EL INDULTO, UNA ODA A LA DELINCUENCIA


VOXPRESS.CL.- Que los delincuentes se protejan entre ellos no es novedad, pero que las autoridades encargadas de reprimirlos y de proteger de ellos a la ciudadanía, estén de su lado y fomenten su libre circulación, no tiene justificación alguna, a no ser que necesiten de sus votos.


Mientras las policías le informan al país que, con mucho esfuerzo, han logrado reducir los delitos, la población, decididamente desorientada, ve, siente y percibe algo muy distinto.


Más allá de dudosas cifras oficiales, todo ciudadano que aún no ha sustituido la TV por las redes sociales, es bombardeado diariamente con escabrosas escenas descriptivas de asaltos, maltratos a mujeres, robos increíbles en residencias de ex ministros, encerronas, portonazos y ni qué hablar del descontrolado actuar subversivo en La Araucanía, donde los terroristas operan sin contrapeso, y, ahora, hasta con drones para una mejor simultaneidad de sus operaciones. A todo ello, hay que sumar la creciente moda de las ‘tomas’ de viviendas deshabitadas impulsadas por el extremismo político por considerarla “un derecho” de los sin casa.


La total y absoluta responsabilidad de este indescriptible escenario delictual que se está apoderando de las ciudades con inminente riesgo de capturarlas, es exclusivamente del mundo político, sea por inacción -el Ejecutivo- o por patrocinio –la izquierda.


El carecer de coraje para hacer cumplir la ley, ha sido, al menos durante este Gobierno, el gran culpable del incremento de la violencia y de la impunidad delictual, específicamente a partir de la revuelta del 18/O, cuando, por no atenerse a los mandatos de la Constitución, en el país se dio chipe libre a la delincuencia de todo tipo, impulsándola a desarrollarse. El no atreverse a enfrentarla, iba a terminar, invariablemente, en la situación en que se halla el país, donde senadores y diputados con artimañas y maniobras legales pretenden que se dé una “solución política” a uno de los capítulos de mayor vandalismo callejero que haya conocido Chile en su historia: la anárquica desobediencia civil posterior al Golpe extremista de 2019 y cuyos abundantes ‘frutos’ se están viviendo al interior de la vergonzante Convención Constitucional, al interior del Congreso Nacional, en las promesas de varios precandidatos presidenciales y en boca de una de las más ‘republicanas’ convocantes a la insurrección, la presidenta del Senado.


Ésta, en la cuenta pública de ambas Cámaras, tradicional cada año a fines de julio, omitió casi por completo cuál fue su gestión en la tramitación de las leyes, para reemplazarla por un llamado a una “solución política” para que los delincuentes políticos de la revuelta del 18/O sean indultados.


Fue ella una de las firmantes del proyecto de ley que la extrema izquierda redactó para que quienes destruyeron el Metro, quemaron buses del transporte público, dejaron sin centros de abastecimientos a las comunas periféricas, incendiaron hoteles, restaurantes y cafés y prendieron fuego a templos católicos, sean indultados, porque -primero- “no se les ha comprobado que delinquieron” y –segundo- porque las suyas fueron acciones de protestas sociales, y, por ende, son “presos políticos”. Éstos supuestos “prisioneros” por “pensar distinto” cumplen internación preventiva ordenada por jueces de un Poder, como el Judicial, soberano e independiente del Estado. También se considera como tales, en el proyecto de ley de indulto, a los subversivos terroristas de La Araucanía, que asesinan, queman, usurpan y actúan con armamento de guerra financiado por el narcotráfico.


Simultáneamente, se está llevando a cabo un juicio en lo criminal en contra del Presidente de la República, presentado por el senador Alejandro Navarro y “otros particulares” por haber violado los derechos humanos de quienes, “pacíficamente”, protestaron durante y con posterioridad al 18/O. Si hay alguien que no atentó contra los DD.HH. de los vándalos es el Jefe de Estado, porque, en el marco de su cobardía, jamás ordenó acciones de represión a las policías y, por el contrario, inhibió, restó facultades y desanimó a Carabineros en el desempeño de un rol que le ordena con meridiana precisión la Constitución, actualmente en período de deshojado.


Debe tenerse siempre presente que, precisamente por restarle atribuciones a carabineros, decenas de éstos, por verse sobrepasados, fueron sumariados y dados de baja; en tanto otros terminaron en el hospital institucional; un número importante, colapsado, renunció, y aún hay contingente que no puede trabajar por heridas y quemaduras. Sin embargo, éstos no se cuentan entre los eventuales “beneficiados” por los derechos humanos a los que recurrió judicialmente el senador Navarro.


En cuanto al indulto de los “presos políticos” que patrocina la presidenta del Senado, se ha pronunciado, y no en una oportunidad, el titular de la Corte Suprema, Alejandro Silva, en cuanto a que “no procede que un Poder del Estado le imponga obligaciones al otro” y, específicamente, dijo que “excarcelar a enjuiciados con cargos delictuales fundados es un peligro para la sociedad”.


Es tan llamativo como alarmante que las autoridades responsables de imponer la paz y la armonía entre la población sean, precisamente, las causantes de contravenirlas, ya sea por un temor atávico a la oposición o por un interés político en aniquilarlas. Una sola cifra es suficiente para graficar este increíble disparate al cual se pretende llegar: de aprobarse el indulto a los extremistas políticos, saldría en libertad un total de 45 mil procesados y condenados por ser autores de saqueos y portadores ilegales de armas.


Debe ser ésta, con toda certeza, la primera parte del “nuevo Chile” que le ha prometido a la población la siempre dialogante y pacífica izquierda.