Silva parece ser uno de los pocos que, por estos días, transita por el camino de la corrección, pero sabe, y lo tiene claro, que lo esperan días difíciles, tras la elección de los convencionales constituyentes. El ansía algo que el poder político no se lo dará fácil: la designación, sin cuoteos ni visados del Ejecutivo y del Legislativo en la designación de los magistrados de la Suprema. Sin expresarlo tajantemente, teme que el extremismo, al estilo de la Constitución venezolana, influya o actúe directamente en el nombramiento de los jueces. Dos de sus mayores preocupaciones son la independencia de la Justicia, y la otra es su oposición a que se le rebaje el estatus, y el Judicial deje de ser uno de los Poderes del Estado: “lo más probable es que el Poder Judicial sea ‘tocado’ en esta nueva Constitución, y tenemos que estar preparados”. Anteponiéndose a ese inminente peligro, cree indispensable que en las deliberaciones sobre la Carta Magna, la opinión del máximo tribunal “sea tomada en cuenta”.

En medio de su escepticismo, tiene la creencia de que en vista del desmadre de la delincuencia en el país, “se cambie lo relacionado con la responsabilidad penal”, pero este pálpito suyo será, particularmente, una de las inquietudes de la izquierda, la que, por el contrario, aspira a dar el máximo chipe libre y ampliar excepciones a la comisión de delitos, especialmente en los casos de “protestas sociales”.

Para Guillermo Silva, el escenario actual es particularmente preocupante, porque “si hemos sido testigos de un fuerte incremento delictual con las abundantes restricciones impuestas por la pandemia, es de imaginarse cómo será cuando el país recupere su total normalidad. Para ese momento, estamos preparados en todos los estamentos de la Justicia, porque se vendrá una avalancha de causas”.

Ojalá en este país, los ‘actores’ del Ejecutivo y del Legislativo tuviesen la visión tan clara como la del presidente de la Corte Suprema. Lo más valioso de él, es que se trata de una excepción en el océano de intereses, mediocridades, torceduras y conveniencias que inundan nuestra institucionalidad.