LA FALACIA DEL JOVEN DEL PUENTE

VOXPRESS.CL.- Se confió, vanamente como casi todo lo que ha ocurrido en este Gobierno, en que la designación de Víctor Pérez como ministro del Interior podría generar algún tipo de coraje para enfrentar al vandalismo extremista urbano y al narcoterrorismo rural en La Araucanía. Conocido por sus duras declaraciones por la blandura de La Moneda en el combate a la subversión, con él surgió la esperanza de recuperar todo el tiempo regalado por la liviandad de su antecesor.

En sus frecuentes visitas a la zona, ha sigo igual de ‘correctamente político’ que todos sus antecesores desde 1990 a la fecha, en cuanto a que perseguirán policialmente a los guerrilleros para ponerlos a disposición de la justicia, esto es, se trata de la cancelación definitiva de la posibilidad de exterminarlos en su propio nido, única, absolutamente única vía para aniquilar a los grupos rebeldes armados.

En una de sus últimos viajes, el ex duro senador y hoy blandengue ministro, culpó directamente a la Cámara de Diputados el que no se haya aprobado una nueva ley sobre Inteligencia, ratificando, con ello, que el país la tiene pero sólo para efectos militares y de soberanía.

Demorada intencionalmente en la Cámara y ya aprobada en el Senado ésa es una ley de dudosa efectividad, porque, como lo advertimos cuando se discutía en la Cámara Alta hace meses, el Presidente, para poder actuar, tiene que notificar al Congreso de sus planes, y pedirle permiso, con lo cual lo esencial de este tipo de norma, la confidencial y el secreto, simplemente no existirán.

Como ya se esfumó la voluntad de enfrentar en terreno a los terroristas, éstos seguirán siendo investigados por la PDI -más que por Carabineros-, la que pondrá a sospechosos y culpables de atentados y asesinatos a disposición de los tribunales, para que sean éstos los que, si tocan jueces neutrales, sentencien condenas. El punto de inflexión por este método del guante blanco, es que mientras más comuneros extremistas presos haya, mayor será la reacción de sus grupos armados afines.

Debe ser Chile el único país del mundo que indaga a terroristas criminales como si fuesen ladrones de gallinas. En uno de sus últimos viajes a La Araucanía, el ministro Pérez le informó al país que un vehículo con armas y con drogas que participó en un feroz ataque terrorista, se halló al interior de la comunidad Temucuicui, la más violenta de la provincia de Malleco y seno de la familia Catrillanca. A comienzos de este año, el hijo menor de este clan vinculado al PC, fue detenido por conducir un vehículo robado y en estado de ebriedad: se encuentra en libertad.

Con motivo de esa misma visita, el ministro del Interior explicó que “no está claro” que en el incidente de un joven extremista en el puente Pío Nono “haya habido un intento de homicidio frustrado”, como calificó la Justicia, en un procedimiento express, la acción del carabinero (22) Sebastián Zamora.

En una de las acciones más vertiginosas conocidas por parte de una fiscal, Ximena Chong “desmoronó”, según ella, el argumento de la defensa del policía en una histriónica lectura de cargos acogidos, todos, por el tribunal. El funcionario fue calificado de “asesino”, “malvado”, “homicida”, “abusador” y de otros términos que, más que argumentos jurídicos, fueron apasionados ataques a la institución.

Sin embargo, luego de nuevas pruebas, e incluso de imágenes aportadas por la cámara que portaba Zamora, se tendió no sólo un manto de duda, sino de silencio por parte de la izquierda, sobre el episodio.

(El plebiscito está cerca).

En el marco de la duda que, desde el principio, caracterizó el incidente del puente, lo más grave y censurable fue la actitud de La Moneda, la que, sin adentrarse en el hecho, coincidió con los denostadores calificativos del extremismo y de la fiscal, anunciando -para variar- su invariable apego a los derechos humanos, que ayudará con todos sus antecedentes a la Justicia y que, por lo mismo, es urgente una “reforma total y profunda” a Carabineros.

Tratándose de una institución dependiente del Estado y directamente de Interior, no se escuchó una sola palabra de respaldo a la institución, la que se encuentra tan abandonada de defensa de su personal, que una ONG creada por abogados independientes se hizo cargo de alegar por el carabinero Zamora, y también tomó otros casos de colegas suyos dejados a la deriva.

Como siempre, por el pánico ya habitual a la oposición, La Moneda evitó algo tan elemental como denunciar por desorden público a un estudiante de 16 años, quien a media tarde, en una protesta violenta en Plaza Baquedano, se dedicó a agredir a la policía con elementos contundentes.

Identificado por cámaras de Carabineros, este jovencito puentealtino, en lugar de estar en teleclases, se abocó a lanzar objetos metálicos a los funcionarios, antes de huir por el puente. Tras caer al lecho del Mapocho, sus secuaces violentistas bajaron raudos al río para vaciarle su mochila, la que, obviamente, el parte policial la consigna como “sin contenido”.

Por tratarse de Carabineros, la única entidad que a duras penas puede brindar seguridad a la población, la izquierda, con la cobarde complicidad del Gobierno, intentó explotar, más allá del límite, un episodio que desde su génesis está viciado. La fiscal Chong acusó de “homicidio” al carabinero porque “lo impulsó” hacía el río, siendo que tal vocablo es definido por la RAE como “fuerza que hace moverse a un cuerpo”, esto es, da movilidad a lo inmóvil, resultando que el estudiante en cuestión se encontraba en huida.

A medida en que fueron surgiendo nuevos testimonios y pruebas más claras, la certeza de la “acción criminal” del policía dejó de ser tal, al punto que encontrándose privado de libertad preventivamente, fue autorizado para dar declaraciones, lo que está tajantemente prohibido a los internados en centro de reclusión. Es una señal, no menor, de que el procedimiento flash judicial en su contra, fue producto de una vieja odiosidad contra Carabineros y no consecuencia de una indagación sin los conceptos apropiados y ni medianamente concienzuda.