UN DISCURSO PARA GANAR TIEMPO

VOXPRESS.CL.- Apenas asumido para cumplir este desilusionante segundo período, el Presidente alardeó con la constitución de mesas de trabajo para avanzar en cuatro pilares de su administración en ciernes: uno de ellos se llamó Plan Araucanía, destinado a poner fin al clima bélico que, por años, persiste en esa zona, a causa del terrorismo impuesto por comunidades rurales comunistas.

A poco más de un año del término de su administración, ni siquiera se ha aproximado a la solución de un conflicto que ha escalado sin control. La población espera confiada en que en su último Mensaje a la Nación, en julio del 2021, el Mandatario reconozca derechamente que en esta materia -como en varias otras- ha fracasado.

Días atrás, como si se tratase de un descubrimiento de gran novedad, el Gobierno reveló que los grupos terroristas que operan casi diariamente allí, “son cada vez más violentos” y que, también, “cada vez es mayor su poder de fuego”. Omitió incluir en tan obvio informe que ahora no sólo queman y saquean dependencias y vehículos de empresas forestales, sino asesinan a sangre fría a inocentes trabajadores que tienen la osadía de transitar por terrenos ocupados, o “recuperados”, por ellos.

El socialismo internacional, con la complicidad de la ONU y de incontables ONG’s de izquierda, han tenido la habilidad de imponer en el consciente colectivo que esta subversión armada y criminal es fruto de una “causa mapuche” en su afán por recuperar tierras ancestrales.

Los loncos y familias de centenares de comunidades pacíficas continúan siendo víctimas de amenazas de muerte y de ataques de terroristas que los consideran “traidores”. Los instrumentos para recuperar predios que antes les pertenecieron están regulados y, aunque la CONADI nunca ha logrado operar con la premura que los trabajadores mapuches demandan, el proceso, aunque a los tropiezos, funciona. Sólo un mal intencionado o mal influenciado puede afirmar que “sólo mediante la lucha armada” se consiguen tierras, y, peor aún, para fraccionar el territorio nacional e instalar en La Araucanía un enclave indígena exclusivo e independiente.

Ningún Estado del mundo toleraría semejante desproporción, pero el chileno no ha querido poner las cosas en su lugar y terminar, de una vez, con este terrorismo separatista.

En rigor, ningún Gobierno, tras el retorno de la democracia, se ha animado a intervenir como corresponde en La Araucanía, y la responsabilidad extra de éste es que se propuso ejecutar un plan que partió derrumbándose por unos métodos de inteligencia artesanales, rústicos y cómicos que Carabineros intentó utilizar. Con tan ordinario procedimiento, resultaba imposible penetrar las comunidades comunistas armadas, fracaso que marcó el término del Plan Araucanía.

Cada vez que se produce un atentado o una muerte –no una simple fractura de brazo, como en el puente Pío Nono-, el Presidente y su ministro del Interior saltan a denunciar "al terrorismo”, proclamando por milésima vez que “enviaremos a la justicia a los responsables”. Éste es un discurso inútil que no le hace ni cosquillas a los subversivos.

Hace poco, este Gobierno tan sonoramente denunciante, autorizó a un machi doble homicida a salir en libertad para participar en un ceremonial religioso, en tanto el ministro de Salud le rogaba que depusiera su huelga de hambre. Así, con estas licencias, es una utopía tratar de convencer, incluso al más despistado, que el Ministerio del Interior, en serio, quiere exterminar la violencia armada.

El terrorismo, oficialmente definido, es una “forma violenta de lucha política, mediante la cual se persigue la destrucción del orden establecido o la creación de un clima de terror e inseguridad susceptible de intimidar a los adversarios o a la población en general”.

Una sola expresión marca la diferencia para que no se le enfrente con diálogos estériles y con querellas que fracasan: es una lucha política “violenta”. La violencia no se reduce ni se elimina con palabras ni con amenazas verbales, sino con acciones equivalentes en terreno, tal como lo hicieron en Colombia, hasta que lograron la rendición de las FARC, y en Perú, para extinguir a Sendero Luminoso.

Llega a ser indignante que se le informe a la población que se tienen evidencias del armamento de guerra y que se reconozca, oficialmente, que se trata de terroristas, pero que se sea incapaz de descubrir sus guaridas, penetrarlas, enfrentarlos si es necesario, o apresarlos para intentar que una Justicia invariablemente parcial, los condene.

La literatura internacional al respecto, enumera algunas acciones concretas para combatir al terrorismo, y entre ellas existen algunas muy importantes y que el Gobierno, claramente, no ha podido aplicar, como es garantizar “sistemas eficaces de justicia penal”. Ante la inexistencia de éstos, el manual estable la “oposición al financiamiento del terrorismo”, lo que, por lo visto, jamás se ha intentado, al no indagar ni cortar la asistencia proveniente del extranjero, ya sea en dinero o en armas.

· La última instrucción internacional sobre el tratamiento al terrorismo es “Velar por la seguridad del transporte”, lo que, en rigor, no se ha hecho, al punto que los camioneros debieron paralizar, precisamente, por la petición incumplida de protección ante la cotidiana quema de sus vehículos.

· Ante el descontrolado aumento de la delincuencia y del narcotráfico, la ciudadanía clama por una mayor presencia de carabineros, pero casi nadie quiere serlo a raíz de que, también cada vez, es casi inexistente el apoyo y respaldo que reciben del Gobierno. Cuando intentan reprimir la violencia son condenados, y basureados, “por violentos”.

· Fiel reflejo de una autoridad inhibida, cobarde y temerosa, el Gobierno parece ya habituado sólo a defenderse de los ataques, y de ello da fe que en La Araucanía hay 375 fundos que son protegidos durante las 24 horas por piquetes de carabineros. Para exterminar al terrorismo hay que tener coraje y decisión, y el hecho de destinar dicha dotación a cuidar en lugar de eliminar, es un signo inequívoco de que este Gobierno es puro discurso.

· Un discurso que le permite ganar tiempo, a la espera de que llegue el 11 de marzo de 2020, fecha en que se desentenderá definitivamente del conflicto que prometió terminar.