AL ORDEN PÚBLICO SE LO LLEVÓ EL MIEDO

VOXPRESS.CL.- Con demasiada frecuencia se repiten, principalmente en el Gran Santiago y en la vasta zona de La Araucanía, episodios que demuestran que, definitivamente, nadie garantiza el orden público, y, por ende, la ciudadanía vive expuesta a ser vulnerada en su elemental derecho a vivir en paz.
Lo que hoy rige, ya casi como una conducta habitual, es la desobediencia civil, esto es, “una forma de desacuerdo político” y definida como “el acto de no cumplir una norma de la que se tiene la obligación de cumplirse”.
Así de simple: hoy, cualquier grupo se organiza impunemente para salir a perturbar la vida de los demás, y, en el caso de La Araucanía, para incendiar, saquear y asesinar.
Es un ejercicio racional, en el marco de una democracia garantizarles a los ciudadanos una convivencia normal y pacífica y facilitarles su desenvolvimiento cotidiano sin ser violentados. Para este Gobierno, tal objetivo claramente establecido en la Constitución, ha sido casi un detalle, una insignificancia, y el nivel de crispación social a que se ha llegado es consecuencia de la permisividad de una autoridad azulada de miedo.
Quienes subvierten en orden público, vulnerando todas las normas que lo cautelan, pertenecen a la izquierda, y la más extrema, de tal modo que tienen el apoyo incondicional de quienes, hoy, en un Parlamento de facto, manejan los hilos del país ni siquiera desde las sombras.
El orden público es “un conjunto de principios e instituciones fundamentales en la organización social de un país y que inspiran su ordenamiento jurídico”.
Queda, así, categóricamente demostrado que en el país no existe ordenamiento jurídico, puesto que subversivos de cualquier pelaje y calaña violan los “principios fundamentales” que lo debieran sustentar. Para mayor amplitud de este concepto, la literatura al respecto atribuye a aquellos principios “la regulación del desenvolvimiento armónico de la sociedad” y se los considera así por su “fundamental importancia en la existencia digna de ella, como de orden público, ya que sin esos preceptos, la vida en común se convertiría en caótica”.
La autoridad civil es la responsable de garantizar el orden público, el cual “asegura jurídicamente” la fuerza imperativa de las leyes fundamentales, y protege, además, las instituciones esenciales del orden jurídico, y en un grado superior, permite dar fuerza y vitalidad a los principios generales, “garantizando su respeto (…..) y vitalidad”.
Lo que contraviene el orden público es la desobediencia civil, proclamada formalmente por la Mesa de Unidad Nacional, un conglomerado de movimientos, gremios y partidos de extrema izquierda, juramentados para, a como dé lugar, establecer en el país un régimen ideológico estatista y totalitario. Promete que “todos serán iguales”…y que “nadie pagará salud, vivienda ni educación”.
Estos antecedentes llevan a concluir que habrá desobediencia civil, y, por tanto, caos en las calles, mientras el extremismo no logre “zafarse del capitalismo”. Mientras una viuda en Collipulli clama por “mano dura” para quienes hipócritamente se les llama “desconocidos” que le mataron a su marido trabajador en el fundo Aguas Claras, en Santiago llegó a ser empalagosa la truculenta repetición de la caída al río Mapocho de un distraído y cándido joven que, paseando por el puente Pío Nono, fue ‘impulsado’ hacia el lecho por un malvado carabinero comisionado para reponer el orden público.
La reacción de La Moneda fue la de siempre: pese a que reconoció el uso de armamento de guerra en el crimen en Collipulli, anunció que “perseguiremos a los culpables”, en tanto para las violentas manifestaciones en la Plaza Baquedano justificó la urgencia de su reforma a Carabineros para que proceda ceñido a…los derechos humanos de los alteradores del orden público.
La existencia, y así lo escribió Alejandro Flores, hay que vivirla con una ilusión, pero cuando se tiene conciencia de que ésta nunca llegará a cristalizarse, no hay más camino que asumir la realidad. El Presidente, basándose en dudosos consejos o en superchería, todavía cree que la oposición izquierdista lo ayudará a despedirse el 11 de marzo del 2022 con los brazos en alto, cual sudoroso gladiador.
Como no será así, todavía le queda tiempo, aunque muy poco, para mostrar aunque sea una miniatura de coraje y ejercer la autoridad a la que lo obliga la Constitución. Está por cumplir tres años mirándole el semblante a la izquierda e inclinándose ante ella, camuflando su cobardía con una fracasada política de los acuerdos.
La sociedad en su conjunto, así como le pide que cierre fuertemente la puerta a la inmigración ilegal, también le pide que extermine, sí, así de claro, a los grupos subversivos que han instalado el caos en la vida de los chilenos. Los instrumentos legales y las herramientas humanas para hacerlo, las tiene a la mano, pero para utilizarlas no puede continuar aguardando el visto bueno del enemigo político.
El orden público en todo el país depende exclusivamente de La Moneda, y de nadie más. Por lo mismo, el que siga alterado y convulsionado es, también, exclusiva responsabilidad suya.