LA CULPABLE NO ES UNA SOLA
VOXPRESS.CL.-La Cámara de Diputados aprobó acusar constitucionalmente a la ministra de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Silvana Donoso, por ser quien, en 2016, firmó el beneficio de la libertad condicional para Hugo Bustamante, el asesino de la menor Ámbar Cornejo, en Villa Alemana. Esta decisión parlamentaria le costó a la magistrada su cese inmediato del cargo, a la espera de lo que decida el Senado, el que actúa como jurado inapelable.
Bustamante, el 2005, había matado a su pareja y al hijo de 9 años de ésta, escondiendo sus cadáveres en un tambor. Condenado a 27 años de cárcel, el 2016 fue objeto del beneficio penitenciario, luego de que un comité de jueces de Valparaíso determinara una masiva salida de reos con libertad condicional, pese a un informe negativo en tal sentido de Gendarmería.
Quien firmó la resolución fue la jefa circunstancial de dichos jueces, la ministra Silvana Donoso Ocampo Es abogada por la Universidad Católica de Valparaíso, donde se tituló en 1989; inició su carrera en el Poder Judicial como relatora de la Corte porteña en 1990, cargo que ejerció hasta 1995, cuando comenzó a realizar suplencias como jueza en el Primer Juzgado de Menores de Viña del Mar, el Primer Juzgado de Menores y el Séptimo Juzgado del Crimen de Valparaíso, además de relatora interina de la Corte Suprema. Es hermana del abogado que defiende a Manuel José Ossandón (RN) en la causa en su contra por tráfico de influencia, por lo que el parlamentario se inhabilitó de participar en la resolución del Senado.
Dado el escenario originado por la acusación constitucional en su contra, la ciudadanía tiene la sensación de que es ella, Donoso, poco menos que la única culpable de que el asesino Hugo Bustamante anduviese libre por las calles, buscando una nueva víctima para saciar su brutalidad. Ello no es así, y sin el menor ánimo de aminorar la responsabilidad que le cabe, la horrible tragedia de Villa Alemana es consecuencia de un manojo de situaciones en las que están involucrados varios ámbitos sociales, los tres Poderes del Estado y -¡era que no!- la relevante incidencia que, por cuestiones políticas, están teniendo los derechos humanos en todos los sectores, e incluso, como en este caso, favoreciendo a quienes ni siquiera, por su crueldad, son merecedores al perdón de Dios.
Al suprimirse en el país la pena de muerte, el máximo castigo para un asesino es la cadena perpetua, pero ésta no es tal, porque después de los 40 años de prisión, el delincuente puede acceder al beneficio de la libertad condicional. Por el doble homicidio que cometió Bustamante contra una madre y su hijo, recibió dos penas, de 15 y 12 años respectivamente, con un total de 27 efectivos. Pero en 2016, transcurridos 11 de presidio, obtuvo el beneficio de libertad condicional.
El Decreto 321, elaborado por el Poder Legislativo, establece que “a los condenados por los delitos de parricidio, homicidio calificado, robo con homicidio, violación con homicidio, violación de persona menor de doce años, infanticidio, y elaboración o tráfico de estupefacientes, se les podrá conceder el beneficio de la libertad condicional cuando hubieren cumplido dos tercios de la pena”
A los condenados a más de 20, “el beneficio de la libertad condicional se les concederá una vez cumplidos diez años de la pena, y por este solo hecho, ésta quedará fijada en veinte años”.
Ese último párrafo cobra relevancia en el caso de Bustamante. Por el doble crimen de una madre y su hijo, fue sancionado en 2005 por homicidio simple, no calificado, sumando más de 20 años. En la sentencia, el juez escribió, expresamente, que “no podría optar a beneficios, como la remisión condicional de la pena, ni a la reclusión nocturna o a la libertad vigilada”. Es decir, sin hacerlo en rigor, la comisión de jueces modificó una sentencia.
Para mal de males en el ámbito de la criminalidad, el 10 de marzo de 2011, el Presidente de entonces, Sebastián Piñera, envió una reforma profunda al Senado, en vista de los hacinamientos carcelarios: “hay que hacer prevalecer los derechos humanos” de las personas privadas de libertad. Para “una mayor objetividad” se eliminó la opinión de los Seremis de Justicia respectivos, quienes, hasta entonces, tenían influencia en el otorgamiento de los beneficios.
Ese proyecto derivó en la Ley 20.587, promulgada el 28 de mayo de 2012. Pese a todos los ajustes, la opción de recibir la libertad condicional a los 10 años para condenados a más de 20, se mantuvo en el decreto.
Ahora, exclusivamente en manos del Poder Judicial, las libertades condicionales masivas pasaron a ser comunes, como la de 2016 en la que, entre muchos, salió de la cárcel Hugo Bustamante. De aceptarse cerca del 10% de solicitudes en años anteriores, los tribunales pasaron a validar casi el 90% en beneficio de los derechos humanos de los criminales.
Gendarmería, por cierto, es la institución con más peso e influencia para, si no decidir, al menos ser respetada en sus recomendaciones técnicas sobre los reclusos solicitantes de la libertad condicional. En esta oportunidad, simplemente los jueces ignoraron su diagnóstico en que sugirió no aplicarlo en el caso de Bustamante. La entidad entregó a los magistrados 523 informes desfavorables de los 845 presentados en Valparaíso. 742 libertades condicionales se concedieron ese 29 de abril de 2016.
Los jueces revisores y permisivos no pueden salir libres de polvo y paja por su desdichada participación: Paula Ramos, Alonso Arancibia, Loreto León y Eduardo Saldivia integraron el equipo encabezado por Donoso.
Las repercusiones del terrible episodio que significó la muerte de Ámbar Cornejo son las mismas que, por años, han remecido a la sociedad chilena y tras las cuales se busca sólo a un culpable, siempre uno solo. Pero, también, una vez más, queda en evidencia que las responsabilidades son compartidas y existen autores indirectos que facilitan hechos como éstos.
Eso mismo fue lo que ocurrió con el machi subversivo y homicida del matrimonio Luchsinger/McKay quien parte de las Fiestas Patrias la celebró en autoridad en una festividad religiosa con su comunidad en Padre de las Casas. Exigió salir del centro de reclusión semiabierto de Vilcún por 30 horas, ello con el apoyo de la izquierda opositora y por la tradicional blandura del Presidente y de su ministro de Justicia. Cumple condena por 29 años, dos más que las que recibió Hugo Bustamante y ambos, coincidentemente, disfrutaron de beneficios que lógicamente no se merecían.