RENDICIÓN DE CUENTA AL ENEMIGO
VOXPRESS.CL.- Con motivo de la rendición del Presidente ante la izquierda, la entrega de la Constitución del 2005 a la que juró y de la cesión de su poder a un Parlamento de facto, la institución que, por lejos, resultó la más perjudicada fue Carabineros.
Nunca en su historia, había encarado el desafío de enfrentarse solo, sin ayuda alguna, a un Golpe extremista destinado al derrocamiento del Mandatario.
Quien en las horas durísimas de la sublevación montada desde Venezuela, el entonces senador UDI y hoy ministro del Interior, reflexionó que “los únicos que han sostenido, y siguen sosteniendo, el Estado de Derecho, son los carabineros”. Fue así y sigue siendo así, porque la policía uniformada, aunque cada vez más ‘intervenida’ y controlada por gente ajena, continúa solitario con su lucha, casi cotidiana, contra del vandalismo izquierdista. El primer golpe destinado a noquearlo fue la indebida y externa invasión de agentes de derechos humanos que se dedicaron a denunciar “la represión” por parte de sus funcionarios y omitieron por completo la acción destructiva y aniquiladora de la extrema izquierda en contra de los ciudadanos y de sus propiedades. Al estar ya rendido ante el adversario para salvar su sillón, el Presidente se comprometió a establecer protocolos muy restrictivos a la actuación policial, inmovilizándola, restándole facultades y desmoralizándola.
El país quedó perplejo al conocer, hace unos meses, una resolución de un ente administrativo, la Contraloría General de la República, que, saliéndose de su ámbito y asumiendo una clara postura política, al calificar de “maltrato” a su alto mando –el generalato- por su actuar en el ‘octubrazo’: fue el inicio de un nuevo descabezamiento institucional, y a cuyos oficiales superiores no se les dejó defenderse por resultar, ello, “incorrectamente político”.
Aunque las cifras oficiales demuestran lo contrario en cuanto a los niveles de victimización, la delincuencia es cada vez más brutal y los atemorizados vecinos piden, y exigen, la presencia policial en sus barrios. No obstante, la institución se enfrenta a una escasez de personal, porque el interés por ingresar a la Escuela de Suboficiales descendió a un 29%, dado que servir a la Patria en el área del orden público es, hoy, un trabajo durísimo, no bien remunerado, de gran riesgo físico y laboral, y sin el menor respaldo de las autoridades. Ejemplo de ello es que al carabinero Sebastián Zamora, la Justicia le impidió que exhibiera como prueba de su defensa la cámara que portaba al momento de que un violentista subversivo cayó al río Mapocho.
Esta abusiva discriminación a Carabineros de parte de todos los sectores de una supuesta institucionalidad democrática, acaba de ser ratificada por la inaudita confirmación de que quien ejerce mayor poder sobre Carabineros es el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH). El entreguismo del Gobierno llegó al colmo de “rendirle cuenta” a esa entidad de los procedimientos de la institución “para respetar los derechos humanos” de quienes roban, saquean, destruyen, incendian y agreden sin ningún tipo de censura a las fuerzas encargadas de mantener e imponer el orden.
Hace algunas semanas, el ministro de Justicia, Hernán Larraín, y la subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Recabarren, entregaron al director del INDH, Sergio Micco, 15 páginas con “los avances” en materia de derechos humanos, desde el Golpe del 18/O hasta la fecha. En el colmo de este ‘sobado de lomo’, Larraín le informó que “el Gobierno está trabajando en mejorar la función policial y en reparar vulneraciones a los derechos humanos”.
En este “estado de avance”, se desmorona en gran medida la campaña de desprestigio contra la policía uniformada, al comprobarse que estos victimarios de inocentes vándalos, no lo son tanto, y queda en evidencia el nivel de injusticia infundada de las autoridades y de políticos de izquierda en contra de Carabineros. De los 1.203 sumarios internos por “abuso de la fuerza”, 1.033 funcionarios fueron sobreseídos. Esto es, un 86% terminó sin sanción. Consecuencia de los cargos imputados a su personal, hubo desvinculaciones (16), propuesta de expulsión (19), días de arresto (91) y amonestación (44).
Debe darse por entendido que esta estadística fue puesta automáticamente en duda por el INDH y por la izquierda. Ése es un hábito, casi un mecanismo natural, de quienes alientan con entusiasmo la violencia extremista, pero más grave que ello es la sumisión del Ejecutivo de entregar al enemigo información que le será útil a aquél para seguir atacándolo a él y a Carabineros. Ello es una señal, de las muchas, de su entreguismo y de su dudosa legitimidad ideológica.