APROVECHADORES, NO SERVIDORES

VOXPRESS.CL.- Está visto y comprobado el gigantesco daño que la peste ha provocado a todos los países cuyas autoridades permiten conocer sus realidades. Para aminorar la catástrofe que originó en los empleos, en los ingresos, en los centros productivos y comerciales, esto es, en las economías en general, algunos países se apresuraron en la recuperación de la normalidad, y están pagando las consecuencias del rebrote del virus.

Chile no es, ni será, la excepción, con la diferencia de que se encuentra recién en la etapa de inicio de la cuesta, todavía caminando lento y con cautelosas y progresivas medidas que vayan dinamizando la cotidianidad y, específicamente, el trabajo y el empleo.

La destrucción estructural ha sido tan inmensa que, simultáneamente a estos aires de reactivación, el Gobierno ha debido continuar con sus programas de ayudas económicas directas a los ámbitos sociales más dañados y deteriorados por los efectos de la crisis. Uno de estos sectores más recientes en recibir ayuda en billetes fue un amplio espectro de la clase media: recibió $500 mil quien hubiera visto disminuido drásticamente su salario en el apogeo de la peste y en pleno y crudo invierno.

En las instrucciones del Servicio de Impuestos Internos quedó muy en claro que el bono sólo era para personas con serias disminuciones en sus ingresos, no obstante 37 mil solicitudes correspondieron a ‘trabajadores’ de la administración pública. Saben ellos, y el país también, que por la infinidad de beneficios, de privilegios exclusivos y de protocolos de protección, los empleados fiscales se hallan en un estatus muy superior al de los privados y, aún más, cuentan con bonos fijos, produzcan más o menos, garantías muy rígidas en aras de la salud y sus salarios son superiores, en promedio, al de los particulares.

Hasta la fecha y durante la duración de la peste, se sabe oficialmente de la petición de salida a sólo dos funcionarios públicos, y ello por falta a la probidad.

Cuando desde La Moneda se llamó a los empleados públicos de servicios básicos a que hicieran un esfuerzo por retomar sus labores presenciales, la ANEF y la CUT saltaron como leones atacados y exigieron más y mejores condiciones para que sus afiliados continuasen, y ojalá para siempre, trabajando desde sus viviendas, y con internet, seguros y salud financiados por el Estado.

Por la mantención de sus rentas y beneficios, y pese a seguir “trabajando” desde sus casas e incluso en pijama, ningún funcionario público reunía las condiciones para solicitar el Bono Clase Media, pero 57 mil de ellos lo hicieron. Un abuso más de los muchos que caracteriza a esta estirpe que llegó a pedir en plena epidemia que le pagasen…¡las horas extras!

Ahora estos funcionarios que se trataron de avivar para incrementar en medio millón de pesos sus ingresos, están entre los 437 mil contribuyentes que deben hacer devolución de esa suma a Impuestos Internos.

Quienes actúan de mala fe, como la funcionaria del MINSAL dirigente de Revolución Democrática que denunció los “correos falsos” atribuidos al ex ministro Mañalich, sufren de la descomposición moral por haber llegado a sus trabajos sólo gracias a influencias políticas. Muy distinta es la conducta de quienes están en los distintos servicios conscientes del rol que realmente cumple la administración pública: “es la función administrativa y de gestión del Estado y de otros entes públicos con personalidad jurídica, ya sean de ámbito nacional, regional o local”. En Chile hay 500 mil empleados públicos, cifra que con un soporte tecnológico moderno, podría reducirse en un 40%, agilizando al Estado.

El Apruebo en el plebiscito del 25 de octubre pretende que sea el Estado el que controle a todo el país, con una híper dotación.

Actualmente, se considera administración pública a “todo sector o entidad que genera o recibe sus recursos de alguna fuente de financiamiento del Estado”, y como éste, a su vez, se financia gracias a los impuestos de todos los demás, los funcionarios públicos gozan de un agradable estatus gracias al resto de sus compatriotas, pero ello no suelen responderlo con un trato equivalente.

Para tranquilidad de los contribuyentes, el concepto de funcionario público se exceptúa para las entidades estatales que realizan las funciones legislativa y judicial.

Casi una ironía para el caso de Chile, la literatura laboral le atribuye a la administración pública que”por su función, pone en contacto directo a la ciudadanía con el poder político (servidores públicos…), «satisfaciendo» los intereses colectivos en forma inmediata”…, a diferencia de los poderes legislativos y judicial, que lo hacen de forma mediata. ¿Satisfacción inmediata?...

Pese a que todas las referencias oficiales al respecto, plantean que “la administración pública se encuentra, principalmente, regulada por el Poder Ejecutivo”, la realidad de acá es muy distinta, pues lo que prevalece en su seno son los quinta columna ideológicos que, desde dentro, tratan por todos los medios de aportillar el buen servicio ciudadano e infiltrarlo hasta en sus entrañas con fines políticos. Así, con esta poco gratificante realidad, es fácil explicarse el número de funcionarios públicos frívolos que se mal aprovecharon de un beneficio para gente realmente afectada y no para privilegiados aprovechadores, como ellos.