ESTADO SOCIAL, UN AHORCADO POR EL PUEBLO


VOXPRESS.CL.- Se define como Estado Social a aquél que se obliga a sí mismo, por medio de su Constitución, a proteger y a promover el bienestar de todos sus ciudadanos.

En la sede de Santiago del Congreso Nacional, una ovación espontánea se produjo la noche del 11 de abril, pues para los delegados de grupos extremistas de la Convención Constitucional, resultó ser una fecha histórica: oficialmente moría el actual modelo de convivencia y se resolvía sustituirlo por un Estado Social democrático de derechos. ¿Qué significa ello? Que de aprobarse una nueva Carta Magna en el plebiscito de salida, se habrá, formal y definitivamente, consumado el tránsito hacia el estatismo totalitario que, invariablemente, deriva en la esclavitud del ser humano y en la igualdad de la población, pero en pobreza y miseria.

El Estado Social -ya lo veremos- le resta poder a la autoridad central y le traspasa éste a las organizaciones civiles para que impongan su voluntad, amparándose en los derechos humanos, que pasan a ser el sostén y la plataforma de todas las leyes y normas que lo rigen.

Al concepto de ‘social’, la Convención le agregó “democrático de derechos”, con lo que transforma a la ‘sociedad civil’ en un pilar empoderado, por encima, incluso, de los Poderes de la institucionalidad que caracterizan a las democracias, que están siendo cada vez más debilitados.

Está escrito en la futura Constitución que no existirá el Poder Judicial y el Legislativo será reducido a la mitad, tras la eliminación del Senado. El sistema político continuará siendo presidencialista, pero ‘atenuado’, muy atenuado, para que no se arranque por su cuenta.

Qué duda cabe de un negro futuro si la mismísima definición oficial de Estado socialista establece que es aquel que “se declara constitucionalmente dedicado a la construcción del socialismo”.

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El Estado Social de Derecho aprobado por el pleno de la Convención, garantiza estándares mínimos de “calidad de vida” para sus ciudadanos cobijados en sus “libertades de derechos” y para revertir, así, “las inequidades enfrentadas por determinados grupos sociales”.

El modelo de Estado social y democrático de derechos en Chile se basará en las doctrinas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en cuanto a que todo sistema democrático debe resolver un triángulo inseparable formado por el Estado de Derecho, los derechos humanos y los medios de garantía de éstos.

El objetivo del sistema acordado para Chile es establecer “normas capaces de limitar el poder, cualquiera sea la manera en que éste se organice y se exprese”.

El Estado Social se distingue de su antecesor y actual modelo liberal por el papel que desarrolla el Estado: en lugar de desempeñar un rol pasivo respecto al de los privados, pasa a tener un protagonismo súper activo y dinámico. En el marco de este concepto se contempla el “resguardo de los derechos civiles del individuo, incluyendo los de su directa y protagónica participación política para tomar decisiones vinculantes”, como, también, “la consagración de mecanismos de distribución de riqueza a través del salario, los impuestos, el ejercicio de derechos colectivos y de un conjunto de prestaciones sociales orientadas al bienestar del individuo”.

La Convención elaboró un catálogo –así lo llama- de obligaciones que deberá asumir el Estado, acogiendo, así, las demandas populares para concretar las “transformaciones profundas”. Tanto el ministro de Hacienda como el presidente del PC coinciden en ello y, al unísono, llamaron a evitar el quinto retiro de fondos de pensiones, “porque el Estado se quedará sin recursos para materializar los cambios radicales exigidos por la gente”.


En el catálogo de obligaciones nuevas para el Estado -que no cesan de cundir-, figuran un nuevo sistema de salud igualitario (sin Isapres); el derecho irrenunciable de viviendas dignas para todos, financiadas por el Fisco; la administración de los servicios básicos (agua, electricidad y gas); asumir el control de las concesiones, en especial las viales; tomar el control parcial de las empresas mineras de capitales privados: financiar todos los programas de beneficios exclusivos para las etnias, y así como éstas, una larga lista que incrementarán notablemente los compromisos financieros públicos.


Son indesmentibles los estrepitosos fracasos de regímenes estatistas totalitarios cuyas economías no soportaron tantas obligaciones directas por cumplir: la ex Unión Soviética y su Cortina de Hierro, Alemania Oriental y Corea del Norte son ejemplos dramáticos de Estados Social reventados. Cuba y Venezuela ni siquiera alcanzaron a intentarlo cuando ya estaban en ruinas.

La influencia de las llamadas organizaciones civiles, ahora estará amarrada a una sola Cámara legislativa, y ello asegura el dominio total del poder a un solo sector de la población, en este caso, el denominado “pueblo”.

El Estado liberal moribundo cambió al Chile pueblerino de antaño por uno moderno y de progreso; el Social que incluye la futura Constitución es una garantía probada de que la tristemente célebre igualdad es, apenas, una utopía que jamás ha sido medianamente exitosa, y las pruebas y testimonios así lo avalan. Hacia este histórico modelo de fracaso está avanzando el país, y ello gracias a un reducido, casi enano, grupo de convencionales que desde una burbuja y ajeno al sentir nacional, ‘cocina’ una Constitución a su peculiar gusto y odiosa pasión ideológica.