FRESCOS DE PROFESIÓN

VOXPRESS.CL.- Con molestia e indignación, más que con sorpresa, la población ha tomado conciencia de que la evolución social del país es, definitivamente, una involución en cuanto a valores, ello a raíz del comportamiento irrespetuoso, prepotente e individualista de un sector de la sociedad que incumple, por el gusto de hacerlo, las restricciones sanitarias, contribuyendo, así, a la propagación del virus en lugar de aportar a su disminución.
No obstante, otro hecho, de conocimiento reciente, refuerza la percepción de que parte de nuestra sociedad no responde a los mínimos cánones de moral y transparencia, lo que agrava la actual realidad de crisis y descomposición, atomizando severamente las esperanzas acerca del cacareado “Chile mejor” o, para adecuarlo a la izquierda, de “un nuevo Chile”.
La nueva mala noticia es que un 80% de los trabajadores que cobraron el bono clase media el 2020 no correspondiéndole recibirlo, definitivamente no devolvieron al Fisco dichos dineros. Da pena, y muy grande, ratificar que la convivencia nacional no será posible recuperarla con este marco de falta de honestidad imperante.
El aporte fiscal para la clase media fue una ayuda económica de hasta $500 mil, no reembolsable, para trabajadores y empresarios individuales que hubieran tenido una disminución de sus ingresos de 30% o más, a raíz de la emergencia sanitaria.
Para hacerse merecedor a esa ayuda, se debían cumplir los siguientes requisitos: que el promedio mensual de todos los ingresos formales durante 2019 hubiese sido igual o mayor a $400 mil y menor o igual a $2 millones; que los ingresos formales hayan experimentado una reducción del 30%, calculado de acuerdo al tipo de contribuyente, al mes de julio de 2020; estar acogidos al Seguro de Cesantía o que se haya pactado disminución de jornada laboral o de remuneración con el empleador.
o Ocurrió que a comienzos de octubre del año pasado, el SII reveló que 437.703 trabajadores dependientes accedieron al bono clase media sin cumplir con los requisitos de tener una caída del 30% en sus entradas. De ellos, 37.100 correspondían a funcionarios del Estado.
A causa de dicha anomalía, el SII estableció un procedimiento para que los trabajadores restituyesen los montos percibidos indebidamente, sin reajustes, ni multas ni intereses, a través de una plataforma disponible en el sitio web de la Tesorería General de la República. Simultáneamente se abrió una opción para quienes presentaran antecedentes que acreditasen si les correspondía acceder al bono.
Concluidos ambos plazos, 71.901 trabajadores dependientes (públicos y privados) restituyeron el beneficio, lo que equivale a 17% del total. El 80%, en cambio, no devolvió el beneficio fiscal, pese a no cumplir con los requisitos. De las 34.204 personas que presentaron datos aclaratorios 16.150 lograron acreditar que sí satisfacían los requisitos para acceder al beneficio, principalmente por tener licencias médicas de julio 2020 no registradas por la Superintendencia de Salud.
El ranking de quienes no retornaron al Fisco los dineros que no les corresponden, lo componen, mayoritariamente, funcionarios de Servicios de Salud Pública, fundamentalmente de la zona central, lo que, mirado desde una perspectiva humanitaria, aminora la acción dolosa, por tratarse de trabajadores que fueron estrujados al máximo, día y noche, a causa de las presiones a que fueron sometidos los hospitales a causa del virus. Pero, aún así, y teniendo en cuenta que sus ingresos no están al nivel de las demandas de salud, es censurable que hayan mal acreditado una disminución de sus salarios, cuando ello no fue así y, por el contrario, recibieron incentivos por horas extras.
Lo totalmente censurable es que entre quienes rehúsan retornar dineros que no les corresponde, se hallen una entidad dependiente de Carabineros, la Fundación para la Enseñanza de la Niñez y personal de la Universidad de Chile, tres instancias que deberían, y ser, modelos de transparencia, ética y buenas costumbres.
Los empleados del Estado, a excepción de los funcionarios de la Salud, muchos hoy disfrutan de vacaciones en recompensa por completar nueve meses trabajando desde sus casas, con un gran ahorro de transporte y de colaciones, y con el agrado de no tener a la vista a compañeros antipáticos. Para mayor comodidad, cumplen sus funciones sin que nadie los observe ni controle, sin siquiera mudarse el pijama con que se levantaron.
Una de las causas de las aglomeraciones que incentivan el incremento de los contagios del virus es que las reparticiones estatales atienden anómalamente, con muy poco personal presencial. Es más que preocupante, es escandaloso, que sean éstos, defendidos con descaro por la ANEF -que pidió hasta el pago de horas extras por laborar desde las residencias-, los que constituyan el mayor contingente de menor transparencia y más abusivo de todo el ámbito laboral.