ESTÍMULO A LA TRAMPA
VOXPRESS.CL.- La escandalosa elección presidencial en Estados Unidos, acaba de demostrar que la siguiente se trata de una muy mala idea aplicarla en Chile: la Comisión de Gobierno de la Cámara de Diputados aprobó, en regla con su mayoría izquierdista, que para todas las elecciones programas a partir de abril, rija el voto anticipado.
Con ello, obviamente, se termina el tesoro mejor conservado en los actos electorales, cual es la garantía del secreto de la voluntad del votante.
La urgencia de la oposición por ampliar, superficial y dudosamente la plataforma de votantes, es aminorar el impacto de la abstención que le molesta y le complica. Durante el debate en dicha Comisión, prevaleció, sin contrapeso político, el criterio de dos potentes caudillajes del extremismo, el de la presidenta de Revolución Democrática, Catalina Pérez, y el del jefe de la bancada del PS, Luis Rocafull.
Hay que recordar que esta misma presión la ejerció el presidente del Consejo del SERVEL, Patricio Santa María (DC) para que esta fórmula se pusiera en práctica para el plebiscito del 25 de octubre. Si una piedra en el zapato le molesta a la izquierda es cierta indiferencia de sus potenciales y reales votantes, ante lo cual, una fórmula para facilitarles su participación, es trascendental. Sufragar por correo o mediante una urna portátil con días de anticipación a la fecha prevista para la elección, es la iniciativa impulsada, y aprobada en primera instancia, por la oposición.
Como es de suponer, para aprobar en particular esta ley, la Comisión insistió en el embauque de que “se trata de ayudar a los enfermos y, especialmente, a los contagiados por el virus”.
El debate estuvo marcado por la indicación que el 19 de enero ingresó el Gobierno, en la que propuso que el sufragio adelantado fuese un día antes de los comicios y que estuviera limitado a sectores determinados. La oposición y su fiel aliado SERVEL descartaron dicha alternativa “por su poca factibilidad”. La Moneda, siempre obsecuente con el adversario, amplió, entonces, su observación para que dicha instancia anticipada ocurriera no a las 24 horas antes, sino a las 48, o sea, el viernes previo, ante lo cual se anulaba toda posibilidad de que exista el sufragio postal.
Para eliminar toda incidencia del Ejecutivo en la norma, la diputada Andrea Parra (PPD), presentó una indicación para que el voto anticipado se realizara un día “por definir” entre el decimocuarto y el octavo anterior a la jornada electoral”.
Finalmente, la Comisión aprobó que la votación portátil se realice, “a lo menos”, con una semana de anticipación, esto es, un amplio y prolongado margen para que el tránsito de una papeleta sea motivo de riesgos, sospechas y dudas. La postura del Gobierno fue la previsible: reserva constitucional. Sólo un día de votación anticipada, considerando un universo de 3,2 millones de ciudadanos, le costaría al Fisco $ 2.800 millones, y ello en medio de una gigantesca crisis económica.
La idea impulsada, y no sólo ahora, por el SERVEL y que fue acogida rápidamente por la oposición, se sustenta en la poco difundida y confiable “urna móvil” que se pasearía por diversos escenarios. El único país que la ha utilizado, y sin buenas evaluaciones, es Turquía.
Como todo proyecto hecho a la rápida para satisfacer intereses ideológicos, el texto no considera el financiamiento de los vocales móviles, de sus escoltas y, en casos de centros asistenciales, de los responsables del resguardo sanitario. Este proceso inédito y de mal diagnóstico, se realizaría durante varios días, lo que demandaría más gastos.
Cuando el interesado y comprometido Pedro Santa María propuso similar idea para el plebiscito, no supo responder sobre los niveles de riesgos que pueden correr las urnas móviles para preservar la seguridad y el secreto.
Cualquier trampa a la Constitución vale, si tiene por destino incrementar el número de votantes, estén donde estén. Sabe la oposición que a la hora de decisiones trascendentales, la centroderecha estruja sus fuerzas participativas, y lo demostró, con creces, en la elección presidencial de diciembre de 2017.
Precisamente eso es lo que quiere neutralizar la izquierda, facilitándole la votación a sus adherentes, y, ello, aunque sea a través de un proceso que no garantiza la razón de ser de una elección, esto es, el secreto.
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