TORMENTA EN UN DEDAL




















VOXPRESS.CL- El imperial proverbio de que la “mujer del César no sólo tiene que serlo, sino parecerlo” debería ser la única sanción para el ex Fiscal Regional del Ministerio Público y, hoy, muy bien remunerado Secretario del Honorable Senado de la República, el abogado Raúl Guzmán. Él, en junio, con la peste a toda vela y con confinamiento total, asistió a un animado almuerzo con dos amigos suyos a un restorán en San Miguel.


Los fiscalizadores pudieron a él y a sus contertulios cursarles una infracción por incumplir las ordenanzas sanitarias, y asunto concluido. Total, como goza de un salario millonario, hasta la multa máxima de $50 millones no le hubiera hecho ni cosquillas pagar.

Sin embargo, luego de acoger una denuncia, a Fiscalía actuó con una firmeza no vista en los miles de casos de violaciones a las restricciones sanitarias que, por estos días, tienen saltona a la autoridad, temiendo un rebrote, precisamente por la irresponsabilidad ciudadana.


Carabineros ha consignados casos en que una misma persona ha sido detenida en 16 oportunidades por no respetar las restricciones sanitarias. Las propias autoridades reconocieron que mientras Puente Alto –la comuna con más habitantes del Gran Santiago- permaneció en cuarentena obligatoria, su nivel de movilidad disminuyó apenas un 30%, lo que, a las claras, evidencia que un 70% de sus residentes no se mantuvo encerrado en sus viviendas.


Increíble y exageradamente, el caso de Raúl Guzmán se halla en manos del Tribunal Constitucional, como si se tratase de una de las más descomunales violaciones a las normas sanitarias, siendo que a diario son innumerables las personas y grupos que no las respetan en gran parte de las calles de Santiago y comunas aledañas.

Consciente de esta sobreactuación, Guzmán, a través de sus abogados, presentó un recurso de inconstitucionalidad, y el TC lo acogió a trámite, pero le rechazó su requerimiento de no ser formalizado.


La norma de inaplicabilidad a la que recurrió el ex fiscal sanciona al que "pusiere en peligro la salud pública por infracción de las reglas higiénicas o de salubridad, debidamente publicadas por la autoridad, en tiempo de catástrofe, epidemia o contagio, será penado con presidio menor en su grado mínimo a medio o multa de seis a doscientas unidades tributarias mensuales".

Sus abogados, pertenecientes a la Defensoría Penal Pública Metropolitana Sur, recurrieron para impugnar la aplicación del artículo 318, ante la pregunta de si se puede poner en riesgo la salud pública si no se está contagiado.


El defensor público Eduardo Camus, con un staff de penalistas detrás, argumenta que “lo que se está haciendo no es más que reconducir el núcleo esencial de la norma penal a cuerpos normativos de rango inferior, en el caso concreto, meras resoluciones exentas dictadas por el ministerio de Salud". Lo anterior fue cuestionado por la Fiscalía, la que insiste en la "ilicitud" de los hechos.


Raya para la suma, ésta es una tormenta perfecta en un dedal, en la duda de que el real objetivo sea una sanción moral a un funcionario público de alto rango, quien, mejor que nadie, debe dar el ejemplo de un debido comportamiento en situaciones de emergencia. En el país constituyen un hábito aborrecible las actitudes de quienes, se supone, tienen que exhibir el mejor modelo en situaciones como éstas. Pero Raúl Guzmán forma parte de la élite del Congreso Nacional, y los miembros de éste tienen un rico historial de desafortunadas actuaciones, como la falta de seriedad, el atropello, la prepotencia, el mal uso de sus cargos y hasta codearse con el mundo del narcotráfico.


Hace poco, un diputado PS increpó a un camarógrafo por captar la imagen de un carabinero cursándole una infracción por exceso de velocidad: tiempo atrás otro fue sorprendido teniendo sexo en la vía pública al interior de una camioneta, uno debió ser expulsado por financiar el estudio de abogado de su mujer con fondos asignados a él y recién, uno confesó utilizar sus asignaciones en pagar sus deudas personales.


El estatus de Guzmán es todavía superior al de los parlamentarios en su condición de ex miembro del Ministerio Público y, como tal, debe ser el primero en dar el ejemplo al respeto a las normativas, por mucho que sus abogados defensores las subordinen.


En todo caso, dado el increíble chipe libre que se le ha dado a la movilidad social en plena peste, lo del secretario del Senado es, como se dijo, una tormenta en un dedal. No da para más.













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