¡ESTO, POR NINGÚN MOTIVO!
VOXPRESS.CL.- El siguiente trozo está tomado de un documento oficial de la Biblioteca del Congreso Nacional, correspondiente a la Asesoría Técnica Parlamentaria:”el indulto es un mecanismo jurídico mediante el cual se perdona la pena a un condenado”.
La idea del perdón está asociada a la práctica de “quitar la culpa”, y expresa en forma específica “una gracia o un don ¡inmerecido!”. El documento del Parlamento aclara, expresamente, que no son indultables los condenados a presidio perpetuo calificado, e igualmente los delitos terroristas, los que no acceden al indulto, salvo para conmutar la pena de muerte”.
Los dos decretos de indultos firmados por el Presidente Gabriel Boric, uno el 29 de diciembre, y el otro al día siguiente, no se atienen a lo que establece oficialmente el Poder Legislativo y la literatura institucional sobre el perdón y acerca del indulto.
Este gravísimo atropello a la norma por parte del Mandatario es agudizado por la inaudita irregularidad de su procedimiento.
En el primer decreto firmó el indulto de 11 delincuentes, pero “alguien” lo retiró de urgencia, al descubrir que en él faltaban dos “recomendados” dignos también del perdón; en el segundo, y definitivo, se añadieron esos nombres primitivamente excluidos, totalizando los 13 beneficiados.
El regulador del idioma castellano considera delincuente a “toda persona que comete un delito, generalmente, en forma habitual, por lo que se le denomina "delincuente común”. Es, precisamente, la descripción que calza a quienes durante meses, y de modo permanente, saquearon al país, causándole daños por 3 mil millones de dólares.
Así, quienes la izquierda moteja de “luchadores sociales” son simples malhechores, a los que, a raíz de la comisión de delitos, la Justicia los envió tras las rejas.
En cuanto a terroristas, se considera como tal a “todo quien se relaciona con esta forma de lucha política violenta o con alguna organización terrorista". Esta definición aplica en el caso de, al menos, dos de los indultados, ambos ex (?) miembros del guerrillero Frente Manuel Rodríguez, brazo armado del PC, el cual propició e instigó una Guerra Civil, además de realizar secuestros, robos millonarios y asesinar, incluso, a un senador de la República. Siendo diputado, el Presidente salió a la calle con afiches de Jorge Mateluna, exigiendo su liberación y pidiendo el reconocimiento ciudadano hacia el “heroico legado” del grupo subversivo. Ciñéndonos a estos conceptos y hechos, absolutamente todos los indultos fueron mal concedidos, pues los beneficiados responden a las características de delincuentes o de terroristas, ninguno necesitado del perdón por razones humanitarias.
Desde esta perspectiva, más que la acusación constitucional en contra de la ex ministra Marcela Ríos –que se remitió al cumplimiento de las instrucciones del Presidente-, lo relevante por conocer será el desenlace de una comisión investigadora en la Cámara. Será esta instancia la que –seguramente, en la medida de lo posible- descubra quienes ‘apadrinaron’ a los respectivos indultados y los nexos y lazos con ellos.
Hasta el momento, se sabe que la única elección a dedo por parte del Presidente fue la del frentista Jorge Mateluna, autor de un asalto y robo a un banco. Sobre él, afirmó que había llegado a la “conclusión personal” de su inocencia. El fallo condenatorio contra el subversivo fue ratificado, en su momento -ni más ni menos- por el pleno de la Corte Suprema.
Boric, por si alguien lo ha olvidado, ha fracasado en sus dos intentos de titularse de abogado.
La conducta presidencial constituye una alta traición a la ciudadanía. Los decretos de liberación de sujetos peligrosísimos para la convivencia social se firmaron en momentos de nula acción gubernamental frente a la gravísima crisis de seguridad interna que está viviendo el país, y a la vista de un creciente clima de temor por parte de la población.
Esta prepotente actitud de burlarse de los sentimientos de la gente, debe ser sancionada con la energía que merece tal afrenta. No es suficiente que, de inmediato, la población lo haya ‘premiado’ con una desaprobación que supera el 70%, porcentaje inédito para un Gobierno que lleva sólo 10 meses.
Un Presidente que se asocia y respalda al mundo del hampa, abandonando la seguridad de los ciudadanos, no puede, bajo ninguna excusa, pasar a la historia como firmante de la eventual nueva Constitución, porque es ésta la que, precisamente, norma la sana convivencia entre los habitantes del país.
Es ése su único destino de culminar con éxito el actual proceso constituyente que él mismo impuso, con la ayuda de algunos dudosamente opositores. La reforma de diciembre de 2019 que estableció los plebiscitos y la Convención, cerró definitivamente su ejecución el 4 de septiembre. No obstante, atontados por su estrepitosa derrota, el Presidente y el PC se han negado a reconocerla y perseveran en su afán de “repetir el proceso”, lo que en parte han conseguido, y ello gracias a la expedita colaboración de parlamentarios opositores que le limpiaron la mesa al Gobierno para materializar un Acuerdo por Chile que, así como ningún ciudadano lo pidió, hoy tiene un 56% de rechazo y un 43% de personas que lo desconoce.
En la reciente encuesta CEP, los partidos políticos aparecen como los más mal evaluados por la ciudadanía, lo que, además, lo refrenda su vertiginosa pérdida de militantes: de los 612 mil que tenían, ya van en 425 mil.
El hecho de que Boric tenga la posibilidad de pasar a la historia como firmante de una Constitución que no lo representa, no lo interpreta ni la quiso en los términos actuales, se debe al increíble aporte -populista y personalista- de un grupito de parlamentarios de oposición que se han “amarillado”, y de uno en particular que de emergente y atrevido caudillo, increíblemente ahora califica a los genuinos demócratas de “bolsonaristas chilenos”. El ex Presidente de Brasil fue gran amigo (ahora no le conviene) de quien cita a su oficina a este puñado de colaboracionistas con la izquierda para darles instrucciones…
Cada vez que puede, el marxismo noquea a la derecha cuando la tiene en el suelo, pero ésta deja ponerse de pie al derrotado marxismo, como en esta ocasión.
Estos ególatras fueron incapaces de eliminar del actual proyecto constitucional la exigencia de la izquierda de mantener vigente un sistema político totalitario socialista, pese a que 8 millones de chilenos lo rechazaron el 4 de septiembre.
Boric fue el personal promotor de una iniciativa constitucional despojadora de las libertades individuales, y, más que un sarcasmo, es un atentado al honor de la Patria que sea él quien ponga su sello en una eventual Constitución.
No es descartable que por las rigideces del Acuerdo por Chile y por la presencia de expertos en su preparación, el proyecto que será sometido a votación popular resulte aprovechable y rescatable. Por lo mismo, ésta no es una invitación a sepultarlo, y para siempre, como ocurrió con el anterior: la idea es rechazarlo para aplazarlo.
Esto es, que el nuevo texto, si llega a tener la oportunidad de entrar en vigencia, lo haga después de que Boric deje la Presidencia (11 de marzo de 2026).
Un trabajo, imaginamos, de gente seria como los expertos, tendrá que rescatarse algún día, pero ese día no puede ser dentro del período del actual Presidente. Su firma en el eventual documento constitucional constituiría una afrenta a la dignidad nacional.
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