EL INCENDIO QUE SE VIENE
VOXPRESS.CL.- En medio del fragor de los incendios forestales que devastaron la ruralidad de tres Regiones, el ministro de Agricultura anunció una próxima implementación de un royalty a las empresas forestales, al estilo del que deben pagar las mineras.
La industria de los madereros entre Bío Bío y Cautín fue el blanco de los extremistas, no necesariamente indígenas, que encapuchados o no, originan la quema de bosques y de todo tipo de elementos de faena de subcontratistas y de las propiedades de trabajadores del rubro.
Setecientos incendios intencionales en un solo año han reportado las empresas forestales y los lugareños de las casi 500 mil hectáreas arrasadas, nacidos y criados en esos lugares, revelan su sorpresa por la sorpresiva aparición de gente totalmente desconocida para ellos y que ya no está.
Mayoritariamente han sido los propios brigadistas especializados de las forestales los que salieron a combatir las olas de fuego que transformaron en brasas a villorrios y escuelas rurales, y sus propios aviones cisternas volaron lejos de sus áreas para socorrer a campesinos acosados por las llamas.
Estas compañías dedicadas a la explotación de la madera dan 30 mil empleos directos y 1.090.000 indirectos, a través de la subcontratación. Sin embargo, están hace años en la mira del terrorismo de la CAM y, ahora, del Gobierno, el que aspira, con todo su corazón, a que se manden cambiar y entreguen sus hectáreas productivas a los mapuches, o supuestos mapuches, que reclaman por reivindicaciones territoriales. No se conoce un solo caso de una forestal que no se haya hecho de sus terrenos de modo legal, vía transacción notarializada con su antiguo propietario, que percibió en la venta un ingreso interesante.
Ya el año pasado, el todavía ministro de la SEGPRES, Giorgio Jackson, informó públicamente que “dado el clima de violencia, varias empresas forestales me han comunicado su intención de abandonar el lugar”, en un claro azuzamiento a los extremistas para que incrementasen sus tomas y “recuperaciones”, fantasioso interés que fue rápidamente negado por los aludidos.
Más recientemente, la ministra del Interior, alertada por la ignorancia de su colega de Agricultura, salió rauda a aclarar que fue un error el suyo, al anunciar, en medio de los incendios, la aplicación del royalty a las forestales. Tohá explicó que “en este rubro no se puede fijar ese tipo de impuesto, por tratarse de una energía renovable, no así el mineral”. Sin embargo, el mismísimo Presidente dio señales en apoyo a su íntimo amigo y ya su frustrado sucesor, al decir en una gira al Bío Bío que “hoy, las urgencias son otras y las ‘regulaciones a las industrias’ las veremos más adelante”. Clarísima alusión al muy mal disimulado ímpetu de la izquierda por sellar en la eventual nueva Constitución su apetecido Estado Social, también llamado, y mal conocido, Estado de Bienestar.
Este Estado Social y democrático de derechos fue el corazón del proyecto de la Convención, rechazado por más de 8 millones el 4 de septiembre. Sin haber tenido incidencia ni influencia alguna en aquel desenlace, el Gobierno y su pandilla política han desconocido -hasta la fecha- tan humillante derrota, e instalaron un nuevo proceso, al que, cándida pero interesadamente, se prestaron algunos parlamentarios de Chile Vamos, que se las dieron de cocineros y terminaron cocinados.
El boricismo mantuvo intacto en este nuevo proyecto un sistema político socialista que extermina el modelo de la actual Constitución. Aún más, el PC se abocó a la tarea de elaborar un manual de instrucciones para los candidatos a consejeros y expertos de la extrema izquierda, ello con la finalidad de mantener en el futuro debate la “doctrina de la Convención” que haga posible, aunque sea una fracción, la refundación del país.
El jefe de los redactores es Marcos Barraza, el mismo comunista que manejó a su antojo a los convencionales rupturistas hasta llevarlos a su molino.
Las bases de este miniproceso constituyente, exclusividad de políticos con apenas un 4% de aprobación ciudadana, fueron acordadas entre cuatro paredes por los emisarios del Presidente, por algunos amarillos y por un trío de anaranjados de Chile Vamos carentes de representatividad y de convicciones genuinamente democráticas.
¿Qué significa Estado Social y democrático de derechos, el tesoro de la izquierda? Es un sistema que pretende generar, a través de políticas públicas, “un mayor bienestar social”. Esto implica el imperio, sin contrapeso, del Estado por sobre el actuar del mundo privado.
De los 8.500.000 trabajadores asalariados en Chile, el 80% corresponde al sector privado. Como para dar crédito a Nicolás Maquiavelo, quien escribió que “los idiotas sólo saben destruir, porque nunca construyen algo”.
El Estado social define al ámbito privado como “una actividad secundaria” porque “impide la adopción de soluciones solidarias frente a problemas comunes” e impugna que “sólo le dan valor a las libertades propias del individuo”…
La izquierda chilena fue fascinantemente atraída en 2006 por el concepto de Estado social definido por Carlos de Cabo Martín (abogado y académico español), quien afirma que “este sistema, en la mayoría de los casos, surge después de graves conflictos sociales, disturbios masivos y revueltas (como en Chile), a partir de los cuales las comunidades avanzan hacia formas más ‘civilizadas’ y modernas (?) de convivencia”.
Dados estos antecedentes, resultan más que suficientes para asumir la sensible responsabilidad ciudadana frente a la elección de los consejeros constitucionales, programada para el 7 de mayo. La población, sin pedirlo ni sugerirlo, se verá, por segunda vez, enfrentada a impedir otro intento de instalación de un régimen socialista totalitario. Por ello, desde ya, resulta imprescindible informarse acaso el candidato pensado estuvo de parte del impopular Acuerdo por Chile, aceptó en el proyecto el Estado social como sistema político y si se halla en proceso o definitivamente cambió de color. A no engañarse con quienes adhieren a un mitológico centro/centro o se definen como parte de “una derecha moderna o liberal”, porque -así de simple- sólo le hacen el juego a Boric y a los suyos, y, con ello, condenan a Chile.